Comisiones Obrera estima que la Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia de la Junta de Andalucía calca prácticamente al Ministerio de Justicia e impone una desescalada uniforme en esta Administración "que no se basa en criterios sanitarios, pues supone una presencialidad mayor que la actual y que la que se aplicará a los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía".

Según CCOO, "se nos presenta un cronograma absurdo, no es aceptable que algunas provincias -como Málaga y Granada- sigan en la fase 0 de la desescalada mientras sus servicios de Justicia pasan a la fase 1". 

De otra parte, el sindicato critica que, pese al anuncio del vicepresidente de la Junta Juan Marín, los funcionarios ya incorporados a los órganos judiciales no se han sometido a pruebas de detección de Covid-19.

"La Administración tampoco acepta nuestra petición de que la incorporación de más trabajadores se lleve a cabo siempre con la intervención de los delegados de prevención, previo informe preceptivo y favorable de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales", explica CCOO, que denuncia que ahora los funcionarios pueden incorporarse a sus puestos "en base únicamente a la petición arbitraria de las necesidades del servicio, sin contemplar los requisitos sanitarios necesarios".

Comisiones acusa a la Junta de ceder sus competencias al Ministerio de Justicia y de aceptar las presiones económicas y corporativas del Poder Judicial, negándose a cumplir lo que establece Sanidad para nuestra comunidad. "Exponen al personal a la pandemia al mismo tiempo que ponen en riesgo su salud y la de la ciudadanía que se relaciona con la Administración de Justicia". Por eso, el sindicato ha decidido denunciar en plan de desescalada ante la Inspección de Trabajo. 

Para CCOO, "una vez más se ha antepuesto la prestación de servicios no esenciales durante el estado de alarma a la protección de la salud de los profesionales que integran la Administración de Justicia".