El Defensor del Pueblo 'riñe' a El Puerto por ignorar sus reclamaciones sobre la Zona de Baja Emisiones

Rapapolvo del Defensor del Pueblo de España al Ayuntamiento de El Puerto. El departamento que dirige Ángel Gabilondo ha publicado un informe sobre la evolución en la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones. Una medida auspiciada desde la Unión Europea para reducir la contaminación urbana, reducir los niveles de gases de efector invernadero y para mejorar la movilidad de los peatones. Esta acción es obligatoria para todos los municipios del país con más de 50.000 habitantes. Cada Ayuntamiento puede elegir el espacio urbano donde implantar estas zonas, con acceso restringido al tráfico rodado. La mayor parte de ellos ha obtenido fondos comunitarios para el desarrollo de esta medida.

En su día, desde Ecologistas en Acción destacaron que todos los municipios de la Bahía, afectados por esta orden, se acogieron a estas ayudas, excepto El Puerto, que no se presentó ni a la convocatoria. Ello ha supuesto no recibir ayudas para adaptar viales a peatones o bicicletas, un transporte público mejorado con la adquisición de autobuses eléctricos o por hidrógeno, ampliación y mejoras de aceras, disposición de elementos para marcar diferencias entre aceras y calzadas, o zonas de prioridad peatonal, entre otras medidas.

A paso muy lento, los distintos ayuntamientos del país han ido poniendo en servicio estas ZBE. Aún hoy, con el calendario en contra, son muchos los que están ultimando este importante proceso de mejora de la movilidad urbana, o están en la fase inicial de apertura controladas de las zonas de bajas emisiones, para acostumbrar a ellas a la ciudadanía. Es el caso, por ejemplo, de Cádiz capital que comenzará en las primeras semanas de 2025 a poner en pruebas la ZBE que afecta a todo su casco antiguo.

Sin embargo, el gobierno de Germán Beardo ni avanza en esta actuación ni se da por aludido ante los toque ya ha recibido por parte del Defensor del Pueblo de España.

El primero le llegó en noviembre de 2023, cuando el Defensor solicitó información a 18 municipios que en noviembre de 2023 aún no habían iniciado la tramitación de la ZBE: Aranjuez, Arganda del Rey, Arona, Barakaldo, Calviá, Cerdanyola del Vallés, Coslada, Ferrol, Granadilla de Abona, Mijas, Motril, Orihuela, El Puerto de Santa María, San Cristóbal de La Laguna, Sanlúcar de Barrameda, Telde, Tres Cantos y Valdemoro.

Asimismo, se dirigió a siete municipios que habían comenzado la tramitación de la ZBE pero que su implementación iba con retraso: Alicante, Bilbao, Córdoba Málaga, Murcia, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. 

La institución también requirió explicaciones a ocho municipios en los que se había ralentizado o suspendido la implantación de ZBE: Badalona, Castellón, Elche, Gijón, Lorca, Majadahonda, Valencia y Valladolid.

Ahora, la oficina de Ángel Gabilondo, lanza una segunda andana con un matiz aún más grave. Así, destaca que sí ha recibido los informes solicitados de todos los ayuntamientos con los que se iniciaron actuaciones en noviembre de 2023, salvo los de Arona, El Puerto de Santa María y Murcia.

Este silencio no solo se puede considerar grave al ignorar las peticiones de un departamento de la administración central, sino que incrementa la gravedad al estar obligados todos los ayuntamientos, y el de El Puerto también, por Ley a responder los requerimientos de la institución como Alto Comisionado de las Cortes Generales.

Aunque Sanlúcar sí ha respondido, el Defensor considera aceptable sus argumentos de defensa ante el retraso en la implementación de la ZBE. Así, evidencia que esta localidad, junto a Valencia, Tres Cantos y Orihuela, "no han incorporado un calendario de actuaciones para la instalación de las ZBE, ni tampoco la indicación de una fecha estimada para su entrada en funcionamiento".

