Chipiona y Sanlúcar se suman a las acciones para frenar los vertidos mineros al Guadalquivir

Representantes institucionales, científicos y colectivos sociales de la provincia de Cádiz participaron este martes en Sevilla en un acto público para alertar sobre los posibles efectos ambientales y económicos de los vertidos asociados a la actividad minera en el entorno del río Guadalquivir. La convocatoria, celebrada en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, reunió a ayuntamientos ribereños y de la desembocadura del río, entre ellos Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, junto a organizaciones ecologistas, asociaciones profesionales y entidades ciudadanas.

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, asistió a la cita para respaldar una denuncia colectiva dirigida a las administraciones autonómica y estatal. Según trasladó el Ayuntamiento, la iniciativa busca reclamar actuaciones ante las consecuencias que, según diversos colectivos, podría tener la reapertura o ampliación de explotaciones como la mina Cobre Las Cruces y el complejo minero de Aznalcóllar en el sistema fluvial que desemboca en el Río Guadalquivir.

Tras la comparecencia pública, el regidor chipionero se dirigió a la Fiscalía de Medio Ambiente para presentar una denuncia elaborada por el gobierno local con el aval de investigadores de la Universidad de Sevilla. Según el consistorio, la iniciativa se suma a otras acciones impulsadas por organismos municipales y entidades sociales que pretenden que se adopten medidas cautelares ante posibles vertidos de metales tras episodios recientes de lluvias.

Desde el Ayuntamiento de Chipiona se subraya que la preocupación está relacionada con el impacto potencial en la fauna y la flora del ecosistema fluvial, así como en espacios protegidos como Parque Nacional de Doñana, y en actividades económicas vinculadas al mar y al estuario.

Un estudio cuestiona las autorizaciones de vertidos

En el mismo encuentro, la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Pozo, asistió en representación del gobierno local a la presentación de un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Granada.

Según los autores del informe, las autorizaciones de vertidos al estuario del Guadalquivir desde las minas de Las Cruces y Los Frailes (Aznalcóllar) carecerían de fundamento científico suficiente. El trabajo sostiene que, en contra de lo defendido por las empresas mineras y por la Junta de Andalucía, dichos vertidos habrían contaminado y podrían contaminar gravemente el estuario y su desembocadura.

El acto contó también con la participación de organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Facua, COAG Andalucía, la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz y la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, entre otras entidades vinculadas al sector pesquero, agrario y social.

Durante la presentación, varias de estas organizaciones anunciaron su intención de impulsar acciones judiciales para esclarecer posibles responsabilidades en la presencia de metales y metaloides potencialmente tóxicos en sedimentos del estuario, así como por episodios recientes de contaminación vinculados al drenaje ácido de mina en el sistema Agrio-Guadiamar-Guadalquivir.

Reivindicaciones desde la desembocadura

La delegada sanluqueña explicó que la alcaldesa de la ciudad, Carmen Álvarez, mantiene su implicación en las actuaciones en defensa del Guadalquivir en coordinación con la Cofradía de Pescadores local. Entre las iniciativas emprendidas por el Ayuntamiento figura la presentación de alegaciones al proyecto minero de Aznalcóllar, que finalmente fueron desestimadas por la administración autonómica.

Las administraciones locales y diversos colectivos reclaman, entre otras medidas, que se atienda a las conclusiones de un comité de expertos independiente que evalúe la calidad de las aguas del estuario. Asimismo, solicitan una moratoria en determinadas autorizaciones hasta que se disponga de garantías científicas sobre la ausencia de impactos ambientales y sanitarios.

El debate sobre los vertidos mineros al Guadalquivir se mantiene abierto y enfrenta posiciones entre administraciones, empresas y colectivos sociales. Mientras algunos sectores defienden la compatibilidad de la actividad minera con el control ambiental, los municipios y organizaciones presentes en Sevilla advierten de los posibles efectos sobre el ecosistema, la pesca, la agricultura y el turismo en la franja costera de la provincia de Cádiz.