Pasados ya los meses fuertes del estío, la Operación Toscana de la Guardia Civil, que de forma espectacular llevó a la cárcel a los dueños de una de las más importantes cadenas de clubs de alterne asentadas en la provincia, los Hoteles Galantería, que menos de un mes después volvían al negocio como si nada hubiera ocurrido, se reanima en los Juzgados. Y lo hace de forma extraña, una vez más, asestando una de cal y otra de arena a los Galán.

Porque la juez del caso, la actualmente titular del Juzgado Mixto 1 de Chiclana, ha dictado una providencia por la que acuerda levantar el embargo de las cuentas bancarias del patriarca Juan Galán, su mujer, Isabel Aguilar, y su hija Rocío Galán, y devolverles las joyas intervenidas.. Con esta medida, podría parecer a simple vista que la Operación Toscana ya naufraga en los Tribunales, perdido ya hace tiempo el fuelle y diluido el enorme impacto mediático que la operación causó en todo el país.

Pero, curiosamente, la juez, en el mismo documento, ordena que se practiquen nuevas diligencias. Y que de nuevo sean citadas algunas de las más de un centenar de mujeres que ejercían, y seguramente siguen ejerciendo la prostitución en los burdeles de los Galán, y que en su día, ya hace más de seis meses, testificaron. La juez pide ex profeso a la Guardia Civil que cite a las mujeres que en las diligencias figuran como víctimas de una situación de explotación.

La última providencia de la juez ha sorprendido sobre manera a los Galán. Y es que hay que recordar que su abogado, José Luis Tellado, desde que fueron excarcelados, llevaba demandando que se les permitiera disponer de sus cuentas bancarias, que fueron bloqueadas en los compases iniciales de la Operación, al considerar que los bienes embargados (todos los clubs, y las viviendas del patriarca y sus hijos, todo ello tasado por la Guardia Civil en 50 millones de euros) ya garantizaban cualquier tipo de futura responsabilidad.

En mayo, el fiscal se opuso a ello, alegando que era necesario mantener el bloqueo para que quedaran garantizadas las responsabilidades por supuesto blanqueo u explotación de la prostitución en sus clubs de alterne. En junio, la propia juez dictó un auto en el que mantenía el embargo de las cuentas, que fue recurrido por los Galán.

Y ahora, de motu propio, y sin haber dado aún respuesta al recurso de los dueños de los burdeles contra la persistencia del bloqueo, la magistrada ha dictado esta providencia que da luz verde a los Galán a recuperar el control de sus cuentas. Su letrado, así las cosas, anunció ayer a este diario su disposición a recurrir esta última providencia, precisamente por no haber sido contestado aún su recurso al mantenimiento del bloqueo y ordenar nuevas diligencias. Y es que cree Tellado que estos últimos movimientos tan sólo responden a la decisión del fiscal del caso "de intentar dilatar el procedimiento para evitar el sobreseimiento y consecuente archivo del caso. De ahí que ahora se vaya a citar de nuevo a varias de las mujeres".

Por ello, Tellado aprovechó para volver a requerir que las diligencias sean sobreseidas ya, insistiendo de nuevo en su convencimiento de que "hasta el momento no se ha aportado ni un solo indicio de criminalidad contra mis defendidos".

Cabe recordar que cuando fueron detenidos, la Guardia Civil los acusaba de hasta cerca de una docena de delitos, incluyendo el de cohecho. Lo cierto a día de hoy es que los implicados en la Operación Toscana están imputados por la juez en únicamente tres delitos: favorecimiento de la prostitución, asociación ilícita y blanqueo de capitales o alternativamente delito fiscal. Este último supuesto ilícito penal obedece a que durante el registro de la mansión del patriarca, en El Puerto, fue hallado medio millón de euros bajo un jacuzzi.

La investigación de la Guardia Civil arrancó en abril de 2009, con el objeto de intentar llegar al país donde se captaban a las mujeres. La Operación de febrero no lo logró. La Guardia Civil anunció que había desarticulado una trama organizada de explotación sexual.