Análisis

josé blas fernández

Presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales

La incongruencia de recursos al Tribunal Supremo

Estamos ante la imposibilidad de presentar un recurso para la unificación de la doctrina

La Jurisdicción del Orden Social es, por imperativo, la que debe revisar, si procede, todas las invalideces que no conformes en vía administrativa tienen que revisarse en primera instancia por el Juez de lo Social, es decir, cuando el invalido parcial, total o absoluto, no está conforme con su grado reconocido en base a unas lesiones previas acude obligatoriamente a este tribunal unipersonal para que el grado se pueda elevar o disminuir en función de la petición del justiciable. Algo que en principio no comparto, pues aun cuando un juez en primera instancia es el que tiene que delimitar tal situación y se asiste de peritos médicos y de informes que se aportan, sigue siendo una persona que no conoce la medicina y, por supuesto, la incapacitación de quien le pide amparo, la que resuelve este tipo de pleitos, por lo que estimo que debe modificarse de alguna manera que otro tipo de tribual sea el que determine la incapacidad del lesionado o incapacitado, algo ya viejo y muy masticado entre quienes trabajamos en esta jurisdicción. Pero si eso es incongruente, según mi opinión, nos encontramos con frecuencia quienes somos operadores jurídicos y profesionales del Derecho que un grado de incapacidad que pueda concederte un juez de primera instancia, puede ser revocado por un tribunal colegiado, como son las salas de lo Social de los tribunales superiores de Justicia, algo frecuente y que lo vemos a diario. Pero si ello es algo que deja aparentemente desasistido al justiciable, le queda lo que se llama el Recurso de Casación para la unificación de doctrina, el cual, tras el fallo de la sala existen diez días para formalizar el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo. Y aquí es donde entiendo que existe un total desamparo y una total indefensión, pues si bien dicho recurso de casación se tramita procedentemente, el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, exige para la viabilidad de este recurso y para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número dos de dicho artículo- una sentencia de una sala de lo social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparen contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto indicado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones, pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales". Es decir que buscar sentencias que sean idénticas en los hechos y lesiones de la persona y a la vez contradictorias en sus fallos es prácticamente imposible. Es más, la propia Sala IV del Tribunal Supremo viene señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina, tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares, que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Es más, por diversos Autos, desde el año 1998, también establece el Tribunal Supremo que "este tipo de litigios carecen de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no solo resulta inadecuado, en orden a la función unificadora que les es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social".

Vistos los distintos pronunciamientos de la Sala IV del Tribunal Supremo, estamos ante la imposibilidad de presentar un recurso de casación para la unificación de doctrina, en materia de enfermedad o accidente para calificación invalidante, pues difícilmente encontraremos nunca sentencias contradictorias y más con la teoría que viene marcando la Sala IV del Tribunal Supremo. Es decir, estamos ante un recurso al que se tiene el derecho a formalizarlo y que te dan acceso al mismo y te lo admiten, hasta que la Sala IV te lo inadmite por falta de contradicción, lo que pone de manifiesto que o se quita este tipo de recursos y se termina en los Tribunales Superiores de Justicia el asunto, o el legislador acomoda este tipo de situaciones, porque de lo contrario "para ese viaje no se necesita alforjas" y estamos ante una total incongruencia y lo que es peor, el que un tribunal como el Supremo te deje en indefensión y encima con un coste moral y económico que no te lo quita nadie.

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