Archivada la causa abierta a los altos mandos de la Guardia Civil por el caso Barbate

Cádiz/La Audiencia Provincial de Cádiz ha archivado la causa abierta a altos mandos de la Guardia Civil después de que dos agentes murieran el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate tras ser arrollados por una narcolancha. El general jefe de la Guardia Civil de Andalucía, Luis Ortega Carmona, y el coronel de la Comandancia en Cádiz, Luis Martín Velasco, fueron denunciados por un delito contra la seguridad y la salud en el trabajo (artículo 316 del Código Penal) y por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes (artículo 142 y 152) como “responsables de haber dado la orden en el operativo de Barbate” que acabó con dos guardias civiles fallecidos.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz considera que los jefes del Instituto Armado denunciados no tienen responsabilidad penal alguna en el trágico suceso ocurrido en el recinto portuario barbateño a principios de año. El dictamen de la Audiencia es firme y contra el mismo no cabe recurso.

La pieza paralela a la que instruye el asesinato de los agentes David Pérez y Miguel Ángel Gómez partió de una querella interpuesta por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra los citados altos mandos de la Benemérita, una denuncia a la que se sumaron otras entidades que representan los intereses del Instituto Armado, así como familiares de las víctimas.

Así, durante el desarrollo de las pesquisas practicadas durante la instrucción de la causa laboral del caso Barbate, el pasado 8 de julio la Fiscalía de Cádiz se mostró contraria a investigar a Luis Ortega Carmona y Luis Martín Velasco, como ya hiciera el 16 abril, cuando solicitó el sobreseimiento de las actuaciones iniciadas.

Precisamente, a la hora de decretar el archivo del procedimiento judicial abierto contra los jefes de la Guardia Civil, el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz ha valorado y hecho suyos los criterios y argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal en su auto de 8 julio.

La Audiencia Provincial, al igual que la Fiscalía, entiende que no se puede imputar a los altos mandos el delito de homicidio imprudente por cuanto hay una ruptura del "nexo causal" entre la muerte de los agentes y las decisiones que pudieron adoptar los jefes respecto al operativo desplegado aquella noche en el recinto portuario de Barbate.

Del mismo modo, la Audiencia de Cádiz considera que la actuación desarrollada por los guardias civiles en la localidad jandeña no tiene encaje en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que las acciones emprendidas por la Benemérita para mantener y velar por la seguridad ciudadana que conllevan un riesgo intrínseco inherente a su profesión se rigen por otra normativa laboral específica.

Precariedad de medios

A partir de unas imágenes aportadas al procedimiento tras la inspección técnico ocular llevada a cabo por el Instituto Armado en el lugar de los hechos, se pudo constatar el estado en el que quedó la zódiac de la Benemérita, de unos cinco metros, tras ser embestida por la narcolancha de 14 en el puerto de Barbate. La pequeña embarcación, según fuentes consultadas por este periódico, no disponía de sistema de comunicación para pedir auxilio.

Asimismo, en otras imágenes captadas durante la misma inspección quedó constancia de los medios de los que dispusieron esa noche los guardias civiles que viajaban a bordo de la zódiac: chalecos, cascos, gomas y un arma corta que se estropeó tras algunos disparos al aire.

De otra parte, los cuatro guardias civiles que sobrevivieron a la embestida de la goma prestaron declaración el pasado mes de junio en el juzgado de Barbate. Los agentes relataron que “todo fue improvisación” en el dispositivo con el que sus mandos les ordenaron intervenir aquella noche, según sus abogados. Uno de los supervivientes declaró que hubo “descoordinación” en el operativo ordenado por la cadena de mando, a pesar de las advertencias sobre la falta de efectivos.

Ese mismo agente insistió ante el juez que la operación no estaba bien planificada, ni contaba con los medios adecuados.

En definitiva, en las declaraciones en sede judicial de los agentes que sobrevivieron al brutal ataque se recalcó la inferioridad del dispositivo que se había programado ante la presencia de media decena de narcolanchas en una zona muy complicada de Barbate, así como que los altos mandos desoyeron sus advertencias.

Asimismo, las mujeres de los guardias civiles aseguraron que ellos están “muy abandonados” por la institución.

Karim y los suyos

Unas 72 horas después de la muerte de los dos agentes en Barbate, se envió a prisión por error a Kiko El Cabra y a cinco personas más como responsables de su asesinato. Sin embargo, un informe emitido el pasado mes de mayo por la Guardia Civil descartó que la embarcación pilotada por El Cabra fuese la que embistió a la pequeña patrullera del Instituto Armado en el puerto barbateño. Fueron estos primeros detenidos los que aportaron vídeos que los exculpaban y dieron el nombre de Karim El Baqqali, quien, tal y como él mismo reconoció ante el juez, pilotaba la narcolancha que arrolló a la zódiac de la Benemérita. Según su versión, embistió a la lancha policial en una maniobra evasiva y nunca tuvo la intención de matar a los agentes.

Karim El Baqqali y otros dos hombres que viajaban con él a bordo de la goma la noche del 9 de febrero se entregaron recientemente a las autoridades en la playa de la Hierbabuena de la localidad de Barbate. Los tres están en la cárcel. El juez les atribuye dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito pertenencia a organización criminal. Fuentes consultadas por este medio confirman que pronto se detendrá a un cuarto implicado en estos hechos.