Un testigo mudo en el muelle

Era un 1 de febrero de 2006. En torno a las siete de la tarde en esta redacción se recibía un soplo: estaba en marcha una operación contra un buque cazatesoros en el muelle de la ciudad. Pocos minutos después, un redactor y un fotógrafo de este periódico se encontraban en el muelle exterior de la dársena portuense y presenciaban como los agentes de la Guardia Civil comenzaban a descargar restos de lo que parecía un naufragio y diversos aparatos tecnológicos para rastrear el fondo marino. La embarcación también guardaba una amplia documentación histórica sobre zonas con yacimientos subacuáticos. Incluso, se localizaba un armero con subfusiles y pistolas.

Trascendía así la llamada Operación Bahía, una intervención que se llevaba a cabo cuando aún coleaba el escándalo del buque Odissey. Durante los siguientes días, semanas y meses se detuvieron a más de una decena de personas relacionadas con las labores que realizaba una supuesta red dedicada al expolio de fondos marinos. Su centro de operaciones era el Louisa, una embarcación de unos 70 metros de eslora que arribó a El Puerto en agosto de 2004.

En esta semana se han cumplido, por tanto, ocho años desde que el buque atracara en el muelle exterior. Desde entonces, ha sido un testigo mudo de todo lo que ocurre a su alrededor. Desde que se llevó a cabo la operación, el armador no ha podido hacer uso de él por mandato judicial puesto que aún está pendiente de resolverse el procedimiento abierto tras las investigaciones de la Guardia Civil.

La falta de uso y de mantenimiento ha provocado que el Louisa parezca casi un barco fantasma. No en vano ya es un elemento más de un paisaje ribereño donde es habitual ver barcos que van camino del desguace. Sin embargo, mientras otros pasan a ser chatarra, el Louisa permanece. El mandato judicial lo mantiene amarrado al muelle, lo que le ha supuesto, incluso, al Gobierno español una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El denunciante es San Vicente y las Granadinas, un país conformado por un grupo de islas situadas al sur del Mar Caribe. El Louisa, en el momento de la Operación, se encontraba bajo bandera de este estado aunque su armador es la empresa radicada en Texas JBF Holdings Inc, a través de la entidad Sage Maritime Scientific Research. El país caribeño presentó una demanda en 2010 donde exigía a España la liberación de esta embarcación (y de otra, de menor eslora, que aún se encuentra en Puerto Sherry y que se llama Gémini III) y una indemnización económica por los daños ocasionados en el barco por su inutilización. El país caribeño alega que se ha producido un supuesto incumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. No obstante, el conflicto no se ha resuelto aún y se ha fijado para el próximo mes de octubre la vista oral sobre la situación legal de este barco atracado en la ciudad. Eso sí, la primera batalla la ganó la delegación española a finales de 2010 ya que el demandante solicitó un levantamiento cautelar del apresamiento que no fue aceptado por el tribunal.

En su petición, los representantes de San Vicente y las Granadinas alegan que el barco se dedicó a realizar prospecciones marinas ante la "posible existencia de fallas que pueden indicar la presencia de una o más reservas de petróleo o gas" en el golfo de Cádiz. Asimismo, aseguran ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que tiene sede en Hamburgo, que contaban con autorizaciones de las administraciones españolas para realizar esta labor.

En cambio, la delegación española, encabezada por la profesora y experta en derecho internacional Concepción Escobar Hernández, presentó una memoria donde advierte que el Louisa era la base de operaciones de un grupo que trataba de expoliar pecios. De hecho, incide en que el Gemini III, que era el barco satélite del Louisa, había navegado por zonas donde se tiene constancia de restos subacuáticos. Además, advierte que el permiso que se le concedió era para realizar un estudio ambiental sobre la incidencia del tráfico marítimo en los fondos marinos, hecho que no concuerda con los aparatos y elementos que se hallaron en el interior del buque.

Y todo esto ocurre mientras se ultima el procedimiento judicial para determinar la responsabilidad penal de la decena de imputados que hay por este caso. Así, mientras se resuelve tanto la vía judicial como la controversia diplomática, el Louisa continúa su conversión a barco fantasma a orillas del Guadalete.