Empresarios y funcionarios admiten que traficaron con datos

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a 15 personas implicadas en una compleja trama dedicada a la compra-venta de datos oficiales. Entre los acusados se encuentran dos empresarios de Jerez, líderes de la organización que traficaba con información confidencial; cuatro policías nacionales (uno de Jerez, dos de El Ferrol y otro de El Puerto ya fallecido); un funcionario del Instituto Nacional de Empleo en El Puerto; y el resto, empresarios de Sevilla, Málaga, Madrid y Burgos.

Los procesados evitaron la celebración del juicio toda vez que las partes personadas en este procedimiento llegaron a un acuerdo. Los 15 acusados admitieron que entre los años 1999 y 2000 formaron parte -en mayor o menor medida- de un extenso entramado que adquiría, previo pago, datos personales de organismos oficiales para posteriormente venderlos a entidades especializadas en la elaboración de informes de solvencia. Los implicados tejieron así una 'tela de araña' que alcanzó tanto a funcionarios como a gerentes de distintas sociedades.

Los ideólogos jerezanos alcanzaron a través de estas transacciones un beneficio ilícito estimado en 24.000 euros cada uno. El funcionario del INE logró unos 16.000 euros, mientras que los policías nacionales obtuvieron un rédito bastante inferior: entre 3.000 y 1.000 euros.

Para la Fiscalía estos hechos son constitutivos de dos delitos continuados de cohecho y revelación de secreto. No obstante, hace 16 años que ocurrieron, de ahí que el Ministerio Público haya decidido valorar como "muy cualificadas" las dilaciones indebidas a la hora de determinar las penas de prisión, que en ningún caso superan el año y medio (oscilan entre los 10 y los 18 meses).

El tribunal de la Sección Tercera decidió ayer que todas las penas privativas de libertad quedasen suspendidas, es decir, ninguno de los 15 condenados entrará en prisión, eso sí, siempre y cuando no vuelvan a cometer ningún tipo de delito en el plazo de dos años.

Respecto a las multas impuestas, los empresarios jerezanos -cabecillas de la red- se enfrentan a las más altas: 6.000 euros, respectivamente; los funcionarios deberán pagar 1.000 euros cada uno; y el resto de procesados, entre 900 euros y 750 euros.

Según recoge el fiscal en sus calificaciones, en los primeros meses de 1999 los gerentes de dos entidades de Jerez planearon "adquirir datos de carácter personal de diversos ciudadanos con el propósito de suministrárselos después a cambio de dinero a otras empresas interesadas", como bancos o sociedades que operaban con el cobro de impagados.

Comoquiera que el acceso a estos datos era ilegal al tratarse de información de carácter personal protegida por ley, los empresarios jerezanos contactaron con diversos funcionarios pertenecientes a diferentes organismos de la Administración para que, previo pago, les facilitaran documentación registrada en archivos oficiales.

El plan ideado por los cabecillas pasaba por contactar previamente con los potenciales clientes de los datos para que estos especificaran qué información y qué personas eran de su interés. Así, una vez elaborada una lista con las 'peticiones', los ideólogos de la trama entregaban dicho listado a los funcionarios públicos, a quienes igualmente habían ofrecido el pago de tales datos reservados.

El fiscal explica que, a comienzos del año 1999, un líder de la red contactó con un agente del Cuerpo Nacional de Policía con destino en la comisaría del El Puerto con idea de comprar información personal que no podía conseguir en los registros público, y le ofreció la cantidad de 250 pesetas (1,50 euros) por cada dato que le facilitara procedente de los archivos de la Policía y referentes a las personas que él le indicara.

El funcionario aceptó la oferta y para cumplir su parte del acuerdo accedió "tanto con su clave como con la clave de otros compañeros -a fin de no levantar sospechas- al banco de datos del Cuerpo Nacional de Policía".

Las calificaciones fiscales no concretan la cantidad exacta de información proporcionada, si bien "sólo en el mes de noviembre del año 2000 el agente suministró un total de 83 datos de carácter personal de diversos ciudadanos".

Además de contactar con este policía, los jefes de la organización siguieron la misma estrategia y cerraron tratos similares con otro funcionario de la comisaría de Jerez, quien también les abasteció de numerosa documentación a cambio de dinero.

A la fecha de los hechos, las bases de datos del Cuerpo Nacional de Policía a las que accedieron los agentes eran conocidas con los nombres de PERPOL y OBJETOS. En ellas se recogían detalles de las vidas de las personas que iban mucho más allá del DNI, ya que contenían, entre otras referencias, órdenes de detención, hechos imputados, sentencias, informes de salud, descripción física, aficiones y estilo de vida, formación académica, titulaciones, puestos de trabajo, embargos, vehículos... Información "de uso exclusivo para las investigaciones policiales debidamente justificadas".

Los empresarios de Jerez responsables de esta red ilegal contactaron también con un tercer funcionario, un empleado del Instituto Nacional de Empleo, en ese momento dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la localidad de El Puerto. Este trabajador podía entrar en el sistema informático del entonces INEM y en el de la Seguridad Social.

El modus operandi -apunta el fiscal- fue exactamente el mismo: el funcionario recibió dinero a cambio de entregar información reservada previamente solicitada por los cabecillas jerezanos, que a su vez atendían los requerimientos de unos terceros. El total de informes personales suministrados por parte de este empleado público ascendió a 35.261.

Los líderes de este entramado consiguieron igualmente información reservada de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz, "si bien no se ha podido averiguar con total certeza la identidad del funcionario implicado", dice el fiscal.