La condena más injusta sigue vigente, pero su final se vez cada vez más cerca. Después de estar casi medio siglo pagando para poder circular por autopista entre Cádiz y Sevilla, el fin de ese peaje asoma en el horizonte. Faltan todavía 416 días, o 13 meses, o un año y un mes, como guste más, pero los temores que ha habido siempre en esta esquina de Andalucía de que el Gobierno en algún momento terminaría aprobando una nueva prórroga que obligaría a seguir pagando parece que se van disipando.

Habrá que seguir cruzando los dedos, porque un año da para mucho y los vaivenes políticos que vive España no dan mucha estabilidad que digamos a los planes del Gobierno. Pero lo cierto es que nunca ha estado tan cerca el final de este peaje entre Cádiz y Sevilla, el cual se ha mantenido en vigor de manera continuada desde la inauguración de esta autopista a finales de 1971. Porque, y de eso ya no hay dudas, la Cádiz-Sevilla es con diferencia la autopista más amortizada de Europa, tanto por el tiempo que llevan los conductores pagando (47 años seguidos) como por la alta densidad de tráfico que soporta, y que ha reportado beneficios más que sabrosos a su empresa concesionaria de siempre.

Y a esta larga condena hay que sumarle una injusticia doble. Y es que, por un lado, la AP-4 no tiene una autovía gratuita alternativa, porque la vieja y peligrosa N-IV solamente cuenta con un carril en cada sentido de la circulación. Pero es que, además, Cádiz es la única provincia española que carece de una autovía gratuita y en condiciones para conectarse con sus tres provincias vecinas.

El último mensaje de tranquilidad para pensar en una Autopista del Sur gratuita lo ha dado esta semana el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha repetido en sede parlamentaria lo que ya anticipó meses atrás, es decir, que el Gobierno dejará morir el peaje en la AP-4, ya que no prorrogará la concesión administrativa a la empresa Aumar que expira el 31 de diciembre de 2019.

Inaugurada en parte en 1971 y en su totalidad a principios de 1973, la autopista Cádiz-Sevilla (primero A-4 y luego rebautizada como AP-4) siempre ha sido de pago. La culpa de ello la tienen las continuas prórrogas del peaje aprobadas desde Madrid.

En 1969, cuando el Gobierno de Franco firmó un convenio con la empresa Bética de Autopistas para la construcción, conservación y explotación de esta carretera, ya se sabía que la autopista sería de pago. Esa primera concesión se firmó por un periodo de 24 años.

Según los plazos acordados entre las partes, esta autopista tendría que haber sido gratuita a finales de junio de 1993, pero esa opción voló por los aires cuando el Gobierno centrista de Adolfo Suárez decretó en mayo de 1977 una primera prórroga de la concesión. La autopista, por tanto, pasaría a ser de pago casi seis años más, hasta el 30 de abril de 1999.

Pero también le cogió el gustillo a esto de las prórrogas uno de los gobiernos de Felipe González, que en 1986, y tras aceptar la fusión de Bética de Autopistas y Autopistas del Mare Nostrum (Aumar), estableció casi en secreto una ampliación de la concesión por espacio de siete años y ocho meses. El fin del peaje quedaba fijado entonces para el 31 de diciembre de 2006.

Y para completar el círculo llegaría en noviembre de 1997 el Gobierno de Aznar, que consumó la tercera prórroga. Esta medida, que terminó siendo validada por un Tribunal Supremo que rechazó un contencioso impulsado por la Diputación de Cádiz, encerró por un lado la prórroga más amplia jamás conocida –13 años, hasta finales de 2019– pero, para compensarlo, trajo de la mano también la mayor caída de precios que se recuerda en esta vía y que llegó a ser hasta de un 40% en algunos casos. La autopista, considerada hasta entonces como una carretera exclusiva no al alcance de cualquiera, se abría al conjunto de la sociedad.

Desde aquella última prórroga aprobada en 1997 el único acontecimiento de importancia que ha vivido esta autopista ha sido la eliminación del peaje de Jerez, una decisión que adoptaron los gobiernos socialistas de España y Andalucía en 2005. El Ejecutivo de Chaves, de manera cuanto menos sorprendente, decidió liberar por su cuenta el peaje de Jerez, que entonces costaba poco más de un euro a los conductores. Con el dinero de todos los andaluces, la Junta rescataba un tramo de una carretera que era y seguiría siendo estatal, una decisión aplaudida en Cádiz pero que conllevará que a finales de 2019 la Administración andaluza le habrá pagado a Aumar (hoy englobada en el grupo Abertis) más de 126 millones de euros.

El convenio que habían firmado previamente el Gobierno andaluz de Chaves y el Gobierno español de Zapatero contemplaba que el Estado, por su parte, acometería el desdoble de la vieja carretera N-IV. Pero durante más de siete años ni Magdalena Álvarez primero, ni Pepiño Blanco después movieron un solo papel desde el Ministerio de Fomento para duplicar una carretera que ya entonces estaba considerada como una de las más peligrosas de la comunidad andaluza.

Con el paso de los años los ministros de Fomento primero del PP y ahora el del PSOE han cerrado la puerta a cualquier prórroga del peaje en la autopista Cádiz-Sevilla. El más rotundo de ellos, es verdad, ha sido el actual, José Luis Ábalos, que reconoce que esta vía de alta comunicación está más que amortizada y, además, desde hace muchos años. Eso sí, desde el Ministerio de Fomento se sigue insistiendo en que habrá que llegar a un acuerdo entre todos los partidos para ver qué va a pasar en el futuro con tantas autopistas que dejarán de ser de pago en los próximos años, con el daño económico que ello le supondrá a las arcas estatales.

Pero nada de eso quiere ser escuchado por esos miles de conductores de Cádiz, de Sevilla y los que vienen de otros puntos de Andalucía y España sobre todo en verano que solamente confían en que el tiempo pase rápidamente para que la gratuidad de la AP-4 sea una realidad en apenas 13 meses y 20 días. Aunque llegue con demasiadas décadas de retraso.