La firma del preacuerdo del convenio de la hostelería en Cádiz difumina la amenaza de huelga en el sector

La patronal de hostelería y los sindicatos han firmado un principio de acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo que regulará el sector durante los próximos cuatro años. Con esto la amenaza de huelga que se cernía sobre uno de los motores de la economía de la provincia para los próximos meses, con el verano a la vuelta de la esquina, desaparece y vuelve la paz social que tanto gusta al turismo. "Los turistas huyen de los conflictos laborales, y ese principio de acuerdo es una muy buena noticia", ha comentado Antonio de María, presidente de Horeca.

La vigencia del convenio tendrá cuatro años, hasta 2028, y supone un incremento salarial del 4,5% por cada año de vigencia con carácter retroactivo a 1 de enero de 2025. La cláusula de revisión salarial continuará vigente para los próximos convenios.

El periodo de actividad mínima garantizada para las personas fijas Discontinuas será de tres meses, con una jornada mínima de 20 horas semanales. Para aplicar este periodo mínimo no se podrán utilizar más de tres llamamientos.

El principio de acuerdo también contempla el compromiso de negociar, en cada empresa, las cargas de trabajo y las medidas para paliarlas.

Desde CCOO y UGT se ha valorado de manera muy positiva los términos de este preacuerdo por aspectos como el incremento salarial de forma acumulada, que llegará al 19,20% durante la vigencia del convenio e implica, para el año 2025, "un equilibrio entre salarios e IPC si comparamos un histórico desde el año 2012. Además, con una evolución razonable del IPC 2026/2028, es de prever que se incrementará dicha capacidad adquisitiva por encima de la carestía de vida".

• "En relación a los FFDD, aunque nos hubiese gustado un mayor periodo de actividad garantizada, no se nos puede olvidar que el Estatuto de los Trabajadores no establece ningún periodo", continúan desde los sindicatos.

Destacan igualmente que por primera vez en un convenio colectivo en la hostelería de la Península, "las partes se comprometen a negociar, no solo la evaluación de los riesgos profesionales (esto ya está en la Ley), sino la medición de las cargas de trabajo y las medidas necesarias para atenuar dichas cargas".

Estos ejes fundamentales, junto con otros aspectos como la actualización legislativa o la incorporación de los protocolos y medidas LGTBI+, dan un marco de seguridad a plantillas y empresas que permita abordar los próximos años en clave de crecimiento del sector y de mejora de las condiciones de trabajo.