El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz acogerá el próximo martes el juicio a siete trabajadores que participaron en la huelga del metal secundada durante varias jornadas en noviembre de 2021 en la Bahía gaditana. La Fiscalía los sienta en el banquillo acusados de los delitos de desórdenes públicos y atentado y solicita para cada uno de ellos la pena total de tres años de cárcel.

El escrito de calificación fiscal expone que los procesados participaron activamente en los disturbios acaecidos en la mañana de los días 22 y 24 de noviembre de 2021 mediante la colocación de barricadas para cortar el tráfico en la barriada del Río San Pedro y alrededores con ocasión de la huelga general indefinida de sector del metal, "siendo así que escudándose en la multitud y las reivindicaciones, lanzaron botellas, piedras y otros elementos peligrosos a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplegados en la zona".

Según la acusación pública, un primer encausado colocó barricadas para cortar el tráfico en las vías de acceso a Cádiz CA-35 (Puente de la Constitución de 1812) y CA-36 (Puente José León de Carranza) y arrojó piedras contra los agentes para que estos no pudieran retirar los instrumentos que formaban las barricadas. Asimismo, según la versión del fiscal, arrojó piedras, adoquines y botellas de vidrio contra los antidisturbios y empujó contenedores de basura con la intención de establecer barricadas.

Un segundo procesado "formó parte activa de un grupo violento que amenazó gestualmente y tirando adoquines a los agentes desplegados en la barriada del Río San Pedro". Asimismo, "hizo uso de las barricadas utilizadas como parapeto para los lanzamientos y para impedir el despliegue policial". Del mismo modo, "cortó las principales vías de acceso a la barriada e impidió el normal funcionamiento de los servicios y comercios de la misma", afirma la Fiscalía.

El tercer acusado "arrojó botellas de vidrio contra los antidisturbios desplegados para restablecer  el orden público en el Río". "Con esos lanzamientos cubrió a un grupo de personas que empujaban un contenedor de basura con intención de usarlo como barricada para impedir el paso", prosigue el Ministerio Fiscal su versión de los hechos.

El escrito de calificación añade que un cuarto procesado formó parte activa de una turba violenta en la cual, mientras unos empujaban un contenedor de basura, otros -entre ellos el acusado- aprovechan el mismo como parapeto para arremeter contra los policías tirándoles piedras y trozos de adoquines. "Asimismo, y actuando nuevamente en público, volcó y dañó un contenedor de reciclaje de vidrio a fin de apoderarse de su contenido para usarlo como proyectil contra los agentes".

El quinto encausado, según la acusación pública, fue parte activa de un grupo violento en los disturbios del Río San Pedro. "Empujó un contenedor de basura que colocó en medio de la calzada (Avenida de la Bahía) con la intención de cortar el tráfico e impedir el despliegue policial".

El sexto trabajador que se sentará en el banquillo también formó parte de "un grupo violento que tiró objetos peligrosos a los agentes", mientras que el séptimo acude a juicio procesado por "hacer frente a los policías, lanzarles multitud de objetos y alentar y dar indicaciones al grupo violento que establecía las barricadas", concluyen las conclusiones provisionales de la acusación pública.

Por su parte, Pedro Castilla, abogado de la Cooperativa Jurídica Gestea que representa a cinco de los trabajadores acusados en esta causa, considera que las penas planteadas por la Fiscalía son "excesivas" y que no se han dado casos similares "a este nivel" en otras movilizaciones desarrolladas por el sector industrial de la provincia de Cádiz.