Familiares de los agentes fallecidos en Barbate llevarán al Supremo el archivo de la causa contra los altos mandos

Cádiz/Los familiares de los agentes David Pérez y Miguel Ángel Gómez, fallecidos en el puerto de Barbate el 9 de febrero de 2024 tras ser embestidos por una narcolancha pilotada por Karim El Baqqali, han anunciado que acudirán al Tribunal Supremo para recurrir el archivo de la causa abierta contra los altos mandos de la Guardia Civil, a los que consideran responsables de haber dado las órdenes en el "precario" operativo desplegado aquella noche en el recinto portuario de la localidad.

El general jefe de la Guardia Civil de Andalucía, Luis Ortega Carmona, y el coronel de la Comandancia en Cádiz, Luis Martín Velasco, fueron denunciados por un delito contra la seguridad y la salud en el trabajo (artículo 316 del Código Penal) y por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes (artículo 142 y 152).

En noviembre de 2024, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz valoró que los jefes del Instituto Armado denunciados no tenían responsabilidad penal alguna en el trágico suceso ocurrido en Barbate a principios de ese mismo año y archivó el asunto.

La Audiencia de Cádiz, al igual que la Fiscalía, entendió que no se podía imputar a los altos mandos el delito de homicidio imprudente por cuanto había una ruptura del "nexo causal" entre la muerte de los agentes y las decisiones que pudieron adoptar los jefes.

Del mismo modo, la Audiencia de Cádiz consideró que la actuación desarrollada por los guardias civiles en la localidad jandeña no tenía encaje en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que las acciones emprendidas por la Benemérita para mantener y velar por la seguridad ciudadana que conllevan un riesgo intrínseco inherente a su profesión se rigen por otra normativa laboral específica.

Así las cosas, la familia de uno de guardias civiles fallecidos solicitó al Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 1 de Barbate la reapertura de la causa contra la cadena de mando. En concreto, los familiares de Miguel Ángel González Gómez, representados por el letrado Miguel Lozano, plantearon la reapertura de la pieza ya archivada por la Audiencia y para ello aportaron una grabacion de 50 minutos que recogía la charla que mantuvieron en junio del año pasado el sargento del GEAS al mando de la zódiac que fue arrollada y el padre de Miguel Ángel. En esa conversación, el sargento detalló al progenitor lo acontecido en aquella jornada negra y afirmó que advirtió a sus superiores en varias ocasiones del peligro que entrañaba la actuación, habida cuenta los escasos medios con los que los agentes tuvieron que enfrentarse a las narcolanchas que estaban fondeadas en el puerto de Barbate. "Es un riesgo, nos pueden pasar por encima", le dijo, ante la evidente superioridad de las embarcaciones de los narcotraficantes.

El 5 de febrero de este año, pocos días antes de que se cumpliese el primer aniversario de la muerte de los agentes, la jueza instructora rechazó reabrir el proceso contra los superiores Luis Ortega Carmona y Luis Martín Velasco.

Ante este nuevo archivo, las familias han decidido llevar el asunto al Tribunal Supremo para que se pronuncie al respecto.

Karim y los suyos

Unas 72 horas después de la muerte de los dos agentes en Barbate, se envió a prisión por error a Kiko El Cabra y a cinco personas más como responsables de su asesinato. Sin embargo, un informe emitido en mayo de 2024 por la Guardia Civil descartó que la embarcación pilotada por El Cabra fuese la que embistió a la pequeña patrullera del Instituto Armado en el puerto barbateño. Fueron estos primeros detenidos los que aportaron vídeos que los exculpaban y dieron el nombre de Karim El Baqqali, quien, tal y como él mismo reconoció ante el juez, pilotaba la narcolancha que arrolló a la zódiac de la Benemérita. Según su versión, embistió a la lancha policial en una maniobra evasiva y nunca tuvo la intención de matar a los agentes.

Karim El Baqqali y otros dos hombres que viajaban con él a bordo de la goma la noche del 9 de febrero se entregaron a las autoridades en la playa de la Hierbabuena de la localidad de Barbate. Los tres están en la cárcel. El juez les atribuye dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito pertenencia a organización criminal. Fuentes consultadas por este medio confirman que pronto se detendrá a un cuarto implicado en estos hechos.