Ruina en las aulas

Estupor fue la palabra. En plena Semana Santa una filtración hablaba de una investigación sobre los cursos de formación en Andalucía que podía suponer un caso de corrupción mayor aún que lo de los ERE. Luis, propietario de una academia de formación en Jerez, no podía creérselo. "Pero si hace dos años que la Junta no entrega cursos y los de los años anteriores aún no los ha pagado..." No le falta razón. Según los datos de la CEAC, la asociación que representa a las cada vez menos academias de formación existentes en nuestro país, sólo en la provincia de Cádiz la Junta adeuda al sector 17 millones de euros. En Andalucía, la cifra se dispara hasta los 62 millones. Son cursos ya dados de las más variopintas especialidades que no sólo no se han pagado, sino que ni siquiera se han revisado los expedientes. Este mismo empresario asegura que la Junta no ha visado aún los últimos cursos que le entregó y que datan de los años 2010 y 2011. Es más, ni siquiera le ha remitido un acuse de recibo a la documentación enviada. Del dinero, más de 150.000 euros, lo que no es una pequeña cantidad para una pyme, ni hablamos.

Esa es la otra realidad de los cursos de formación, de la que apenas están hablando los políticos que se están lanzando los trastos a cuenta de lo que, de momento, es un caso no aclarado de cursos entregados en Málaga entre 2007 y 2011 con compromiso de contratación. "En otros tiempos no era extraño encontrarte una academia que salía de la nada: un local alquilado y tres profesores, no mucho más. A continuación optabas a uno de los cursos de garantía de contratación, por lo que percibías el 75% de la subvención por adelantado. Ese era un curso que te llevabas seguro. Podía llegar a suceder que cerraras la academia, quizá porque no la pudieras sostener, y te quedabas con el 75%, pero ese es un recorrido corto y no un hecho generalizado porque se supone que si no cumplías, cerrada o no cerrada la academia, lo tenías que devolver. También podía pasar en los últimos años que te dieran el curso, pero no te adelantaran el 75%, con lo que tú a lo mejor no habías cumplido con el curso y no habías contratado al porcentaje de alumnos estipulado, pero tampoco habías cobrado. De modo que fraude había, pero en todo el procesoel único que había movido un duro era el formador".

Esta explicación ofrecida por otro empresario del sector, que prefiere guardar anonimato "por si alguna vez vuelven los cursos", explica bien hasta qué punto la formación se ha movido en el caos. Es cierto que ya no existe ese sistema viciado de cursos a cambio de contratación para maquillar cifras de paro. Ahora la formación se regula por un concepto llamado concurrencia competitiva, que cuenta con 50 elementos evaluables. Se supone que este nuevo sistema premia a los mejores formadores. Estaría muy bien, claro, si hubiera cursos. La realidad es que en estos últimos años la formación ha cambiado de manos y ha pasado de Empleo a Educación, la dirección provincial ha cambiado hasta cinco veces de sede, ha desaparecido la Fundación Andaluza de Formación, Faffe, con un considerable agujero que en la provincia puede superar los 4 millones (sólo 400.000 euros en los cursos para trabajadores de Delphi), han cambiado los jefes de servicio... Para los empresarios dedicados a la formación, estos años han sido un "auténtico mareo, sin saber muchas veces a dónde dirigirnos, a dónde reclamar no ya nuestro dinero, que también, sino simplemente la confirmación de que nuestros expedientes estaban siendo tramitados". Para un sector que daba trabajo a más de 2.400 monitores en unos 290 centros colaboradores este desbarajuste ha sido la puntilla. Quienes no se han podido mantener con una clientela exclusivamente privada ha sido el fin. El cálculo es que en la provincia han podido desaparecer en los dos últimos años cerca de 80 centros.

La prueba de que la Junta sabía que la formación para desempleados era un caballo desbocado, que no había un control adecuado, está en todos estos cambios experimentados que han dejado en fuera de juego al sector privado, la principal víctima de los cerca de 100 millones de euros no utilizados por la Junta en los dos últimos ejercicios y del recorte de 30 millones en políticas de empleo para el actual ejercicio, fondos que ya no llegan de Madrid y que han generado otra tangana política en la que poco se ha hablado de la realidad, del día a día, de qué es lo que ha pasado en los dos últimos años.

