La situación de crisis sanitaria que ha provocado la pandemia del Covid-19 y la crisis social que de ella se deriva ha puesto en relieve las deficiencias técnicas que lastra el servicio en la Administración de Justicia y el anticuado sistema de prestación del mismo, según expone el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (Staj) en un comunicado.

"Si se hubieran hecho las inversiones necesarias para modernizar la Justicia y digitalizarla convenientemente, las restricciones en el funcionamiento de esta Administración no hubieran tenido la magnitud y severidad que han alcanzado durante el estado de alarma, con los consiguientes perjuicios para el justiciable", explica el sindicato.

Desde Staj subrayan que las medidas organizativas y procesales aprobadas por el Gobierno suponen "una toma de conciencia de esa falta de atención que los distintos Gobiernos de nuestro país han mostrado a la hora implantar, de manera generalizada, las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Algunas de las medidas del Real Decreto Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, llegarán para quedarse y otras deberán limitarse a la duración de esta situación de crisis. Lo que queda claro es que nada volverá a ser como antes".

Para el sindicato, que se habilite la posibilidad del teletrabajo a los funcionarios o que se limite la atención al público a aquellas personas que hayan solicitado cita previa "son medidas que debieron implantarse hace mucho tiempo. La continua deambulación  de abogados, procuradores y particulares por los juzgados para preguntar por el famoso 'que hay de lo mío', conlleva un constante entorpecimiento y parálisis en la tramitación de los procedimientos, por cuanto los funcionarios deben parar continuamente la gestión de los mismos para atender las consultas de seguimiento de los interesados".

Con estas dos medidas concretas, entiende Staj, se reducirá considerablemente la afluencia de personas en las sedes judiciales, "las cuales ya de por sí reciben mucho público".

Por contra, otras medidas acordadas en el Real Decreto son "de dudosa legalidad y otras de difícil puesta en práctica" para el sindicato. "Habida cuenta la confidencialidad de la delicada información que se maneja en esta Administración, la atención telefónica que pretende priorizar el Real Decreto pone en riesgo la protección de datos, además de que no es posible acreditar con absoluta fiabilidad y certeza la identidad de quien se comunica desde el otro lado del teléfono. Otro inconveniente que plantea esta medida lo constituye la contaminación que supone que un mismo teléfono sea usado por todos los funcionarios de la plantilla de cada juzgado". 

Respecto a habilitar como días hábiles los comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto, Staj considera que esta medida tiene "una más que dudosa viabilidad legal, por cuanto el artículo 183 LOPJ solo lo prevé para actuaciones declaradas urgentes en las leyes procesales o por habilitación del CGPJ, mediante reglamento, para otras actuaciones, que entendemos deberían ser señaladas taxativamente".

Con independencia de la legalidad de esta medida, la habilitación de los días de agosto "no sólo perjudica al descanso vacacional de abogados y procuradores que, esclavos de los plazos, no podrán tomarlo sino durante los primeros días de agosto, sino que favorecerá la tramitación acelerada de los procedimientos en curso, gracias a la falta de entrada de público y de nuevos escritos durante ese mes".