El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz ha planteado una serie de alegaciones al primer documento de trabajo elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre las nuevas medidas organizativas procesales que tienen como objetivo agilizar la Administración de Justicia una vez que finalice el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus. 

José Blas Fernández, presidente de la institución colegial gaditana, ha aclarado en primer lugar que el Real Decreto que propone el Gobierno y que afecta a todos los operadores jurídicos "puede caerse" en tanto que "la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una ley de rango superior, no puede hacerse mediante Real Decreto"."El punto de partida ya es erróneo. El estado de alarma no puede servir de excusa para tramitar una reforma de tanto calado de manera improcedente".

En lo que se refiere a la jurisdicción social, Blas Fernández propone que se amplíe el número de juzgados de lo Social especializados en ejecuciones. "En la provincia hay ocho juzgados de lo Social: tres en Cádiz, tres en Jerez y dos en Algeciras. Si uno de ellos absorbiese todas las ejecuciones de manera exclusiva, agilizaría mucho los trámites, más si tenemos en cuenta la avalancha de asuntos que se avecina en esta jurisdicción". 

Respecto a la medida que plantea que el mes de agosto sea hábil para las actuaciones judiciales, el presidente del colegio dice lo siguiente: "Los graduados consideramos que debería habilitarse solo la primera semana de agosto para los señalamientos y que las otras tres semanas se respeten como vacaciones".

El Colegio de Graduados Sociales lanza otra alegación al plan del choque del CGPJ para desatascar la Justicia tras la crisis del Covid-19: un plan de jubilación activa para los magistrados. "Igual que se han reincorporado médicos jubilados al sistema sanitario, pedimos que jueces experimentados, veteranos y preparados se sumen, de forma voluntaria, a la plantilla judicial".

Asimismo, los graduados sociales reclaman su inclusión en el sistema de asistencia jurídica gratuita. "El propio informe del CGPJ recoge que, probablemente, nos encontremos ante 45.000 demandas de impugnación colectiva de los ERTEs generados por la incidencia en el mercado laboral de la pandemia, además de otras 80.000 demandas de impugnación individual de los mismos. Esto significa que, en tan solo un mes, entrará en los juzgados de lo Social el equivalente al nivel de entrada de pleitos de 10 años. Junto a ello, se iniciarán numerosos litigios por despidos, por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por falta de abono o retrasos continuados en el pago de los salarios pactados, de descuelgues de convenios colectivos, de solicitud de prestaciones por desempleo o de reclamación de prestaciones de la Seguridad Social, entre otros muchas cuestiones que se someterán al conocimiento de la jurisdicción social". explica José Blas Fernández.

Por eso, el colectivo de graduados sociales "está dispuesto a colaborar, si así se estima conveniente, en el turno de oficio, habida cuenta las circunstancias tan graves que estamos viviendo, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva mediante una defensa adecuada de los intereses del justiciable".

Por último, Blas Fernández solicita que se regulen las conciliaciones previas a los juicios en vía administrativa "de una manera ágil y efectiva" a través del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación dependiente de la Junta de Andalucía.