La Audiencia Nacional se encargará de dirigir la instrucción del caso Sempi Gold, un asunto que pretende esclarecer una estafa masiva en inversión de oro cometida supuestamente por el presidente de la entidad, Gabriel Ruiz, dos apoderados y otros dos miembros de la mercantil investigada por organización criminal, apropiación indebida, estafa y falsedad documental.

En un reciente auto, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha designado como órgano competente para instruir la causa al Juzgado Central de Instrucción número 3. El Alto Tribunal ha tomado esta decisión tras comprobar la dispersión geográfica de los afectados, que se reparten por todo el territorio nacional.

Asimismo, el TS apunta que, aunque en un principio la UDEF contabilizó 41 denunciantes, el número de perjudicados ha ido en aumento y "es presumible que aparezcan más". Según uno de los abogados personados en el procedimiento, el letrado gaditano José Luis Ortiz, ya son 200 los estafados. 

De otra parte, el auto del Supremo habla de la cuantía inicial del fraude, 1.122.026 euros, una cantidad que, al igual que la cifra de querellantes, irá creciendo previsiblemente. 

La resolución del Supremo recuerda que el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca tramitó las primeras indagaciones sobre la Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión, Sempi Gold, cuyo administrador único es Gabriel Ruiz. Esta sociedad "formalizó numerosos contratos de compraventa de oro con el compromiso de que la inversión se recuperaría en efectivo con un incremento del 5% al año, o bien en lingotes de oro por el importe total resultante de la inversión".

Tal y como recoge el TS, a Ruiz y a otros cuatro investigados vinculados al gerente de Sempi Gold se les reprocha, por un lado, que ocultaran a los socios la realidad financiera de la entidad y falsificaran documentos para simular una economía "próspera y saneada" que en realidad no era tal. Por otro lado, que crearan a través de Sempi "un sistema que aparentaba la realización de inversiones a través de compra-venta de oro, lo que respondía al esquema tipo Ponzi (estafa piramidal)". 

El caso Sempi Gold está a la espera de un trámite que se antoja clave: la apertura de las sacas de oro que la mercantil tiene depositadas bajo custodia en dos empresas de seguridad, Loomis Spain y Prosegur, cuyas sedes se encuentran en Puerto Real y Sevilla, respectivamente. 

A finales del pasado mes de marzo, el juez autorizó la apertura y el examen de todos los lingotes que Sempi Gold tiene almacenados y bloqueados por orden judicial en esas instalaciones con el objetivo de verificar sin realmente son de oro o si, por el contrario, son de hierro, como los hallados en el domicilio jerezano del presidente de Sempi.