La Justicia en Cádiz ha escuchado una de sus demandas más antiguas y el segundo juzgado de lo mercantil, colapsado durante la crisis de 2008 hasta niveles que le llevaron a que muchos concursos de acreedores se eternizaran, será una realidad en el nuevo curso. En esta ocasión su necesidad era improrrogable, ya que se sospecha que el covid también va a traer una gran carga de trabajo a este nuevo juzgado, que no podría ser asumido por el único mercantil, pese a que durante mucho tiempo ha contado con jueces de apoyo que han intentado aliviar la acumulación de tarea.

La Consejería de Justicia ya ha dado conformidad para estos juzgados de nueva creación marcados por la emergencia de la pandemia y las derivadas legales que van a tener . Al igual que el segundo de Cádiz de lo mercantil, cuya urgencia era bien conocida por el ministro, el gaditano Juan Carlos Campo, también se ha dado el visto bueno desde la Consejería a otro Mercantil en Granada y a otros nuevos de lo Social en Huelva y Córdoba.

Esta Orden, que aparece en el BOE, modifica parcialmente otra del 11 de julio de 2019 que disponía la fecha de entrada en funcionamiento de 45 juzgados en toda España.

También se ha dado curso a la creación, a partir de octubre, de un nuevo juzgado de instrucción, el número 6, en Chiclana. Éste ya estaba previsto y lo que ha hecho ahora el Ministerio es ponerle fecha. En realidad, aquí lo que se produce es un retraso, ya que estaba prevista su puesta en funcionamiento la próxima seman a, el 30 de junio, pero debido al parón del confinamiento no ha sido posible su finalización y la nueva fecha será a finales de octubre.

El plan de choque del Ministerio de Justicia para hacer frente a la crisis económica provocado por la Covid-19, sin embargo, deja una sorpresa desagradable para Algeciras. En él se proyecta la creación de varios nuevos juzgados en Andalucía para hacer frente a la sobrecarga de trabajo derivada de la situación sobrevenida y entre ellos se ha incluido el mercantil de Cádiz, una decisión que ha generado malestar en el sector judicial y en ámbitos políticos en el Campo de Gibraltar, ya que se ha desechado la opción de crear ese nuevo órgano en una comarca con una fuerte actividad industrial y, sobre todo, con el mayor puerto del país; además de la materia concursal, estos juzgados son los encargados de tramitar los asuntos relacionados con la normativa de transportes y los relativos a la aplicación del Derecho marítimo.

El Ministerio de Justicia aprobó el pasado mes de mayo un plan de choque que entre otras medidas incluye la creación de juzgados que se harán cargo temporalmente de los asuntos (fundamentalmente procedimientos concursales y sus derivados) consecuencia de la Covid-19. A la comunidad andaluza le corresponden varios de esos órganos y para determinar el lugar en el que habilitarlos se le pidió a la Junta de Andalucía un informe. Esta lo ha elaborado junto al TSJA y ha propuesto la creación de cuatro órganos ya mencionados.

Esa propuesta ha sido remitida al Ministerio, que será quien dé el visto bueno definitivo o no a la creación de esos órganos. Fuentes autonómicas apuntan a la premura de tiempo para su creación: los juzgados tendrán que estar en marcha a 1 de septiembre y para ello deben disponer de espacio rápidamente y habrá que habilitar un procedimiento de contratación de urgencia. Se trata, señalan, de habilitar un juzgado en dos meses, algo que también se ha tenido en cuenta.

Desde el Campo de Gibraltar se ve la creación de ese Mercantil como un varapalo a las aspiraciones del partido judicial de Algeciras de contar con uno propio que evite los desplazamientos a Cádiz. Como destaca el decano de los jueces de Algeciras, Alberto Ruiz, “nos ha sorprendido que no se haya planteado la posibilidad de crearlo en Algeciras. Por la actividad económica y por albergar el primer puerto del país, uno de los mayores de Europa”.

Fuentes municipales también han mostrado su malestar. El PP ha reclamado en numerosas ocasiones un juzgado de lo Mercantil en Algeciras, una propuesta con respaldo legal: la Ley del Poder Judicial establece que se pueden establecer estos órganos fuera de las capitales de provincia.