Desburocratizar todo es urgente

Desburocratizar es un verbo que no suena bien pero que resulta imprescindible conocerlo y, sobre todo, aplicarlo. La burocracia excesiva y creciente dificulta procesos y hace fracasar proyectos. “Hay muchos ayuntamientos que han perdido ayudas europeas, para ellos vitales, por no haber podido cumplir con los trámites exigidos”, denuncia Tania Solans, alcaldesa de Esplús (Huesca), que preside la Comisión de Pequeños Municipios de la FEMP. Los secretarios e interventores, que además se ocupan de varios municipios, no llegan, o no tienen la preparación de los técnicos de grandes ayuntamientos. Resultado: se fracasa por la burocracia.

Pero ese virus está extendido a todas las administraciones y a la sociedad. “Hacen falta toneladas de desburocratización en el ámbito universitario” reclamaba el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual. Cierto: las agencias de calidad en la educación son necesarias, pero sus normas y requerimientos son excesivas en muchas ocasiones. Alberto Gómez Barahona, rector de la Universidad Isabel I, manifestaba el viernes pasado en Burgos en un coloquio sobre vivienda rural: “Cada vez hay más burocracia y cada nueva ley la complica. Se hace urgente simplificar los procesos”.

Simplificar es la palabra clave. Sin perder rigor, ni control, ni trasparencia se pueden hacer más sencillos los trámites, evitar los innecesarios, reducir los plazos exigidos y facilitar la vida de las personas, las empresas y las instituciones.

Como clamaba un dirigente agrario en plena tractorada, “nuestra misión es producir alimentos y no convertirnos en una gestoría, como exige la Comisión Europea”. El problema es que legisla Europa –ya saben lo de “Estados Unidos investiga, China produce y Europa hace normas”–, legislan los parlamentos nacionales, también los autonómicos y se emiten decretos y dictámenes en diputaciones y ayuntamientos. El resultado es que resulta casi imposible construir y legalizar una vivienda, incluso en el mundo rural, en menos de dos años. Abrir un negocio legalizando una empresa en 24 horas y ventanilla única es una ficción que quedará bien en los discursos, pero no es real.

Hay legiones de legisladores produciendo nuevas normas –buena parte necesarias, sin duda– pero mezclándolas con exigencias absurdas y con ocurrencias; cada vez hay más funcionarios vigilando que se cumplan, con escasa flexibilidad; y enfrente queda media sociedad tratando de crear desarrollo y riqueza a pesar de ese bosque tupido de impedimentos.

El gran Guillermo Fernández Vara, al que perdimos hace unos días, promovió una ley en Extremadura en la que venía a decir, aplicada al mundo rural, que “cualquier uso no expresamente prohibido es autorizable”. (Ley 11/2018). Demasiado poco se aprovechó aquella apertura, aunque hay proyectos que se beneficiaron de ello, según confirman desde Navalmoral de la Mata. Pero no consta que en otras comunidades autónomas se tomaran iniciativas similares. Hay un terreno a recorrer ahí.

La desburocratización debería figurar como promesa electoral preferente. Ningún partido habla de ello. No interesa, cuando es uno de los mayores frenos al desarrollo de la economía y a la mejora sensible del bienestar social. Acaso se toma la respuesta de los funcionarios, que son cada vez más, particularmente del sector que basa su influencia en la aplicación de normativas. “La burocracia genera una nueva desigualdad” le escuchamos a Joel García, de la Confederación Asturiana de la Construcción.