Pero el gobierno de Germán Beardo no solo ha recibido una reprimenda del Defensor español. También el Defensor del Pueblo de Andalucía le reclamó la puesta en uso de la ZBE en El Puerto, tras reclamar Ecologistas en Acción su desarrollo inmediato.

En todo caso, si Beardo opta finalmente por cumplir las normas estatales, hacer caso al Defensor del Pueblo y afrontar la ejecución de la Zona de Bajas Emisiones, bien hará en tener en cuenta las "recomendaciones" trasladadas por el equipo de Ángel Gabilondo.

Entre ellas, ya advierte de la obligación de cumplir con las ZBE y no proceder a su anulación, y que el territorio que se eliga sea lo suficientemente amplía y utilizadas por la ciudadanía para que sea efectiva.

 Recomendaciones del Defensor del Pueblo:

1. Que los ayuntamientos que no hayan siquiera iniciado los trámites para aprobar y poner en funcionamiento la ZBE los inicien cuanto antes.
2. Que los ayuntamientos que se encuentran todavía tramitando la ZBE aborden de manera decidida los trámites restantes para su aprobación, sin más dilaciones ni retrasos, y la pongan en funcionamiento a la mayor brevedad.
3. Que la ZBE que se apruebe cumpla con los requerimientos procedimentales exigidos y que venga precedida de los estudios necesarios para evaluar su impacto ambiental, presupuestario, económico, social, de género, y de discapacidad, sin que el cumplimiento de tales trámites o la elaboración de dichos informes pueda servir para alargar de manera indeterminada o excesiva la implantación de tales ZBE.
4. Que la ZBE que se apruebe delimite un área de carácter continuo y permanente, que resulte adecuada y suficiente para el cumplimiento de sus objetivos y proporcional a ellos, e incluya una parte significativa de la población, de la superficie del municipio y del tráfico de vehículos a motor dentro del mismo, sin que sus peculiaridades geográficas o urbanísticas puedan servir para eludir tales exigencias o justificar la falta de aprobación de la zona.
5. Que la ZBE que se apruebe incorpore, entre sus medidas, restricciones a la entrada, circulación y estacionamiento de vehículos, en función de su distintivo ambiental, sin que puedan establecerse excepciones a las mismas distintas a los supuestos fijados de acuerdo con las directrices publicadas por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico para el establecimiento de tales zonas. Y sin que la aprobación de medidas de mejora de la movilidad alternativas a dichas restricciones pueda servir para sustituirlas.
6. Que la ZBE que se apruebe defina los objetivos en materia de calidad del aire, cambio climático, impulso del cambio modal y eficiencia energética en el uso de los medios de transporte, y calidad acústica, de manera cuantificable, garantizando su coherencia e integración con otros instrumentos de planificación ambiental en los sectores referidos, y que comporten una mejora respecto de la situación de partida.
7. Que la ZBE que se apruebe incluya un sistema de monitorización, que cuente con los mecanismos de medición precisos, tanto para el seguimiento periódico de sus objetivos como para su seguimiento continuo, y que permita la publicidad de los resultados, con el fin de evaluar su cumplimiento.
8. Que la ZBE que se apruebe contemple «zonas de especial sensibilidad», destinadas a proteger a los sectores más vulnerables de la población de los impactos sobre la salud derivados de la circulación de vehículos motorizados por sus inmediaciones, con requisitos y medidas de reducción de emisiones más exigentes que los que se establezcan en la zona principal.
9. Que aquellos ayuntamientos que ya cuenten con una ZBE en funcionamiento modifiquen la misma en caso de no ajustarse a las anteriores recomendaciones.
10. Que aquellos ayuntamientos que ya cuenten con una ZBE en funcionamiento ejerzan de manera efectiva la monitorización continua y periódica del cumplimiento de sus objetivos, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y establecer nuevas medidas en caso de no cumplirse.
11. Que todos los ayuntamientos obligados, una vez establecida la ZBE en su territorio, se abstengan de adoptar cualquier medida que suponga una regresión de la zona ya existente, y que, en el caso de que dicha adopción resulte inevitable por concurrir razones de interés público superior, lo haga contando con el informe previo del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente.