Una tela de araña que alcanza a Sevilla, Málaga, Madrid y Burgos

Los empresarios jerezanos que encabezaron esta trama de tráfico ilegal de datos -hace ahora 16 años- vendieron la información obtenida con la colaboración (pagada) de dos policías nacionales y de un funcionario del INE a distintas empresas repartidas por el territorio nacional. Se conformó pues una vasta 'tela de araña' difícil de desenmarañar, lo que, según las fuentes judiciales consultadas, explicaría la dilatada resolución de este procedimiento que dio comienzo el siglo pasado.

Las ideólogos de la red vendieron archivos confidenciales a otras entidades, previa petición de los terceros destinatarios de estos datos, quienes se encargaban de realizar un listado con el nombre de las personas de quienes querían conocer información muy detallada.

En Sevilla, los empresarios jerezanos comercializaron datos "de carácter personalísimo" con una entidad informática que adquirió, a sabiendas de su procedencia ilegal, unos 13.000 datos: vidas laborales o informes de desempleo, entre otros.

En Málaga, más de lo mismo. Los gerentes jerezanos cerraron acuerdos con tres empresas. Las mercancías seguían siendo informaciones secretas vendidas a un precio pactado. Se deja así en manos de las sociedades malagueñas vidas laborales, datos procedentes de la Jefatura de Tráfico y cobros de pensiones.

Sobrepasando las fronteras andaluzas, el procedimiento se repite. En Madrid vuelven a sucederse idénticas operaciones: datos "de carácter personalísimo" como objeto de cambio en transacciones económicas previamente apalabradas.

En el caso de Burgos, la causa da una vuelta de tuerca pues, a raíz de las investigaciones judiciales realizadas, se descubre que uno de los empresarios que compraba documentos a los jefes de la red jerezana también conseguía archivos confidenciales a través de dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de El Ferrol. Estos, al igual que los de El Puerto y Jerez, traficaban con el banco oficial de datos de los cuerpos de seguridad.