El promotor de Chiclana debe pagar ahora el coste del derribo

El Ayuntamiento le extenderá la factura de la empresa encargada de demoler sus 10 chalés ilegales. Cuatro familias afectadas por el derrumbe se trasladan a pisos

Imagen captada ayer de los restos de la promoción de viviendas, reducida a escombros.
Imagen captada ayer de los restos de la promoción de viviendas, reducida a escombros.
Redacción / Chiclana

23 de diciembre 2009 - 05:01

Los diez chalés ilegales de Chiclana, situados en la zona de Majadillas Bajas, han sido reducidos a escombros tras ejecutarse anteayer una orden judicial de demolición procedente del Juzgado Número 3 de Cádiz. En la zona tan sólo quedan los restos de esas viviendas y ya se ha retirado el fuerte dispositivo policial que se estableció para contener a los vecinos que se oponían a que las casas se tiraran abajo.

Es más, apenas pasa nadie por ese lugar, salvo escasos curiosos que se han acercado a este enclave del extrarradio de Chiclana para observar lo que queda de la promoción del constructor, Antonio Tocino Verdugo, que se encaramó con un cuchillo a uno de los tejados para evitar el derrumbe.

Este constructor y promotor de las viviendas derruidas tendrá que enfrentarse ahora a los gastos que conlleva la operación de derrumbe de sus 10 chalés, ya que fue el Ayuntamiento quien contrató los servicios de una empresa al negarse el propietario a demoler sus chalés de manera voluntaria.

De momento, la empresa encargada de derribar la promoción le trasladará la factura al Consistorio chiclanero y desde aquí se extenderá el importe al promotor.

Por otro lado, cuatro familias que vivían en régimen de alquiler en esos chalés ya demolidos ya ocupan los pisos que el Ayuntamiento les ha localizado en una calle céntrica de la localidad. Esos vecinos continúan con la intención de denunciar al promotor por informarles un día antes de que iban a tirar las casas. Ahora están inmersos en la mudanza a las nuevas viviendas cedidas desde el Consistorio gracias a que otra promotora ha cedido los inmuebles por un plazo de tres meses, un margen más que suficiente para que los nuevos inquilinos encuentren otra casa de alquiler.

Por otro lado, desde el equipo de gobierno de Chiclana. comandado por el PSOE, se aseguró una vez más que actualmente no dispone de ninguna otra orden judicial de derribo en el término, pese a los rumores de algunos vecinos sobre que próximamente se iban a tirar cientos de viviendas ilegales.

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