El Gobierno nunca dijo que pagaría la oficina de la ITI

Pese a estar curtido en decenas de plenos, José Loaiza cayó al final del de ayer víctima de su propia cuestión. Además, en torno a un asunto crucial para la provincia: la puesta en marcha de la Inversión Territorial Integrada (ITI), una iniciativa que pretende inyectar 1.300 millones de euros para la creación de empleo. En el turno de preguntas, el portavoz del Grupo Popular y ex presidente de la institución pidió al equipo de gobierno socialista que explicase cómo es que la Diputación iba a abrir la Oficina de la ITI con sus propios medios, tal y como había adelantado este periódico. Al final del año pasado, Loaiza había informado de que el Gobierno central "podría financiar hasta el 80%" de esa oficina, además de prestar asistencia técnica a los municipios, en virtud de un convenio suscrito por él, entonces presidente, y la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás. Fue Ana Carrera, diputada delegada de Empleo, la que le sacó de dudas: "Diputación montará la Oficina de la ITI con medios propios porque, como usted bien sabe, el Gobierno nunca se comprometió a hacerlo". Así lo prueba el convenio que firmó Loaiza y la carta con la que responde a la institución el subdirector general de ese departamento del Ministerio de Hacienda, Anatolio Alonso, como se puede comprobar en los documentos que reproducimos.

Textualmente, el convenio suscrito por Diputación y Ministerio el 8 de abril del pasado año, da cuenta del acuerdo para el desarrollo de la ITI en la provincia y, en el apartado segundo de acuerdos, señala: "La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos se compromete, a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios, a prestar a la Diputación la asistencia técnica necesaria para el diseño y la puesta en funcionamiento de la Oficina". En su apartado tercero, concluye: "El presente convenio no generará obligaciones económicas para ninguna de las partes firmantes, cada una de las cuales asumirá las obligaciones referidas en los apartados anteriores con sus propios medios materiales y personales". Es más, el pasado mes de noviembre, la diputada provincial Ana Carrera recibe una carta del subdirector general de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda en la que éste responde proporcionando información sobre la ITI. En esa carta, el alto cargo del Ministerio vuelve a recordar a Ana Carrera que, efectivamente, el convenio firmado no contempla obligaciones de financiación. Esto es lo que está escrito y lo que ayer mostró Carrera a Loaiza. Distinto es que en alguna reunión interna se le informara de la posibilidad de financiación.

Por lo demás, el primer pleno ordinario de 2016, a juzgar de quienes no se pierden ni uno, mantuvo un tono más bien plano y cierto espíritu de consenso. Salvo alguna acusación entre populares y socialistas, y viceversa, sobre vuelos que nunca fueron, la gestión del deporte y la cultura y sobre recortes impuestos por sus partidos. Miembros del PSOE y del PP también intercambiaron varias puyas con el "aprendiz de diputado" José María González, como se llamó a sí mismo el alcalde de Cádiz, que se defendió con buen talante.

De hecho, el Pleno alcanzó siete acuerdos unánimes, dos de ellos cruciales para dos sectores productivos estratégicos. La propuesta socialista de instar al Gobierno central a la implantación de un plan industrial para el sector naval en la Bahía de Cádiz que permita garantizar carga de trabajo a medio y largo plazo salió adelante de manera unánime con una adición de Por Cádiz Sí se Puede, que la amplió al sector eólico y añadió la petición a la Junta de que ofrezca la formación homologada necesaria para la contratación de personal. Todos los grupos respaldaron, además, una llamada de atención al Ministerio de Industria y a Endesa para que resuelva los problemas de suministro eléctrico que padece el puerto de Algeciras, en crecimiento.

La unanimidad no quedó ahí. Hubo consenso en torno a la propuesta de Ganemos Jerez de exigir a la Consejería de Salud el restablecimiento inmediato del servicio que prestaba a toda la provincia el helicóptero del 061 desde su base en Jerez durante todo el año. Y fue pleno el respaldo a la propuesta de IU para que se arregle ya la carretera CA-402 entre Espera y Bornos, la de instancia a la Junta para que se solucione de una vez por todas la situación por la que atraviesa la Escuela de Hostelería de Cádiz y a la supervivencia del Teatro Villamarta, de Jerez, aunque con una enmienda del Grupo Socialista a la moción de Ganemos Jerez. Asimismo fue cerrado el sí a una propuesta popular para el Parque Arqueológico de las Murallas Medievales de Algeciras y al césped para el campo de fútbol de Grazalema.

Con la oposición del PP, salieron adelante una petición de derogación de la reforma del artículo 315.3 del Código Penal, contra el derecho de huelga, otra contra las pruebas de evaluación final en Educación Primaria y una tercera contra la proporcionalidad del esfuerzo inversor del Gobierno central en Andalucía. El PSOE, por su parte, tumbó una propuesta de Por Cádiz Sí Se Puede a favor de las trabajadoras despedidas de los servicios de emergencias del 112 y con la ayuda del resto de los grupos, salvo IU y Ganemos Jerez, otra de José María González sobre la aplicación de una Ordenanza de Transparencia en Diputación.