Provincia de Cádiz

Las investigaciones por delitos urbanísticos caen un 50% en la provincia de Cádiz

  • Las diligencias abiertas por la Fiscalía pasan de 133 en 2018 a 66 en 2019. Pese a ello, la ordenación del territorio sigue siendo el bien jurídico sometido a los más intensos ataques por las edificaciones ilegales

Un núcleo de viviendas sin regularizar en el término municipal de Chiclana. Un núcleo de viviendas sin regularizar en el término municipal de Chiclana.

Un núcleo de viviendas sin regularizar en el término municipal de Chiclana. / Sonia Ramos

La Fiscalía Provincial de Cádiz señala que durante 2019, a diferencia de los años precedentes, se ha producido un descenso en el número de procedimientos judiciales incoados en materia de medio ambiente y urbanismo, principalmente, por la reducción del número de delitos vinculados a la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico. Por el contrario, han aumentado los procesos por delitos de incendios, de maltrato animal y contra la fauna y la flora.

Tal y como recoge la Memoria de la Fiscalía de Andalucía relativa al ejercicio 2019, la ordenación del territorio sigue siendo el bien jurídico sometido a los más intensos ataques, provenientes tanto de urbanizaciones ilegales aisladas como de edificaciones ejecutadas de forma masiva que omiten todo acatamiento a la normativa urbanística.

Ahora bien, según detalla la Fiscalía de Cádiz, se ha producido un importante descenso en el número de diligencias de investigación penal, que han pasado de 133 en 2018 a 66 en 2019, lo que supone un descenso del 50%. Los procedimientos también han bajado a 161 en 2019 frente a los 174 de 2018. Pese a ello, el número de sentencias dictadas en materia de urbanismo ha aumentado en cinco.

Casi todas las construcciones ilegales investigadas en los procedimientos judiciales, han sido previamente objeto de un procedimiento de disciplina urbanística incoado por el Ayuntamiento en cuestión o por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. La Fiscalía de Cádiz subraya la escasa eficacia de las medidas cautelares de paralización acordadas en dichos expedientes administrativos, que son incumplidas en la mayoría de los casos, sin que exista posibilidad de acusar por el delito de desobediencia al haberse notificado los diversos decretos a familiares de los investigados u otras personas y no directamente a ellos.

Así, ya es tradición de práctica judicial en la materia urbanística que, pese a que casi todas las sentencias dictadas son condenatorias, ello no conlleva casi nunca que se realice la demolición, siendo ésta la que realmente garantizaría la reparación del daño causado al bien jurídico protegido y es la medida de mayor efecto disuasorio para la comunidad. Además, en el caso de acordarse la demolición, sigue existiendo una gran dilación en la ejecución de las mismas, remarca la Fiscalía.

En lo que a delitos contra la flora y la fauna se refiere, estos siguen escalando en tierras gaditanas. Destacan los incoados en la comarca del Campo de Gibraltar relativos a la incautación de angulas, los derivados de la electrocución de un Ibis Eremita así como las repetidas denuncias por maltrato a animales domésticos.

Las causas relativas al patrimonio histórico han disminuido durante el pasado año de forma importante, en tanto que solo se ha incoado un procedimiento frente a los 11 del año anterior.

De otra parte, en 2019 ha existido un ligero incremento de las diligencias previas tramitadas como consecuencia de los incendios forestales, que han dado lugar a 13 procedimientos. Estos asuntos rara vez desembocan en un escrito de acusación debido a la dificultad de acreditar la autoría. No obstante, la Fiscalía de Cádiz ha formulado dos escritos de acusación por delitos de incendios forestales, uno imprudente y otro culposo. Asimismo, ha recaído una sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz por incendio imprudente.

En el campo de la protección penal del medio ambiente, predominan en 2019 los asuntos relacionados con vertidos y los relativos a la contaminación acústica, aunque solo se han interpuesto dos denuncias y se han archivado diez diligencias de investigación penal, dada la dificultad de imputar -en el caso de los vertidos- la autoría a una persona física o jurídica concreta, apunta la Fiscalía.

En las causas relativas a la contaminación acústica se da la problemática de la ausencia de pruebas de medición del sonido, por lo que para poder formular escrito de acusación, la Fiscalía ha de atender a otros posibles medios de prueba, como testigos, inspecciones de la Policía Local, etcétera.

En relación con el patrimonio arqueológico, en 2019 se ha dictado una sentencia condenatoria por la búsqueda y extracción de objetos valiosos de yacimientos subacuáticos mediante la utilización de embarcaciones, lo que causó menoscabos y perjuicios irreparables a varios yacimientos marinos.

Por último, la Fiscalía gaditana pone de manifiesto que las relaciones con la Junta de Andalucía son fluidas y satisfactorias, si bien existe mayor dificultad con los Ayuntamientos, dado que algunos de ellos ponen trabas por no dar la debida contestación a los requerimientos que se les efectúan en el marco de las diligencias de investigación abiertas.

Durante 2019 se han celebrado 82 juicios en materia de medio ambiente y urbanismo, siendo algo más de la mitad los que versaban sobre delitos contra la ordenación del territorio, en los que han recaído 39 sentencias condenatorias y seis absolutorias. En el resto de materias de la especialidad, destaca el aumento de sentencias en materia de delitos contra la fauna, dictándose ocho sentencias condenatorias y una absolutoria. Se han formulado 62 escritos de acusación, 11 menos que en el año anterior.

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