Este lunes arrancó en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio por el caso de los Aceites, un procedimiento penal que pretende esclarecer si la recogida de aceite usado en Puerto Real se adjudicó de manera arbitraria a la empresa Biouniversal por parte de la Junta de Gobierno Local que, a la fecha de los hechos, 2012, presidía la que fue alcaldesa de la Villa por el extinto Partido Andalucista, Maribel Peinado. 

En la primera sesión de la vista oral celebrada este lunes sólo prestó declaración uno de los nueve procesados en la causa, José María Córdoba, jefe de la Sección Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puerto Real, un cargo que ocupa desde el año 2006 y que mantiene en la actualidad.

A preguntas del fiscal, Córdoba explicó que incoó a finales de 2011 un expediente a petición del edil de Medio Ambiente entonces, José Antonio Ayuso, en el que proponía a la empresa Biouniversal para la recogida de aceite doméstico en Puerto Real. En dicho documento planteaba un convenio como la forma jurídica adecuada para adjudicar este servicio a la entidad así como su aprobación posterior por parte de la Junta de Gobierno Local (que no por el Pleno) como órgano competente para hacerlo por ser un "tema menor". "Desde que trabajo en el Consistorio, este tipo de prestaciones de recogida siempre se han tramitado por convenio", subrayó.

"Ayuso me entregó unos folletos en los que aparecía la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, junto a unos contenedores de Biouniversal en la vía pública. Me comentó que le parecía interesante que en Puerto Real se recogiese también el aceite así", señaló el jefe de Medio Ambiente, que añadió que una vez que elaboró el expediente tras estudiar varias propuestas técnicas, lo remitió a Secretaría.

Cuestionado por la fiscal del caso si en ese momento no se planteó sacar la recogida del aceite doméstico a licitación para que otras empresas autorizadas pudiesen competir, Córdoba dijo: "Esa no era mi labor municipal, yo me limitaba a estudiar las propuestas y a trabajar en el informe técnico. De su legalidad se encargaban otros departamentos". 

También a preguntas de la Fiscalía, el acusado negó que la propuesta de convenio otorgase a Biouniversal la recogida de aceite doméstico "en exclusiva". "El acuerdo decía que esta adjudicación era compatible con otras formas de recogida de aceite", esto es, dejaba la puerta abierta "a una red que coexistiera con otros medios, por ejemplo, la ONG Madre Coraje". 

Asimismo, Córdoba aseveró que fue el entonces teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Juan Carlos Martínez, quien propuso elevar el convenio a la Junta de Gobierno Local el 5 de diciembre de 2011 por vía de urgencia, no el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Ayuso. Al tramitarse por vía de urgencia, el documento no llegó a pasar por Secretaría, le recordó la acusación pública, que apuntó igualmente que en enero de 2012 Córdoba recibió un informe del Departamento de Rentas que advertía que el expediente debía ir a concesión administrativa a través del Área de Contratación. Al respecto, el procesado indicó que esa era ya una cuestión de Secretaría, no suya. "Yo estaba en manos del secretario y, por tanto, me sentía amparado por él". Finalmente, el convenio con Biouniversal para la recogida de aceite doméstico se suscribió en febrero de 2012.

Posteriormente, en julio de 2012, se anexionó a dicho convenio una adenda para la recogida del aceite usado de la hostelería de Puerto Real, un servicio para el que Biouniversal resultó nuevamente propuesta. "Esta empresa era la candidata adecuada, lo lógico era continuar con ella, pues la Junta de Gobierno Local ya había aprobado el convenio", expuso el encausado. "La intención no era otra que unificar sendas recogidas, la de aceite doméstico y el procedente de la hostelería, ofreciendo así un servicio completo, que no exclusivo", insistió el jefe de Medio Ambiente. "Además, otras empresas, aunque autorizadas, no garantizaban la trazabilidad del producto, no aclaraban cuál era el destino final del aceite, por lo que no daban garantía suficiente".

"En mi aportación al expediente, siempre hablé de no exclusividad. Yo quería favorecer a Madre Coraje por ser una ONG. Es más, cuando se suscribió la adenda para incluir a la hostelería y se aprobó en Junta de Gobierno -y no en Pleno- me sorprendió, pero yo no tenía capacidad para hacer nada. Donde hay patrón, no manda marinero". La adenda a favor de Biouniversal se firmó en septiembre de 2012. "No tuve nada que ver en ella", recalcó el procesado.

El jefe de Medio Ambiente habló también de las cartas que se remitieron a los distintos establecimientos de Puerto Real en las que se informaba que debían entregar el aceite usado a Biouniversal de manera gratuita bajo advertencia de sanción si no lo hacían, lo que dio lugar a un profundo malestar entre los hosteleros de la Villa que antes entregaban sus aceites a otras empresas autorizadas a cambio de determinadas compensaciones (cambio de piezas, limpiezas de filtros...). "La gente estaba disgustada pero las cartas se enviaron porque hubo un cambio normativo y había que darle cumplimiento", indicó. 

Sobre las visitas que agentes de Medio Ambiente realizaron a algunos establecimientos que se negaron a dar su aceite a Biouniversal, Córdoba afirmó que él no tuvo relación con ello. También negó que estuviese detrás de la interceptación de varios vehículos que recogían aceite en el pueblo al margen de la adjudicataria.

El funcionario responsable de Medio Ambiente admitió ante el tribunal que solicitó a la empresa Biouniversal su autorización como gestora de residuos después de que se firmara el acuerdo con ella. Reconoció también que a partir de estos hechos, Secretaría estableció un protocolo para suscribir convenios. Tiempo después, agregó, Biouniversal no cumplió con los términos del acuerdo en tanto que no abonó al Consistorio los cánones por ocupación de suelo público ni su compensación a Madre Coraje. 

A modo de conclusión, Córdoba dijo: "El expediente para la recogida de residuos fue muy malo. Se tramitó muy mal".