Agencia Tributaria y Guardia Civil desarticulan red logística de narcotráfico en Cádiz con diez detenidos

Una operación conjunta, llevada a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, ha culminado con la desarticulación de una red logística dedicada al narcotráfico en la provincia de Cádiz. Este importante golpe, efectuado el pasado 18 de noviembre, resultó en la detención de diez individuos, asestando un duro revés a las estructuras criminales que operan en la zona.

Los agentes, pertenecientes a la Unidad Combinada de Cádiz de Vigilancia Aduanera y a la Guardia Civil de Chiclana de la Frontera, contaron con el apoyo crucial del SIVE de Cádiz y de medios aeronavales de Vigilancia Aduanera. Durante la intervención, se aprehendieron dos embarcaciones tipo 'petaquera', cada una equipada con un motor, y se incautaron 2.600 litros de combustible distribuidos en garrafas. Este tipo de embarcaciones y el combustible son comúnmente utilizados para el suministro ilegal de otras naves dedicadas al contrabando. A los diez detenidos se les imputan delitos contra la seguridad colectiva, tenencia de material inflamable e infracción de contrabando, y ya han sido puestos a disposición judicial.

Las pesquisas en torno a esta operación continúan activas y no se descartan futuras detenciones, según han informado las autoridades. Esta exitosa intervención es el resultado directo de una labor conjunta y una coordinación impecable entre el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, demostrando la eficacia de la colaboración interinstitucional en la lucha contra el crimen organizado.

Cabe recordar que la manipulación, el transporte, la tenencia o la comercialización de sustancias inflamables que contravengan las normativas de seguridad vigentes, y que además pongan en riesgo la vida, la integridad física o la salud de las personas, o incluso el medio ambiente, pueden acarrear graves consecuencias legales. Dichas acciones están tipificadas como delitos en los artículos 348 y 568 del Código Penal español, con penas de prisión que pueden alcanzar hasta los ocho años.