Un secuestro con torturas que destapó a una banda de narcos en Cádiz hace 15 años acaba en penas mínimas

Cádiz/Cuando la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) insiste, año tras año, en la sobrecarga de asuntos que soportan los juzgados gaditanos y el colapso judicial que ello conlleva, a efectos prácticos, ese atasco tiene consecuencias, y graves. Este lunes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cádiz un acto de conformidad en el que cinco miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas han pactado penas mínimas, toda vez que los hechos juzgados se remontaban a 2010, esto es, 15 años atrás.

Las "extraodinarias" dilaciones que ha sufrido la causa, junto a la confesión de la autoría de los hechos por parte de los procesados, les ha valido una importante rebaja en las condenas finalmente impuestas, que en ningún caso han superado los dos años de prisión, razón por la que se han podido beneficiar de la suspensión de la ejecución de la pena (siempre y cuando no vuelvan a delinquir en un periodos de tres años). Así pues, en principio, ninguno irá a la cárcel por este caso.

Dos de los cinco miembros del grupo criminal acudieron al acto de conformidad celebrado en la Audiencia acusados también de secuestrar y torturar a una persona para conseguir localizar un alijo que les había desaparecido, para lo cual utilizaron una violencia "extrema".

Los agresores golpearon a la víctima durante cuatro horas y llegaron a utilizar un martillo y a verter vinagre sobre las heridas provocadas. Los dos responsables de este brutal ataque abonaron a la víctima 26.000 euros de indemnización por los daños causados, una consignación que les permitió alcanzar el acuerdo que los ha librado de la cárcel.

Respecto a las multas impuestas por el tribunal de la Sección Cuarta, una de ellas de más de 800.000 euros por un delito contra la salud pública, los cinco miembros de la red criminal se han declarado insolventes.

Operación Toante

Este proceso judicial nace de la operación Toante, desarrollada por la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz en 2011. El Instituto Armado consiguió desarticular una banda de narcotraficantes que se dedicaba a la distribución de hachís en España.

Dicho operativo, que se llevó a cabo en las localidades de Conil, Chiclana y Rota, se saldó con diez detenidos en total, entre los que se encontraban el supuesto líder de la red y tres hombres de confianza pertenecientes al núcleo de la organización. Los cuatro estuvieron en prisión preventiva unos meses.

En la intervención, se requisaron 571 kilogramos de hachís, nueve vehículos, una motocicleta, siete embarcaciones, hasta 29 teléfonos móviles, dos GPS y un revólver detonador que había sido modificado para poder usarlo con munición real.

La investigación dio comienzo en el momento en el que los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil tuvieron constancia de que una persona había sido secuestrada y atacada por cuatro encapuchados en su propia casa en la localidad de Conil. La agresión fue tan grave que la víctima fue trasladada al hospital para poder asistirla quirúrgicamente. Los narcos utilizaron una violencia "extrema", según las propias palabras utilizadas por el Instituto Armado en su comunicado.

Los agentes se trasladaron entonces al centro sanitario para interrogar al agredido, que explicó cómo los encapuchados, que llevaban armas, se encontraban en su domicilio cuando él llegó. Entre los cuatro le inmovilizaron y durante cuatro horas se dedicaron a torturarle mientras le preguntaban sobre el paradero de un alijo de drogas. Según la información facilitada por la Guardia Civil, los agresores utilizaron en ocasiones un martillo para golpearle y la violencia de los asaltantes desembocó en crueldad al verterle vinagre en las heridas abiertas que le habían provocado durante el interrogatorio, explicaron desde la Benemérita.

Gracias a las investigaciones de la Policía Judicial, se supo de la existencia de esta red de narcotraficantes que introducían en la península grandes cantidades de hachís proveniente de Marruecos a través de barcos fueraborda. La organización también se encargaba no sólo del traslado y la distribución en España, sino también del almacenamiento y la posterior venta de los estupefacientes.

La operación Toante dio el paso definitivo para la desarticulación de la red cuando fue interceptada una embarcación de recreo que estaba siendo vigilada y en la que encontraron uno de los envíos de estupefacientes de 571 kilos de hachís. Esta intervención fue el detonante para corroborar la existencia de una organización criminal y que llevó finalmente a las detenciones.

Tras solicitar la orden de registro a las autoridades judiciales, los agentes actuaron en las localidades de Rota, Conil y Chiclana, registrando varias casas y viviendas, una nave de reparación de naves en Rota y una inmobiliaria que funcionaba como tapadera para la organización.

Durante los registros se intervinieron numerosos teléfonos móviles, pequeñas cantidades de hachís y varios automóviles y embarcaciones.