La Junta de Andalucía ha pagado ya más de 65 millones de euros a la empresa Aumar en concepto de compensación por el rescate del peaje de Jerez de la autopista Cádiz-Sevilla (AP-4). Estos pagos se iniciaron en el año 2005, coincidiendo con la eliminación del segundo puesto de pago de esta vía de alta capacidad, y concluirán en 2019, cuando en teoría la autopista será totalmente gratuita. Hasta esa fecha a la Administración andaluza le resta aún por abonar como mínimo otros 61 millones de euros a la empresa concesionaria de la explotación y conservación de la AP-4, de acuerdo con el convenio suscrito en su día entre ambas partes. En el caso de que el Ministerio de Fomento -que es el propietario real de la autopista- y Aumar terminaran acordando otra prórroga del peaje más allá de 2019, podría replantearse incluso la restauración del peaje de Jerez.

Desde su puesta en servicio a finales de 1971, la autopista Cádiz-Sevilla (primero denominada A-4 y posteriormente AP-4) siempre tuvo dos controles de pago: uno en las inmediaciones del cruce entre Lebrija y Los Palacios -que aún está en servicio- y otro en Jerez, que permitía circular entre la localidad jerezana y la finalización de esta vía ya en el término municipal de Puerto Real. Este último peaje fue eliminado la madrugada del 21 de mayo de 2005 como culminación de sendos convenios: uno suscrito entre el Gobierno central y la Junta a mediados de 2004 y otro firmado un año después entre la Administración andaluza y la empresa Aumar. Según el primero de estos convenios la Junta de Andalucía -siendo aún presidente Manuel Chaves- asumía el rescate del peaje de Jerez pese a que la AP-4 era y sigue siendo de titularidad estatal. A cambio, el Gobierno central, ya presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometía a culminar la duplicación de la N-IV, desdoblando el tramo que estaba y sigue estando pendiente, en concreto los cerca de 70 kilómetros que separan el aeropuerto de Jerez y Dos Hermanas.

La decisión de pagar en solitario el peaje de Jerez, que provocó críticas en otras provincias andaluzas, fue argumentada por la Junta por la necesidad de favorecer la vertebración del área metropolitana de la Bahía de Cádiz, para lo cual entendía que era esencial contar con un tramo de autopista gratuito pese a que ya estaba en servicio la variante de los puertos que unía la capital gaditana con la localidad jerezana. Pese a ello, al eliminar el peaje de Jerez el PSOE se apuntaba un tanto político y callaba la boca a un PP que anunció en repetidas ocasiones un rescate total de la autopista durante los ochos años de gobierno de Aznar, aunque jamás lo cumplió.

El primer convenio suscrito en el Palacio de San Telmo de Sevilla entre Manuel Chaves y la entonces ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, posibilitó la rúbrica de un segundo acuerdo que se plasmó en mayo de 2005 y en el que los firmantes fueron la entonces consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta, Concepción Gutiérrez, y el director general de Aumar, Américo Jiménez Rodríguez.

Desde ese año 2005 hasta la fecha, la Junta de Andalucía viene cumpliendo con sus obligaciones con Aumar, aunque lo cierto es que lo está haciendo a regañadientes, tarde y mal. Tanto es así que al no realizar sus abonos anuales en el primer trimestre de cada ejercicio -como refleja el convenio al que ha tenido acceso este periódico-, la Administración andaluza viene haciendo frente de manera continua a unos intereses de demora que han carecido notablemente esta operación.

Así, y de acuerdo con las cifras aportadas por la propia Junta y que ilustran la tabla adjunta, el rescate del peaje de Jerez le tendría que haber costado a la Administración andaluza unos 108,8 millones de euros en total, aunque ahora esas previsiones se han disparado por encima de los 126,5 millones de euros, una cantidad provisional ya que el importe nominal de cada ejercicio debe quedar actualizado conforme al IPC de cada año, además de que los intereses de demora pueden seguir creciendo si se siguen retrasando los pagos.

De esta manera la Junta ha pagado hasta ahora 65,2 millones de euros, lo que supone poco más de la mitad del coste total del rescate, mientras que tiene que hacer frente aún a algo más de 61,3 millones. En esta segunda cuantía habría que incluir aún la anualidad de este año, que todavía no ha sido satisfecha.

En este claro desdén de la Junta para hacer frente a estos pagos a Aumar puede haber influido tanto la falta de liquidez de la Administración andaluza originada por la crisis económica como el hecho de que mientras ella sí cumplía el convenio de 2004 el Gobierno de Zapatero hacía todo lo contrario.

Y es que en los siete años de gobiernos socialistas en Madrid se avanzó muy poco o nada en la duplicación total de la N-IV, limitándose el Ministerio de Fomento a fijar un trazado de la futura autovía que además disgustó a muchos municipios de Sevilla y de la Sierra de Cádiz, al fijarse muy cercano al río Guadalquivir. Esta misma semana la actual ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), ha anunciado su compromiso de retomar este proyecto, aunque ello ha disparado las sospechas de que se esté barajando la posibilidad de negociar otra prórroga del peaje de la autopista más allá de 2019, lo cual se sigue negando de manera rotunda desde el Gobierno central.

Lo curioso es que si se llegara a plantear algún día esa hipotética prórroga, sin duda Aumar pondría sobre la mesa el peaje de Jerez, el cual, pese a ser invisible actualmente para los conductores, sigue existiendo, aunque corre a costa de la Junta. Una nueva prórroga obligaría a que ese peaje de Jerez pasara a ser abonado bien por el Gobierno central como propietario real de la carretera, bien por la Junta (lo cual parece improbable habida cuenta de que la Consejería de Fomento, actualmente en manos de IU, considera disparatadas las cifras que se está pagando a Aumar) o bien de nuevo por los usuarios de la autopista, lo que obligaría a volver a instalar las cabinas de pago que fueron eliminadas a mediados de 2005.