La nueva Ley de Vivienda andaluza genera dudas en Cádiz

Solventar el problema del acceso a una vivienda digna, ese derecho recogido en la Constitución y que a veces parece poco menos que una quimera, es una de las obsesiones del Gobierno de Juanma Moreno. El pasado martes la Junta de Andalucía dio luz verde al anteproyecto de la nueva Ley andaluza de vivienda, presentada como alternativa a la normativa estatal y nueva fórmula para tratar de dinamizar el mercado. El planteamiento de esta nueva norma es clara: menos intervención pública en los precios y más facilidades para aumentar la oferta.

Mientras la ley estatal apuesta por declarar zonas tensionadas y limitar los alquileres, la Junta descarta aplicar topes y prefiere centrar sus esfuerzos en liberar suelo, agilizar trámites urbanísticos y fomentar la colaboración público-privada. El objetivo, según la Consejería de Fomento, es sumar 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años.

Cádiz, una provincia tensionada

La provincia de Cádiz es uno de los escenarios donde el debate cobra más potencia. Con un alquiler medio que se sitúa en la capital por encima de los 9 euros por metro cuadrado —según datos del portal Idealista—, los precios han escalado hasta situarse fuera del alcance de muchos jóvenes y familias con ingresos medios. A esto se une la presión de las viviendas turísticas, que han reducido la oferta disponible para residentes.

En Cádiz capital, el Ayuntamiento ejecuta actualmente varias promociones (Marconi, García de Sola, Sagasta, Calderón de la Barca y Pericón de Cádiz) a través de la empresa municipal Procasa. Pero la demanda sigue siendo muy superior a la oferta. “Tenemos centenares de solicitudes en lista de espera. Las familias buscan alquileres asequibles y no los encuentran”, apuntan fuentes municipales.

Por su parte, los promotores e inmobiliarias de la provincia valoran positivamente que la Junta ponga el foco en suelo y agilización administrativa. Entienden que en Cádiz hay suelo disponible, pero urbanizarlo y sacarlo al mercado puede tardar años. “Si la Junta simplifica los trámites, se podrá construir más y a precios más competitivos”, aseguran desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Andalucía.

No obstante, reconocen que la ley por sí sola no resolverá el problema, porque, aunque se libere suelo, la construcción se ha encarecido por materiales, energía y financiación. Y eso seguirá encareciendo la vivienda nueva.

Desde el lado sindical, las críticas son contundentes. Comisiones Obreras en Cádiz sostiene que la ley “no aborda el principal problema de las familias, que es poder pagar un alquiler con su sueldo”. “Hablar de más suelo es hablar de largo plazo. La gente necesita soluciones inmediatas, como límites en zonas tensionadas, ayudas directas o un parque público de alquiler más potente”, denuncia Nuria López, secretaria general de CCOO Andalucía.

En medio del debate, los demandantes de vivienda miran con escepticismo. Sobre todo porque los precios están cada vez más altos. En julio de este año el precio medio de alquiler en la provincia era de 10,6 euros el metro cuadrado, con una variación interanual de +6,8%, según el portal Idealista. El precio medio de venta (vivienda libre) se sitúa en unos 2.110 euros el metro cuadrado, con un incremento anual del 12,3%. Según datos de este mismo portal, en la provincia de Cádiz el 92,8% de la demanda de compra se concentra en municipios distintos de la capital.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz se insiste en que la nueva normativa autonómica debe ir acompañada de recursos concretos. “El problema no es solo urbanizar suelo, sino garantizar alquileres asequibles y ampliar el parque público de vivienda”, señalan fuentes municipales.

La Junta, en cambio, defiende su modelo. “Más regulación no es la respuesta. La clave es aumentar la oferta, generar confianza en propietarios y facilitar que se construya más vivienda asequible”, han afirmado esta semana desde la Consejería de Fomento.

¿Bajarán los precios?

La gran pregunta sigue en el aire. Expertos consultados coinciden en que a corto plazo no se prevén caídas significativas en el precio del alquiler en Cádiz, salvo que aumente el parque público o se intervenga el mercado turístico. A medio plazo, si prosperan las nuevas promociones y se agilizan los trámites, sí podría ampliarse la oferta, aunque el efecto dependerá de la evolución de la demanda y de la economía.

En definitiva, la nueva Ley de Vivienda andaluza abre un escenario de incertidumbre en la provincia de Cádiz.