El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Staj, lamenta que el Ministerio de Justicia haya tomado la decisión de incrementar en un 200% las dotaciones de funcionarios que deberán desempeñar sus funciones de manera presencial en los juzgados y tribunales de toda España a partir de este miércoles.

Para Staj, esta decisión contradice al propio ministro de Sanidad, quien aseveró recientemente que nuestro país aún no está en fase de desescalada en el confinamiento. Organizaciones como la OMS, recuerda el sindicato, también han advertido sobre los efectos negativos que puede acarrear el relajar las medidas adoptadas antes de tiempo.

Staj recuerda que el Ministerio de Justicia ha optado por incrementar la plantilla judicial allí donde las medidas de seguridad puedan ser garantizadas con la siguiente afirmación: "La modificación en la dotación de personal debe estar sujeta a la provisión efectiva y coordinada de hidrogeles, guantes y mascarillas por parte de las administraciones prestacionales de Justicia para proteger la salud de todos los profesionales, así como del conjunto de la ciudadanía que acude a juzgados y tribunales”.

"Pues bien, dice Staj, en la función de supervisión de la seguridad y salud laboral que nos otorga la ley, este sindicato ha podido comprobar que ni mucho menos esas medidas están siendo garantizadas ni por el Ministerio ni por la propia Consejería de Justicia, con falta de entrega en algunos juzgados y la ausencia de reposición de lo escasamente entregado en la mayoría. Por esa razón, hemos solicitado que la resolución de fecha 13 de abril sea pospuesta hasta tanto el suministro y el reparto del material preventivo esté enteramente disponible y en condiciones de ser entregado a todo el personal con carácter previo a su entrada en los edificios judiciales."

Desde Staj hacen un llamamiento "al sentido común" y "al rigor de todos los responsables públicos competentes en la aplicación de las normas que afectan a los funcionarios de Justicia". Además, exigen que se tenga en cuenta, más que nunca, que "el bien jurídico superior es la salud y la seguridad de las personas, quienes día a día desempeñan su trabajo de forma entregada en la Administración de Justicia".