El partido Vox en la provincia de Cádiz quedará en unos días en manos de una gestora. Fuentes del partido han asegurado que los miembros de su comité ejecutivo provincial, el máximo órgano de gobierno en Cádiz y compuesto por cinco personas, prevén dimitir en bloque en breve aunque, por el momento, no hay confirmación oficial al respecto.

Detrás de esta renuncia subyace una confrontación que la formación arrastra desde hace tiempo entre el órgano ejecutivo del partido a nivel provincial y un grupo liderado por los diputados en el Congreso Agustín Rosety y Carlos Zambrano y agravada cuando, en contra de la opinión del provincial, ambos encabezaron la candidatura en las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre.

Ya la llegada de Rosety como número uno al Congreso en las elecciones de abril levantó algunas suspicacias entre los más veteranos de este partido, pero ello derivó en malestar cuando, siempre con el visto bueno de la dirección nacional, Rosety logró que en la repetición de estas elecciones en noviembre el segundo lugar de la candidatura al Congreso fuera para el abogado isleño Carlos Zambrano –que al final también logró escaño– en detrimento de Manuel González Bazán, vicesecretario de Organización de la ejecutiva provincial.

En torno al comité ejecutivo saliente (en el que está también Manuel Gavira, miembro de la Mesa del Parlamento de Andalucía) se ha conformado un sector afín que acusa a la ejecutiva nacional que lidera Santiago Abascal de haber perpetrado desde hace meses diversos movimientos con el objetivo de “desestabilizar” el partido y, con ello, justificar la implantación de una gestora. Su intención, según estas mismas fuentes que piden anonimato, es conformar un comité ejecutivo que “puedan controlar desde Madrid” y, para ello, le reprochan a Rosety y Zambrano de ser la punta de lanza en la provincia frente a la ejecutiva que aún dirige el portuense Juan Carlos Sanz.

De hecho, este grupo, que asegura ser mayoría entre las agrupaciones de la provincia, acusa a estos diputados en el Congreso de haber creado, incluso “un comité ejecutivo provincial paralelo” realizando nombramientos oficiosos que están avalados por Madrid. Y es que denuncian, incluso, que la ejecutiva nacional no sólo está al tanto de esto sino que es parte activa de estos movimientos “desestabilizadores”, señalando al vicesecratario nacional de Organización y diputado por Huelva, Tomás Fernández, y a Jacobo Vázquez, responsable territorial nacional de la zona sur, como promotores de este “modus operandi” aplicado ya en otras provincias.

Precisamente, en lo único en lo que coinciden la ejecutiva provincial saliente y el grupo de diputados que tiene el respaldo del nacional es que la situación interna que se vive en Cádiz se repite también en muchas provincias españolas donde ya funciona una gestora o donde ese órgano transitorio de control se implantará en breve.

Por su parte, el sector de Vox Cádiz afín a Rosety acusa a sus críticos de haber intentado torpedear los intereses del partido en la última campaña electoral de noviembre, incluso con mensajes y vídeos difundidos en las redes sociales con los que intentaron ridiculizar tanto a Rosety como a Zambrano.

Además, desde este sector del partido se acusa a la dirección provincial de haber iniciado una caza de brujas en la provincia. Así, el propio Carlos Zambrano fue cesado recientemente como coordinador del partido en San Fernando, al igual que sucedió con Antonio Gallardo en Algeciras. El argumento oficial era que los dirigentes de Vox no debían acumular cargos públicos y orgánicos. Sin embargo, los críticos con la dirección provincial recuerdan que, por ejemplo, Juan Carlos Sanz no ha dimitido como coordinador en El Puerto pese a ser concejal y presidente provincial. y que la esposa de González Bazán, Susana Candón, sigue siendo coordinadora en Chiclana pese a ser igualmente concejala.

Ante tanta división, la creación de una gestora surge como única opción viable para reconducir el partido y prepararlo para un congreso provincial que se celebrará este mismo año y del que debe salir una nueva dirección.

Este medio trató de contactar, sin éxito, con el aún presidente provincial, Juan Carlos Sanz, para que ratificara su intención de dimitir. Tampoco la dirección nacional del partido quiso dar su versión.

Esta división interna en el seno de Vox en Cádiz surge tras un amplio proceso electoral en el que esta formación política logró 13 cargos públicos en la provincia en menos de un año. Fue en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 cuando Vox irrumpió con fuerza en el panorama político, logrando dos representantes por Cádiz en la Cámara autonómica (Manuel Gavira y Ángela Mulas). Este éxito se mantuvo en las elecciones generales de abril, cuando Agustín Rosety lograba escaño en el Congreso por Cádiz, y se incrementó en la repetición de estos comicios en noviembre, cuando a Rosety le acompañaba como diputado Carlos Zambrano. Entre medias hubo unas elecciones municipales en mayo en las que Vox logró nueve concejales repartidos en seis municipios.