El sector de uno de los sistemas de transporte más utilizados por las personas, incluso más que el coche, el ascensor, se encuentra desde hace semanas en una difícil situación debido al conflicto laboral que mantienen los trabajadores de la principal empresa de mantenimiento de elevadores en España, Otis, un problema que tiene la misma repercusión en Andalucía y en la provincia de Cádiz, donde dicha firma también es la que mayor cuota de mercado abarca, por encima del 60% en la región.

Trabajadores de la empresa se manifiestan ante la oficina de Otis en Cádiz.

Fue el pasado 22 de noviembre cuando la plantilla de esta empresa inició una huelga que este domingo cumple 37 días y que está teniendo como consecuencia que más de 7.000 ascensores en toda la provincia vean afectado en la actualidad el mantenimiento necesario para su correcto funcionamiento y el cumplimiento de los protocolos exigidos, una medida que, según explica Rafael Santos, secretario del comité de empresa de la citada firma en la provincia de Cádiz, "esta secundando el 85% de los 80 trabajadores que la empresa tiene en la provincia".

Dicha situación no solo tiene una gran trascendencia en la situación laboral de estos empleados, sino que también está generando un problema en lo que al mantenimiento de estos elevadores respecta, unos trabajos para los que se han establecido unos servicios mínimos que, desde la representación de los trabajadores, se consideran "excesivos y unilaterales por parte de la empresa".

Y es que, Otis cuenta en la provincia de Cádiz con el mantenimiento de más de 7.000 elevadores. Entre ellos destacan los servicios que prestan en localidades como Cádiz capital, con unos 1.500 ascensores; San Fernando y Chiclana, con una cifra similar entre las dos poblaciones; Jerez, con 1.430 unidades; el Campo de Gibraltar, con unos 900 ascensores; El Puerto, con 620; Rota (452), Sanlúcar (446), Chipiona (196) y la comarca de La Sierra (205).

Sin duda, se trata de un conflicto laboral que afecta a un servicio de gran importancia para el día a día de miles de personas y que, según explican desde el comité de empresa, "se encuentra en estos momentos sin recibir el mantenimiento necesario según los protocolos de chequeos y controles establecidos para garantizar su seguridad". Esta situación comenzó el pasado día 22 de noviembre y, según la evolución del conflicto, "no tiene pinta de que se vaya a solucionar en breve, puesto que la empresa nos ha emplazado después de las fiestas para seguir negociando, lo que generaría un plazo de casi dos meses, como mínimo, sin que estos ascensores contaran con el mantenimiento requerido", asegura Rafael Santos.

En lo que a las demandas laborales respecta, desde el comité de empresa se denuncia que llevan sin convenio colectivo desde 2019, "situación que ha provocado una huelga que debería haber terminado el pasado día 9 de diciembre, pero que se ha visto ampliada hasta el 3 de enero, ya que la empresa no atiende nuestras peticiones", lamentan desde el comité.

Los detalles de la situación que ha generado la actual coyuntura son, según argumentan los representantes de los trabajadores, una reducción progresiva de la plantilla en más de 1.100 trabajadores desde 2008 hasta la actualidad, "con una sobrecarga de trabajo bestial", aseguran desde el comité, "lo que resta calidad al servicio que se presta y puede dar lugar a que ocurran accidentes tanto de trabajadores como de usuarios".

En relación con los salarios, se denuncia que "la empresa cerró el pasado año con 1,4 millones de euros de beneficios, y este año ha ganado un 5,4% más", por lo que desde el comité se reclama una subida de los sueldos acorde con estos datos.   

La reforma laboral es otro de los puntos de discordia entre empresa y trabajadores, ya que, según se apunta por parte de los representantes sindicales, "la empresa quiere aplicar la reforma labora tal y como se hizo en la pandemia, y no atender a un pacto existente de no aplicación, lo que destrozaría el convenio colectivo en caso de llevarlo a cabo".

Éstas son algunas de las demandas que más alejan en estos momentos las posturas de las partes, hasta el punto de que los trabajadores denuncian el poco talante negociador de los representantes de la empresa, "que llevan desde el 3 de diciembre sin sentarse con la parte social", denuncian, "excepto en un encuentro celebrado y del que la empresa se levantó de la mesa negociadora", lamentan, al tiempo que aseguran haber trasladado una última propuesta "a la que la patronal ni ha contestado".

Ante tal situación, y después de diversos encuentros con representantes políticos, actos de protesta y manifestaciones tanto a nivel nacional, como regional y provincial, todo parece indicar que el conflicto no tendrá fácil solución, una situación que, mientras dure, seguirá condicionando un servicio que en la provincia de Cádiz afecta a miles de comunidades de propietarios, centros comerciales, establecimientos y edificios de todo tipo.