Se ha querido compensar la formación desde Educación con el mantenimiento de escuelas taller, un total de 44 y que son de solicitud pública, ya sea a través de ayuntamientos, mancomunidades o de Diputación. En la provincia hay 900 alumnos en estas escuelas taller que entre directivos, docentes y personal de apoyo dan trabajo a 176 personas. El presupuesto es de algo más de 20 millones de euros. Es un notable incremento con respecto a hace seis años, cuando la provincia sólo contaba con doce escuelas taller para poco más de 500 alumnos y con un presupuesto de 9 millones de euros. La dimensión de estas escuelas es muy variable. La mayor de la provincia se encuentra en Sanlúcar, promovida por Diputación, y que cuenta con 24 alumnos, desempleados que aprenden oficios que van desde la repostería a la tonelería, pasando por la elaboración de conservas. Con una dotaciónd e 700.000 euros, la escuela taller se presentó ante las cooperativas vitivinícolas de la localidad como un logro del PP, aunque hubiera sido solicitado con anterioridad por el PSOE. En definitiva, la formación utilizada como rédito político.

Esto es lo que horroriza a Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia. "La formación es algo muy serio como para que esté puesto en el foco político-mediático-judicial-policial. Si hay irregularidades, que se depuren, pero estamos hablando de un largo universo al que no se le puede pegar tiros indiscriminadamente. Y la razón es muy simple: es imprescindible seguir haciendo formación". Hace años que la CEC no realiza cursos de la Junta, por lo que se ha volcado en otras fórmulas y otros colaboradores, principalmente las cámaras de comercio y las empresas. "Me niego a tener conciencia de haber hecho mal y que por decir que das formación, y nosotros llevamos 30 años dándola, eres sospechoso de nada. Vayamos al hecho, a la realidad: tenemos carencias en nuestro sistema educativo. Si no haces formación, nuestros desempleados no pueden ser competitivos en el mercado laboral. Y los necesitaremos para el sector aeronáutico, necesitaremos que sepan idiomas, necesitaremos que sepan manejar las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías... La formación no es un capricho y, desde luego, lo que no tiene que ser la formación es un gallinero político". Los datos sobre la escasa formación de nuestros desempleados parecen darle la razón. En la memoria de 2008, cuando la Construcción empezó a arrojar al paro a miles de jóvenes sin preparación, los esfuerzos en formación tuvieron que dirigirse en un 70% de los casos a personas que o no tenían estudios o sólo habían alcanzado la etapa obligatoria.

Pero han ocurrido demasiadas cosas en el pasado y que son del dominio público como para que no exista una desconfianza. Los cursos para los ex trabajadores de Delphi es un ejemplo de mala prensa. La Junta llegó a decir que serían un referente mundial y en ese referente se incluían visitas al zoo o el visionado de películas como El increíble Hulk. Esta formación se entregó a empresas como Forja XXI, vinculada a familiares de mandatarios socialistas. La Guardia Civil investiga al ex consejero de Hacienda, Ángel Ojeda, vinculado a un entramado asociativo que llegó a percibir en un sólo día hasta diez millones de euros en subvenciones a la formación. Rafael Velasco, que competía con Susana Díaz por el liderazgo en el PSOE andaluz, renunció de un día para otro tras conocerse las ayudas dadas por la Junta a la academia de formación de su mujer...

Milagros Escalera, responsable de Formación de CCOO de Andalucía, que a través del Forem sólo accede a un 4% de los fondos de formación de desempleados, reconoce que esta mala imagen está dañando lo que es "un derecho de todos los trabajadores que, además, sostienen ellos y los empresarios con sus nóminas". Para Escalera, ha llegado el momento de que "se garantice por parte de las administraciones públicas la transparencia, calidad, eficacia y eficiencia en la gestión, mejorando los controles y persiguiendo las malas praxis en la gestión de los fondos. Malas praxis que -subraya Escalera- no están generalizadas".

En definitiva, control, aunque control sobre lo que empieza a ser una entelequia. Control sobre algo que apenas existe.