Lorenzo Sánchez continúa con su particular vía crucis

Se mueve por la Audiencia Provincial de Cádiz como pez en el agua. Qué remedio, a la fuerza ahorcan. Los numerosos juicios contra él que ha tenido que afrontar, algunos de ellos con sesiones interminables repartidas a lo largo de muchos días, han hecho que se conozca al dedillo no sólo los pasillos y muchas de las estancias de este recinto judicial de la capital gaditana, sino también las calles de su entorno y los aparcamientos y cafeterías más cercanas. Ayer, para variar, allí estaba de nuevo Lorenzo Sánchez Alonso, quien fuera alcalde de Rota entre 2003 y 2010 por el partido Roteños Unidos.

El ex regidor roteño estaba otra vez en el banquillo de los acusados en parte porque quería y en parte porque no. Y es que Lorenzo Sánchez continúa con su particular vía crucis, ese que viene originado por la cascada de denuncias contra él que le planteó el PSOE roteño durante y después de estar en la Alcaldía. Hasta ahora lleva dos absoluciones (casos Horas Extra y Convenios Urbanísticos) y una condena en el caso Uniformes, aunque la Audiencia le eximió de entrar en prisión porque la pena impuesta no superaba los dos años de cárcel (en concreto era de un año y medio) y porque no tenía antecedentes. A la espera de que se juzgue el llamado caso Parking, ayer se sentaba en el banquillo por la cuarta de estas cinco denuncias, el caso Okupas.

Y se enfrenta a este juicio entre otras cosas porque hace cuatro meses se negó en rotundo a cerrar un pacto de conformidad con la Fiscalía. Convencido de su inocencia, Lorenzo Sánchez decidió seguir adelante con el juicio, que ayer se inició y en el que se enfrenta a una pena de cuatro años y medio de cárcel que reclama para él el Ministerio Fiscal por un supuesto delito continuado de malversación de caudales públicos, otro de prevaricación y otro de fraude a la administración.

La Fiscalía considera que en 2007 Lorenzo Sánchez, siendo alcalde, repartió 45.000 euros que salieron de las arcas roteñas entre los okupas de dos viviendas en una zona marginal de Rota. A cambio de abandonar esas casas, ese dinero lo destinarían luego esas dos parejas como entrada para sendas VPO que estaba terminando de levantar la empresa Construcciones Felipe Castellanos en una promoción ubicada en otro punto de la ciudad. Precisamente estos okupas tendrían ahora que devolver ese dinero al Ayuntamiento en el caso de que en este juicio se confirme que hubo delito.

El plato fuerte de la sesión de ayer tenía que haber sido la declaración del único acusado en este caso, Lorenzo Sánchez, aunque no fue así porque él mismo pidió declarar después de que lo hagan todos los testigos, algo que sucederá, por tanto, el próximo lunes.

Ayer fue por tanto el día de las declaraciones de las dos parejas de okupas que supuestamente recibieron ese dinero del Ayuntamiento –no estuvo la ex esposa de uno de ellos– y de los testigos requeridos por el Ministerio Fiscal. Y la sesión dejó dos ideas claras sobre la realidad social de Rota: una es que los okupas encuentran allí todas las facilidades del mundo desde hace al menos 40 años y otra es la amnesia tan preocupante en la que están sumidos algunos de los políticos y funcionarios que dirigieron este Ayuntamiento.

En sus declaraciones, los okupas dejaron claro que estuvieron cerca de veinte años habitando las casas de las que en 2007 fueron invitados a salir y que estaban ubicados en el conocido como bloque Zorrilla, en la calle Virgen de las Nieves. Un matrimonio dijo que accedieron en 1988 a esa vivienda que estaba vacía con el visto bueno de Felipe Benítez Ruiz-Mateos, alcalde de Rota hasta 1999 y ya fallecido, y que no tuvieron que forzar la puerta “porque estaba abierta”. Otro propietario relató que llegó a un acuerdo con el morador anterior, pero no supo precisar cuánto dinero tuvo que darle.

Todos ellos reconocieron que jamás pagaron dinero por residir en esas viviendas, que carecían de papeles y que el Ayuntamiento nunca les abrió un expediente de desahucio. Bien al contrario, pagaban la luz y el agua y estaban empadronados en estos domicilios.

La decisión de abandonar estas casas vino después de que en septiembre de 2005 se produjera en ese bloque un incendio en el que murió una niña de 11 meses y su padre. A partir de ahí pidieron ayuda al Ayuntamiento, que les planteó ese convenio por el que se comprometían a abandonar definitivamente esas viviendas a cambio de una entrada en unos pisos nuevos aunque, eso sí, tendrían que afrontar sus correspondientes hipotecas. “Firmamos pero nunca vimos ni un billete”, coincidieron.

Por otro lado, en el juicio todas las partes intentaron profundizar en quién dio la orden de firmar y quién redactó los convenios a raíz de los cuales se liberó esos 45.000 euros a las dos parejas de okupas. Pero fue chocarse contra una pared porque ni Jesús Corrales, quien fuera teniente de alcalde y concejal de RRUU en esa época, ni el entonces gerente de la empresa municipal Sociedad Urbanística de Rota (SURSA), Santiago Feberero, pudieron o quisieron arrojar luz al respecto. Ni uno ni otro salieron del consabido “no me acuerdo”.

El juicio continuará el lunes con las declaraciones de los que eran secretario general e interventor del Ayuntamiento de Rota en 2007, de los testigos de las defensas y del propio Lorenzo Sánchez.

El alcalde actual dice que denunció a instancias de Intervención

El primero de los testigos en declarar ayer fue el socialista Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota desde 2015 y el impulsor de todas las denuncias presentadas contra Lorenzo Sánchez, incluida la que derivó en el caso Okupas que ahora se juzga. En su intervención el regidor dijo que presentó la denuncia en los Juzgados a instancias de la Intervención del Ayuntamiento. En concreto, Ruiz Arana explicó que la luz de alarma se encendió en la Delegación de Servicios Sociales, donde llegaban vecinos pidiendo ayudas económicas para el pago de sus viviendas similares a las que habían recibido los okupas de dos viviendas en el barrio de Valcárcel. “A partir de ahí investigamos, encontramos los dos convenios que el Ayuntamiento firmó con esos inquilinos y cuando Intervenció confirmó sus irregularidades, porque no eran los titulares de esas viviendas, lo denunciamos”, explicó.