Siete empresas optan al derribo de los inmuebles de Santa Clara

Siete empresas serán las que opten finalmente a ser la adjudicataria de los derribos de los inmuebles del entorno de la ermita de Santa Clara. Según la información ofrecida por la empresa municipal de vivienda (Suvipuerto), las sociedades ofertantes serán Volconsa, Demoliciones Córdoba, Construcciones y Excavaciones Erri Berri, Demoliciones Técnicas, Derribos Pavón, Voladuras Técnicas y Broexcon.

Al concurso promovido por la entidad municipal se habían presentado 14 empresas. Finalmente han quedado estas siete tras analizar la personalidad y solvencia de las solicitantes por parte de una mesa de contratación creada a tal efecto.

Las empresas que han pasado esta primera selección deberán presentar ahora su oferta económica antes del próximo día 22. Los trabajos consisten en la demolición de los inmuebles ubicados en los números 4, 6, 8 y 10 de la calle Cruces y 1 y 3 de Yerba. Suvipuerto alcanzó hace más de un año un acuerdo de expropiación con todos los propietarios.

Esta actuación es necesaria antes de poder iniciarse la operación urbanística que se proyecta sobre el ya desaparecido grupo de viviendas de Santa Clara. En el solar resultante, la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) y el Ayuntamiento, mediante una encomienda de gestión a Suvipuerto, proyectan la construcción de 190 viviendas de protección oficial (VPO).

En un comunicado, el concejal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, apuntó que el Ayuntamiento ya cuenta con la preceptiva licencia para acometer estos derribos. Sólo se está a falta de la adjudicación de los trabajos. El presupuesto de licitación de las obras de demolición se ha fijado en 248.943 euros y el plazo de ejecución será de dos meses.

Paralelamente a esto, la Junta de Andalucía está resolviendo un problema burocrático que está teniendo esta actuación urbanística. Aunque la zona es urbana desde hace años, a efectos legales parte de estos terrenos están dentro de una antigua vía pecuaria. Nunca se tuvo en cuenta esta cuestión en actuaciones precedentes pero ahora sí ya que desde mediados de los noventa hay una ley autonómica que regula las cañadas. Por este motivo, la Junta ha iniciado un proceso de desafectación de los terrenos afectados para que la actuación urbanística no tenga ningún problema jurídico.