El 'Parlament' culmina la ruptura

El Parlamento catalán es una Cámara en rebeldía que avanza al ritmo que le ha marcado la CUP. Por eso aprobó ayer la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundamental de la República Catalana, la segunda de sus dos leyes de desconexión. Como el día anterior, la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, condujo la sesión por encima de cualquier legalidad. "De aquí no nos vamos hasta aprobar la ley", comentó el árbitro de parte, que no ha oído ni al Constitucional ni a sus letrados ni a su Comité Garantías Estatutarias. La formación que sostiene a la Generalitat, Junts pel si, hubiera preferido que esta segunda ley, una norma de ruptura con el Estado español, se aprobase después del 1 de octubre, pero los antisistemas impusieron lo que es un paso gratuito, pero que tiene todo su sentido en esta espiral insurreccional del Parlamento de Cataluña.

Si el Estado no lo impide, el Parlamento catalán proclamaría la república dos días después de conocidos los resultados del referéndum, con lo cual el 3 de octubre el presidente Puigdemont podría emular lo que en 1934 ya hizo Companys. No parece que las anulaciones de leyes del Tribunal Constitucional vayan a detener estas acciones. A pesar de conocer su ilegalidad y de haber sido advertido, Carles Puigdemont ha firmado los decretos de convocatoria del referéndum, ha abierto una web oficial para ello y ha comunicado a los alcaldes que le informen si pueden disponer de los mismos colegios que en las pasadas elecciones autonómicas. Fuera de la legalidad, pero con su propia legalidad construida en apenas 48 horas, los independentistas siguen adelante. Su ley de ruptura es una norma "suprema" que sirve de Constitución en tanto no se apruebe la propia. Establece el modelo de Estado, da el control del territorio y las fronteras a la Generalitat, y se apropia de los bienes de la administración española.

La estrategia para aprobar la ley fue la misma que el día anterior: una alteración del orden del día para discutirla y aprobarla, a pesar de las advertencias del Constitucional y del informe de Garantías Estatutarias que daba la razón al PP, Ciudadanos y PSC para que el texto tuviese que ser supervisado.

La jornada transcurrió tal como el miércoles, los portavoces de PP, Ciudadanos y PSC intentando evitar lo inevitable por voluntad de Forcadell. El representante del grupo de Podemos, Joan Coscubiela, cuyo grupo se opuso a la ley, fue especialmente duro. Y emotivo: "No se dan cuenta de la gravedad de lo que están haciendo aquí: es muy grave, es cogerle el gusto a la antidemocracia y al autoritarismo y a pisar los derechos de los parlamentarios". E insistió: "Estoy dispuesto a partirme la cara para que ustedes voten sobre la independencia de Cataluña, pero no si pisan los derechos de los diputados".

El grupo donde se integra Podemos en el Parlament es una amalgama, una formación fabricada a base de retales de izquierda donde confluyen sindicalistas, dirigentes de IU, de Podemos y donde faltan los comunes de la alcaldesa Ada Colau. En esta cuestión de Estado, Podemos ha dejado de ser de fiar para Moncloa, la última cena entre el vicepresidente Oriol Junquera, Pablo Iglesias y el empresario mediático Jaume Roures, en Barcelona, horas después de la manifestación contra los atentados, dejó en evidencia a su líder.

El frente judicial ha podido dar paso al penal y al policial. La rebelión del Parlament y de la Generalitat no se va a detener por una nueva decisión del Tribunal Constitucional, aunque la Fiscalía General del Estado dio ayer un paso importante, quizás decisivo, al ordenar a las cuatro fiscalías provinciales de Cataluña y a todas las fuerzas de seguridad, incluido los Mossos, que impidan los actos que conduzcan al referéndum y actúen contra las personas que las promuevan y realicen. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha presentado querellas criminales contra los miembros de la Mesa y del Gobierno catalán por los delitos de prevaricación, malversación y desobediencia. Los fiscales actuarán en todos los tribunales, lo que incluye al Superior de Cataluña, por los cargos aforados; en la Audiencia Nacional, por si hubiese sedición, y en el Tribunal de Cuentas.

Hoy no habrá sesión en el Parlamento, pero el Gobierno de la Generalitat intentará seguir con los preparativos del referéndum. Esto es lo que trata de evitar el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Esta vez no quiere que suceda como en el 9-N, cuando el entonces presidente, Artur Mas, pudo celebrar lo que redujo a una consulta popular ante una relativa pasividad del Gobierno.