Cuando Odyssey Marine Exploration rondaba por las costas gaditanas en una engañosa expedición arqueológica que tendría nominativo en clave, Black Swan, Ángel Núñez ocupaba el cargo de Fiscal de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Audiencia Provincial de Cádiz. Ya por entonces, al jurista no le era desconocido ni el nombre ni la actividad real de la empresa estadounidense pues unos años antes, el también coordinador andaluz de la red de fiscales de su especialidad, se había enfrentado a estos cazatesoros en el caso HMS Sussex, que culminó con la huida de los americanos de las aguas territoriales españolas. Pero Odyssey volvió a navegar y Núñez los avistó, activando así la primera palanca de un engranaje judicial y policial alrededor del expolio de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes. Un erial legal y diplomático que centra la recién estrenada primera serie televisiva de Alejandro Amenábar, La Fortuna, que, basándose en la novela gráfica de Paco Roca, se inspira en la batalla legal de España en Estados Unidos para traer de vuelta a casa la codiciada carga del pecio. Pero antes... Pero antes hubo precuela...

“Aunque a veces se confunden, son dos casos distintos pero es cierto que ya en el del HMS Sussex se planteaban muchos de los problemas con los que nos encontraríamos después”, explica el jurista gaditano inmerso en las dos aguas pues fue, por un lado, el autor del informe que en 2006 alertaba de la sospechosa actividad de Odyssey con respecto a la localización del buque inglés hundido en aguas del Estrecho en 1694 y, por otro, quien en 2007 solicitó a un Juzgado de La Línea la orden de apresamiento contra dos nuevos barcos de la empresa que un mes antes anunciaba que poseía un tesoro de medio millón de monedas que nada tenían que ver con el Sussex y que bautizaron como Cisne Negro.

“Odyssey había firmado un contrato con el Gobierno del Reino Unido para el rescate del HMS Sussex conforme el que se repartían los beneficios de lo que encontraran, porque esta gente consideran los pecios no como yacimientos arqueológicos sino como tesoros, por tanto, van a lo que van, no hay metodología científica ni vocación de conocimiento, sólo quieren sacar todo lo que tenga valor económico y venderlo”, explica Núñez poniendo sobre la mesa el motor común de las dos expediciones contra las que intervino: el interés pecuniario.

Pero, ciertamente, era el Gobierno de Reino Unido –como recuerda el jurista porque también es crucial para comprender lo que ocurrió en la contienda judicial de la Operación Cisne Negro– el propietario del Sussex “y España no tuvo ningún problema en reconocerlo”. Un derecho que, sin embargo, fue cuestionado por Odyssey cuando fue el Gobierno español quien reclamó el tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes.

Pero antes de llegar a la historia de La Fortuna, el intento de expolio del Sussex ya planteaba una doble problemática muy interesante. “Primero, que Odyssey no quiso revelar nunca la ubicación exacta del pecio y hablamos de un territorio minado..., la zona de aguas en disputa que es Gibraltar. Y, segundo, aunque España reconociera la titularidad británica del yacimiento, cualquier intervención arqueológica en aguas territoriales españolas tiene que hacerse con arreglo a la normativa de nuestro país, que responde a la Ley del Patrimonio Histórico Español y a la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. Es decir, que la prospección arqueológica tiene que hacerse con una serie de autorizaciones y con metodología científica”, enmarca el jurista.

Y fueron esas autorizaciones las que crearon un auténtico conflicto que embarraron, incluso, la relación entre distintas autoridades españolas ya que, “a fin de no reconocer la soberanía británica sobre las aguas de Gibraltar”, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de José María Aznar “le concedió a Odyssey un permiso para la prospección” que levantó las alarmas de una socialista Junta de Andalucía pues le estaban quitando su competencia –la de autorizar prospecciones o excavaciones arqueológicas– como comunidad autónoma. “Y, en cualquier caso, si le correspondiera al Estado sería al Ministerio de Cultura no al de Exteriores”, precisa Núñez que rememora que “se llegó incluso a anunciar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional”, sumando Odyssey más leña al fuego cuando se negó que los expertos de Cultura de la Junta de Andalucía subieran a bordo de su barco para comprobar qué estaban haciendo.

“Entonces es cuando ya se puso la denuncia de esta actividad cuanto menos sospechosa y se incoa un procedimiento penal que terminó con la huida del barco”, rememora Núñez que señala que “nunca quedó claro dónde se situaba el pecio” pero que a Odyssey “no le dio tiempo de extraer nada”. “También te puedo decir que Gibraltar, como ocurría también después, no colaboró nada”, lamenta.

