El mayor problema que durante toda la crisisha tenido la administración de Justicia en la provincia tierne el nombre de un juzgado, el de lo Mercantil, encargado de absorber un cataclismo económico materializado en forma de quiebras de empresas pasando previamente por el concurso de acreedores. Los concursos de acreedores, creados antes de la crisis, para intentar salvar empresas en dificultades económicas, se han mostrado abiertamente ineficaces a partir de 2008, cuando acudir a un concurso era un paso previo a la casi segura liquidación de la empresa, pero después de pasar por un larguísimo proceso burocrático que se tenía que encargar de realizar en la provincia un solo juzgado y durante muchísimo tiempo un solo juez.

El juzgado de lo mercantil, a la espera de que el Poder Judicial apruebe el tan solicitado segundo juzgado, cuenta con dos jueces de refuerzo para que su titular pueda dedicarse en exclusiva a solventar los concursos acumulados. El pasado 2016 entraron 81 empresas nuevas en esta rueda, ocho menos que en 2016. El descenso es paulatino, pero no demasiado significativo, como se ve, y hay que contar con todos los que se arrastran de años anteriores.

Consecuencia directa de la situación de Mercantil es lo que está sucediendo en los juzgados de lo Social. Un concurso de acreedores lleva aparejados despidos que se realizan por vía de la reforma laboral, lo que ofrece en una gran parte de los casos la posibilidad de litigar. Los juzgados de lo social cuentan con un número adecuado de funcionarios, según la memoria de 2016, pero el gran número de casos no permite a los jueces resolver con la celeridad deseada. Un caso que entre ahora no será visto, de media, hasta principios de 2018. La experiencia en la provincia en derecho laboral ha hecho que una de las titulares de lo Social de Cádiz haya sido llamada al Constitucional para asesorar en los casos que lleguen a esta instancia.