Este  año 2023 recién concluido debería haber marcado el inicio de una forma muy diferente de movilidad, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, la decidida apuesta que lanzó Europa para combatir la contaminación, para luchar en la medida de las posibilidades contra el cambio climático y para hacer de nuestras ciudades un lugar más amable para el peatón y más restrictivo para el tráfico no ha encontrado, ni por asomo, la respuesta que sería lógica esperar. 

De entrada, porque prácticamente ninguna ciudad española de las que están obligadas a hacerlo ha puesto en marcha, por ejemplo, la Zona de Bajas Emisiones. Esto es, una zona donde, a groso modo, el tráfico queda limitado a los vehículos menos contaminantes y al transporte público.

En el caso de España, además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico había marcado unas directrices paralelas que deberían desarrollarse conjuntamente con la implantación de las citadas Zonas de Bajas Emisiones. 

El objetivo estaba claro: potenciar el transporte público y el uso de vehículos no contaminantes, además de apostar decididamente por la peatonalización en aquellas zonas que así lo aconsejaran las circunstancias.

Había incluso una fecha fijada para la implantación de dichas Zonas de Bajas Emisiones: el 31 de diciembre de 2023. 

Pero la realidad es bien diferente. A día de hoy pueden contarse casi con los dedos de una mano las ciudades que ya han dado este paso. En el caso de nuestra provincia, ni una sola ciudad ha sido capaz de implantarla.

De momento, la apuesta europea por la movilidad es un auténtico fracaso en España y más aún en nuestra provincia. Y lo peor de todo es que, tal y como está la situación, esta apuesta va a seguir dilatándose en el tiempo porque, al menos a corto plazo, no hay visos de que vayamos equiparándonos no sólo a lo que pretende Europa, sino incluso a lo que ya disfrutan desde hace muchos años países como Holanda, Noruega o Dinamarca.

Pero antes de entrar en materia y ver cómo afecta y cómo se está desarrollando esta apuesta europea en nuestra provincia, habría que analizar qué significa una mejora de la movilidad. Evidentemente, todo depende del cristal con que se mire. 

La mejora de la movilidad podría entenderse de dos formas muy diferentes, a pesar de que está claro que sólo una de ellas responde a lo que pretende la Unión Europea. 

El concepto más radical, pero también el más alejado del objetivo europeo, podría definir la movilidad como la facilidad de los ciudadanos para trasladarse de un punto a otro en cualquier medio de transporte. En este supuesto, obviamente, entraría incluso el vehículo privado.

El segundo concepto, el más aceptado por todos los estamentos políticos, dice que la mejora de la movilidad se produce cuando el tráfico privado disminuye y el uso del transporte público aumenta de forma sustancial. 

Pues bien, si atendemos a la realidad del 31 diciembre de 2023, ni de una forma ni de otra ha mejorado la movilidad en la provincia de Cádiz.

Bajo el primer concepto, el que incluye el transporte privado, ni siquiera se ha mantenido igual. Es más, ha empeorado notablemente en estos doce últimos meses tanto en los trayectos interurbanos como en el interior de algunas de las localidades más pobladas de la provincia, léase principalmente la capital, Chiclana, Puerto Real y todo el entorno del Campo de Gibraltar. 

A nivel interurbano, cada vez son más los desplazamientos que se producen entre localidades de la provincia. El nudo de Tres Caminos sigue su lentísimo peregrinar en busca de una solución definitiva que, si nada se tuerce de nuevo, llegará en cuatro años. 

El acceso a Puerto Real desde la autopista genera cada día que pasa caravanas más largas a la hora de la salida de los trabajos.El éxodo de población se deja notar en este sentido. Y a nivel interprovincial, la liberación del peaje del autopista trajo consigo un aumento del tráfico de forma muy considerable en la AP-4.

Y bajo el segundo concepto, el que prioriza el transporte púbico en detrimento del tráfico privado, la movilidad tampoco ha mejorado apenas a pesar de la iniciativa gubernamental de subvencionar sus trayectos.  Es cierto que esta gratuidad ha elevado las cifras de ocupación del transporte público pero son cifras temporales, cifras  irreales, que en la mayoría de los casos volverán a la normalidad a partir de este 1 de enero de 2024, cuando desaparezcan esas subvenciones. 

Es de esperar que al menos una buena parte de estos usuarios hayan descubierto gracias a las bonificaciones otra forma diferente de desplazarse hasta el trabajo y que sigan haciéndolo en el futuro, ya sin subvenciones.Si esto ocurre, entonces sí podremos hablar de una mejora de la movilidad. 

El tranvía ha sorprendido por su alta ocupación

Este transporte público ha tenido, sin embargo, una cara y una cruz en los últimos meses. La cara la presenta el Tranvía, que ha sorprendido con sus cifras de ocupación, muy por encima de lo que algunos pronosticaban. 

La cruz, por contra, la ofrece un transporte muy similar, el tren, que entre averías y deficiencias de las infraestructuras genera día sí y día también el desencanto de miles de usuarios. 

La otras dos patas del transporte, el mar y la carretera, presentan signos similares. El catamarán anda inmerso en problemas de diversa índole, que a punto estuvieron incluso de derivar en un ERTE. Su uso no termina de despegar como sería desear.

Y en cuanto a la carretera, los autobuses interurbanos no pueden ofrecer una frecuencia atractiva para el usuario porque es imposible cubrir todos los destinos de forma adecuada. Ni siquiera la ejemplar modernización de la flota que ha realizado Transportes Generales Comes puede compensar las limitaciones que siempre va a tener este modo de movilidad.

A nivel local, tan sólo San Fernando está experimentando una mejora en el servicio de autobuses urbanos, con nuevas y modernas unidades, todo lo contrario que ocurre en Cádiz, donde  hay autobuses que se acercan ya a los 25 años de antigüedad, con un nivel de contaminación impropio de estas fechas.A ello hay que unir el estancamiento histórico de las líneas urbanas en la capital.

Estos problemas de movilidad que se están produciendo en la actualidad pueden verse incluso agravados con la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones. Cierto es que se reducirá la contaminación, pero también es cierto que ese no es un problema de gravedad en ninguna de las 8 localidades de la provincia que deberán implantarlas. Un ejemplo de ello es San Fernando, donde un estudio ha certificado que es la localidad de la provincia donde mejor aire se respira. 

Las Zonas de Bajas Emisiones deberán implantarse en todos los municipios con más de 50.000 habitantes y en aquellos de más de 20.000 con problemas de contaminación. 

En la provincia de Cádiz, esta norma afectará a sólo ocho municipios de los 45: Jerez, Algeciras, Cádiz,San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana, Sanlúcar de Barrameda y  La Línea de la Concepción. 

Ninguno de ellos ha podido cumplir la obligación de implantarla antes del 31 de diciembre de 2023.

Estas ZBE limitarán cada día el paso de miles de vehículos, lo que obligará a sus usuarios a buscar otra forma de movilidad.  Por ello, es necesario, y más urgente aún que su implantación, mejorar la oferta de transporte público o, al menos, ir pensando a título individual cómo movernos contaminando menos, que es de lo que se trata en definitiva.

La guinda a este proyecto europeo debe ponerse luego con la peatonalización de, al menos, gran parte de  los centros  históricos, por aquello de que suelen ser los que más volumen de tráfico concentran.

De momento, esta apuesta de peatonalización va, salvo contadísimas excepciones, casi tan lenta como el caminar.