Así, aunque los efectivos de Odyssey abandonaron aguas españolas “lo primero que dije a la Guardia Civil es que podían volver”. Y volvieron. Con otro barco, dos barcos –por lo que se imposibilitaba la intervención automática– en busca del tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes. En busca del Black Swan.

“La Guardia Civil los avistó por aquí y se pusieron en contacto conmigo como fiscal especialista y, bueno, supongo que también por esa experiencia previa con el Sussex”, recuerda Núñez sobre su contacto con las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aunque, apostilla, “inmediatamente el caso se judicializó y comenzó la investigación judicial”.

“Cuando se empieza a trabajar en ese procedimiento, en principio, ni se sabía exactamente dónde se estaban llevando a cabo las prospecciones que, finalmente, se realizaron en la plataforma continental de Portugal, en la zona del Algarve. Pero Odyssey, de nuevo, mantuvo un gran ocultismo a tal punto que, incluso, ya iniciadas las actuaciones judiciales en Estados Unidos, el juez se tuvo que poner serio para conseguir la información”, relata Núñez que sí deja claro que “a lo que sí apuntaban todas las pistas era a que se trataba del pecio de Nuestra Señora de las Mercedes, por tanto, buque de pabellón español hundido en 1804”. Un hecho nada casual para Odyssey pues, “como después se ha comprobado”, tenían “a gente en el Archivo de Indias buscando específicamente la ubicación de la Mercedes”.

Efectivamente, Odyssey dio con la fragata española y el 18 de mayo de 2007, sin dar muchos datos más, anunció poseer un tesoro de medio millón de monedas, un cargamento con el que se dirigieron a Gibraltar y que la empresa quería sacar del país. De hecho, “este anuncio que se hizo con imágenes en su página web les supuso un incremento importante en su valor en bolsa”, apunta el experto.

Estos hechos dieron lugar a que Núñez pusiera en marcha el procedimiento judicial que culminó con el abordaje y la incautación de los buques de Odyssey (Odyssey Explorer y Ocean Alert) que se trasladaron a Algeciras y donde se investigaban “por un delito de expolio de yacimiento arqueológico y de contrabando”. Pero además, en paralelo, “cuando se tiene la sospecha fundada de que están empezando a sacar las piezas del país, se pone en funcionamiento una maniobra administrativa desde el Ministerio de Cultura que organiza, no sé si llamarlo gabinete de crisis o grupo de trabajo, no muy formalizado desde el punto de vista jurídico, en el que formamos parte una serie de personas”, cuenta Núñez al que, como fiscal que estaba llevando el caso, la Fiscalía General del Estado le encomienda participar en estas reuniones en las que también formaban parte miembros de la Armada, del propio Ministerio de Cultura y James Goold, el abogado que defendió los intereses de España en los tribunales de Estados Unidos donde ya había ganado para nuestro país los casos de expolio del Juno y la Galga, dos barcos españoles hundidos en la costa de Virginia que saqueó otra empresa cazatesoros, la Sea Hunt.

“Me hizo mucha gracias que Goold conocía Cádiz y le encantaba hablar de lo bien que había comido en El Faro”, cuenta como anécdota el fiscal gaditano que acudía a aquellas reuniones que se producían en el propio seno del Ministerio de Cultura “con el objetivo de coordinar las actuaciones que se estaban llevando a cabo aquí, ante la jurisdicción española, con las que se iban a iniciar en los Estados Unidos porque teníamos la certeza, prácticamente, de que se estaban llevando las piezas”.

Núñez reconoce que en la intervención fruto del litigio en España “no se encontraron muchas piezas porque habían desembarcado casi todas en Gibraltar” y que “el procedimiento fundamentalmente se siguió en los EE UU”. “Lo que sucedió, realmente, es que no fue posible conseguir la declaración como imputado del jefazo de Odyssey, Greg Stern. Esto dio lugar a mucha polémica, se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, incluso, pero no hubo mucho más que hacer...”

Así, aunque a día de hoy no hay ninguna persona condenada por este delito contra el patrimonio histórico subacuático español, sí se consiguió que el tesoro expoliado de la Mercedes retornara a España en el proceso judicial llevado a cabo en Estados Unidos, como se relatará en la miniserie de seis capítulos de Amenábar cuyo rodaje también llegó a la provincia de Cádiz. “Hubo hasta cinco pronunciamientos hasta llegar al Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos que ratificó, una vez más, la titularidad de España sobre ese tesoro. Odyssey no colaboró nada de nuevo, incluso fue sancionada económicamente por el Tribunal porque no reconocía que se trataba de Nuestra Señora de las Mercedes”, incide Núñez que en 2009 se desvinculó de estos procesos ya que dejó su cargo como fiscal de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Audiencia Provincial de Cádiz para acompañar como asesor a Juan Carlos Campo cuando fue nombrado Secretario de Estado de Justicia.