El Grupo-Mixto-Izquierda Unida llevará este viernes al Pleno Ordinario una moción para que la Corporación Municipal solicite a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud que se revoque de manera inmediata la obligatoriedad de que los portuenses tengan como hospital de referencia el Santa María del Puerto en lugar del Hospital Universitario de Puerto Real, así como otra medidas encaminadas a defender a la sanidad pública.

Detrás de la moción se encuentra la Marea Blanca de El Puerto, que ha tenido que solicitar la palabra para intervenir en este pleno ordinario, el primero de 2024, a través de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. En la moción, la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública recuerda que "ya hay varias áreas sanitarias de Andalucía cuyo hospital de referencia es totalmente privado, sobre todo en Sevilla y Cádiz (El Puerto, entre ellos). A los ciudadanos y ciudadanas de El Puerto de Santa María se nos ha quitado el derecho a tener un hospital público de referencia, con lo que supone de pérdidas, en cuanto a prestaciones se refiere, (continuidad asistencial, seguimientos en los procesos asistenciales integrados...) que existe en los hospitales públicos".

Para la Marea Blanca, el gobierno andaluz "no sólo no soluciona el deterioro continuado de la Sanidad Pública, sino que además la está privatizando a marcha forzada, utilizando para ello métodos diversos", entre los que cita la Ley General de Sanidad de 1986, "que se ha estrujado y tergiversado al máximo en distintas comunidades, externalizando y privatizando servicios a la vez que se menguaban los propios,  públicos".

La Marea Blanca pone como ejemplo "lo que están haciendo con el Proceso Asistencial Integrado de Diabetes (PAID), con años de experiencia y resultados en el hospital de Puerto Real, donde están derivando las retinografías patológicas realizadas en los centros de salud al oftalmólogo del hospital de El Puerto, sacando a los pacientes del PAID del Hospital de Puerto Real, sin permiso ni consentimiento de los mismos. Consolidando, poco a poco, la privatización total de la asistencia sanitaria en la ciudad portuenses".

Con respecyo a la Atención Primaria en El Puerto, al igual que en el resto de Andalucía, añaden, "sigue colapsada con 10 días de media de demora presencial, el abandono de la atención comunitaria y de actividades de prevención y promoción de la salud. En periodos festivos como Semana Santa, Navidad, periodo estival.. se reducen las plantillas por falta de sustitución del personal y se reducen los servicios", denunciando que los recursos europeos extra que llegaron al Presupuesto de la Junta de Andalucía en 2023, en lugar de usarse para reponer plantillas "se han usado para en derivaciones desde la Sanidad pública al sector privado, que actúa de forma opaca, cara e ineficaz". 

En base a estos argumentos, la moción presentada al pleno plantea revocar la obligatoriedad de que los ciudadanos de El Puerto "tengamos como referencia un hospital privado y no un hospital público al que tenemos derecho, que nos sitúa en condiciones de inferioridad, en cuanto al acceso a los servicios sanitarios públicos se refiere, si nos comparamos con el resto de localidades que sí tienen acceso a un hospital público". Además, denuncian la demora que se produce por este hecho a la hora de ser visto por un especialista si el afectado quiere acudir a un hospital público, ya que en ese caso "nos quitan el derecho al Decreto de Garantía de Plazos". 

 También se pide en la moción la retirada de la Orden de la Consejería de Salud sobre tarificación de conciertos con entidades privadas para prestar asistencia en Atención Primaria en los centros del SAS; tener plantillas bien dimensionadas en los centros sanitarios y darles estabilidad laboral mediante convocatorias de oposiciones cada dos años; sustituir las bajas por enfermedad, conciliación familiar y periodos vacacionales y cubrir todas las jubilaciones; atender de manera especial e incentivar las plazas de difícil cobertura, sobre todo rurales; dotar a Salud Mental de todas las especialidades terapéuticas; retribuir adecuadamente a los profesionales; no permitir nuevas privatizaciones o externalizaciones y revertir las existentes; y evitar despilfarros en el gasto de farmacia.

Finalmente, se propone al Pleno de la Corporación trasladar estos acuerdos a la presidencia de la Junta de andalucía y a los grupos parlamentarios.