Antonio Rodríguez, juez decano de Cádiz: “La Ley de Eficiencia funcionará, pero necesita tiempo y presupuesto”

"Va a ser una revolución". Es la primera reacción de Antonio Rodríguez, juez decano de Cádiz, cuando es preguntado por la nueva Ley Orgánica 1/2025, que busca agilizar la Administración de Justicia mediante la eficiencia procesal con el objetivo de conseguir respuestas más rápidas en la resolución de conflictos ante los tribunales. Una ley cuyos pilares fundamentales son la reorganización de la estructura judicial con la creación de los tribunales de instancia y la digitalización de los procedimientos para reducir trámites y costes.

"El próximo mes de enero todo va a cambiar de forma radical", explica el también magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz. "Hay que tener en cuenta que, antes incluso del franquismo, ya existía el sistema actual de juzgados; pues bien, eso va a desaparecer: los órganos unipersonales con su juez, sus funcionarios, su secretario... Ahora pasamos a un esquema totalmente distinto que tiende a la especialización", afirma Rodríguez, quien advierte que la Ley de Eficiencia de la Justicia "responde a un cambio necesario", aunque se está llevando a cabo "con demasiada premura y sin los presupuestos suficientes".

A nadie coge por sorpresa que la Justicia adolece de un funcionamiento susceptible de mejorar en cuanto a agilidad y dinamismo. Es una administración lenta y con mucha pendencia. De hecho, España es un país con altos niveles de litigiosidad si se compara a nivel comunitario. "Somos muy peleones", apunta el juez decano. De ahí que la nueva legislación aspire, al menos sobre el papel, a rebajar esos niveles de conflictividad. "La ley pretende ser más eficiente con los recursos que tenemos actualmente y ofrecer así respuestas más rápidas", explica Antonio Rodríguez, que se muestra "optimista" respecto a su aplicación: "Con el paso del tiempo va a funcionar, si bien ahora mismo va a producir un colapso, y es que no se puede modificar un sistema de años y años en uno solo. Por eso ahora estamos como locos intentando ver cómo organizamos los servicios", afirma el que a partir del 1 de enero de 2026 será el presidente de los tribunales de instancia (en lugar de juez decano).

“La Ciudad de la Justicia se ha retrasado por los tribunales de instancia”

Desde el punto de vista del ciudadano, del justiciable, hay varios aspectos que "van a mejorar", asegura el magistrado gaditano. "Por ejemplo, hasta ahora era habitual que dependiendo del juzgado donde te tocase un procedimiento, los tiempos de respuesta variasen; un juzgado podía tardar seis meses en resolver un caso y otro, dos años. Estos desequilibrios y desigualdades se corrigen con la reforma y es positivo".

Uno de los objetivos de la Ley de Eficiencia de la Justicia pasa por optimizar los recursos humanos que tiene la Junta de Andalucía. "En todos los partidos judiciales de Cádiz hay funcionarios que están hasta arriba de trabajo y otros que están muy tranquilos. Por eso la Ley 1/2025 busca redistribuir la plantilla de una manera flexible -frente a la rigidez del funcionamiento vigente- y destinar a los trabajadores públicos allí donde haga falta", señala Antonio Rodríguez. El magistrado sabe que esta movilidad del personal de Justicia "tiene a los sindicatos mosqueados". "Los funcionarios están acostumbrados a su puesto fijo y esta reorganización les afecta, pero claro, hay que pensar siempre en la calidad de la Justicia, que, no lo olvidemos, es un servicio público".

La tercera y última fase para la constitución de los tribunales de instancia se materializará el próximo 31 diciembre y muchas sedes judiciales de Cádiz están siendo objeto de obras y mudanzas a contrarreloj en un ejercicio de malabarismo. Todos los Juzgados de Instrucción de Cádiz han pasado de Los Balbos, en San José, a las oficinas del estadio Nuevo Mirandilla, donde ya se ubican desde hace años los Penales, Menores y Violencia sobre la Mujer (además de los Sociales). Los Juzgados de Instancia están reubicados en Los Balbos junto con los Mercantiles; y el Edificio Proserpina de la capital gaditana acoge, además de los Contenciosos, el Registro Civil. "El problema de las sedes físicas en Cádiz capital es endémico. Toda esta reorganización hubiera sido muy fácil con la Ciudad de la Justicia; de hecho, la Ciudad de la Justicia se ha retrasado unos seis meses porque se ha tenido que adaptar a los nuevos tribunales de instancia, el proyecto que teníamos inicialmente ya no servía", afirma el juez decano de Cádiz, quien confía en que los trabajos para construir la nueva infraestructura judicial gaditana arranquen en 2026. "Soy optimista con la Ciudad de la Justicia, la vamos a ver pronto".

Antonio Rodríguez insiste en que los plazos para implantar los tribunales de instancia son demasiado ajustados. Tanto es así que 55 jueces decanos de toda España, incluido el de Cádiz, pidieron recientemente una prórroga para su puesta en marcha, petición que fue rechazada. "La Consejería de Justicia tiene unos plazos legales que cumplir y, además, debe hacerlo sin dotación presupuestaria por parte del Gobierno", señala el magistrado, que aún así aplaude la predisposición del consejero de Justicia para sacar adelante la iniciativa y agilizar el proceso.

“Es muy difícil poner de acuerdo a los políticos para sacar cualquier proyecto adelante”

"Tanto los representantes de la Administración como los jueces estamos sudando con la nueva Ley de Eficiencia. Es, como dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, un tsunami. Hay pues que aplicar un plan de evacuación como el que se ha hecho en Cádiz, subirnos todos arriba e intentar aunar esfuerzos para que no nos coja. Como decano, estoy haciendo todo lo humanamente posible para que en Cádiz el colapso sea el menor posible en beneficio de los justiciables", asevera Antonio Rodríguez, que sigue de cerca el funcionamiento de otros partidos judiciales donde ya han echado a andar los tribunales de instancia, como en Chiclana, Puerto Real o San Fernando.

El juez decano de Cádiz reitera que la implantación de los nuevos tribunales se ha hecho de una manera "extraordinariamente rápida y sin recursos". Pese a ello, reconoce que la maquinaria judicial vigente "está obsoleta" y que, por tanto, el cambio era más que necesario, "aunque llega tarde". "Es muy difícil en este país poner de acuerdo a los partidos políticos para sacar cualquier cosa adelante. Ha habido muchos proyectos anteriores que no han visto la luz por los avatares políticos de siempre", se sincera.

Asimismo, recuerda que la reforma viene también por “insistencias comunitarias”. Según Rodríguez, la propia Unión Europea ha advertido que nuestra organización judicial es arcaica y que requiere de una profunda transformación. Tanto es así que “existen unos fondos de cohesión comunitaria que se tienen que cobrar y que dependen de este proyecto, lo que ha acelerado la situación”.

"Estoy convencido de que la Justicia va a funcionar de forma más eficaz con la Ley 1/2025 pero a largo plazo; en un primer momento habrá momentos de colapso", vaticina el magistrado. Para conseguir que la maquinaria eche a rodar, puntualiza el juez decano, "es fundamental que la Junta de Andalucía habilite el nuevo sistema informático en la oficina judicial y que todos los expedientes estén digitalizados para que puedan ser consultados sin necesidad de acudir al juzgado", concluye.