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La industria del automóvil europea se enfrenta a una nueva situación en la guerra comercial internacional desatada por Donald Trump. El presidente de EE.UU. ha anunciado la imposición de aranceles del 30 por ciento a todas las importaciones procedentes de la Unión Europea, independientemente de los aranceles sectoriales -un 2,5 por ciento en el caso de los turismos-, con entrada en vigor desde el 1 de agosto. La medida afectará de lleno a algunos de los fabricantes de automóviles que representan una parte clave del comercio transatlántico.
La decisión responde, según Trump, a “décadas de desequilibrios comerciales” y busca “defender la industria y los empleos estadounidenses”. Sin embargo, para el sector del motor, supone un revés estratégico en un momento de fuerte transformación hacia la electrificación, la digitalización y la reconfiguración de cadenas de suministro.
Los aranceles afectan especialmente a marcas como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi y Porsche, cuyas gamas de alta gama tienen una fuerte presencia en el mercado estadounidense. También se verán impactadas compañías como Stellantis y fabricantes de componentes.
En su carta publicada en su plataforma Truth Social y dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Trump ha anunciado, como viene haciendo con otros países, que dará marcha atrás en su decisión "si la Unión Europea o sus empresas deciden fabricar productos en Estados Unidos".
El golpe se suma a las tensiones ya existentes con China y a las presiones inflacionistas que sufre el sector por el encarecimiento de materias primas y energía. La ACEA ha calificado la medida como “injustificada, proteccionista y perjudicial para consumidores y trabajadores”.
Además de los vehículos terminados, los aranceles podrían tener efectos indirectos sobre la cadena de suministro de componentes, incluyendo motores, baterías, electrónica y sistemas de asistencia a la conducción. En los últimos años, muchos fabricantes habían optado por mantener parte de su producción en Europa gracias a acuerdos comerciales estables. Esta nueva barrera podría forzar relocalizaciones industriales o ajustes de precios que se trasladarían en forma de subidas al consumidor.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que el propósito de la UE es mantener en suspenso las medidas de represalia contra estos aranceles para poder seguir negociando hasta el momento de su implantación, si bien las contramedidas siguen preparándose por si no se llegase a un acuerdo final.
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