Las protestas laborales, vecinales o de otra índole vuelven de nuevo a los plenos de El Puerto. Si en anteriores convocatorias fueron los comerciantes para pedir soluciones al deterioro del centro, la sesión de ayer estuvo marcada por la protesta de la plantilla de la concesionaria Mayse, la contrata de limpieza de dependencias municipales y centros de enseñanza, apoyada por la Asamblea Feminista Las Tres Rosas, que piden mejores condiciones laborales y un nuevo pliego.

También estuvieron en el pleno otros colectivos, como los representantes vecinales de Fuentebravía, que pidieron el arreglo de la urbanización y mayor vigilancia en la zona; o de los mayoristas de la lonja, que denuncian la “situación desesperada” en que se encuentran después de que la Autoridad Portuaria (APBC) sacara a concurso los puestos del mercado de mayoristas, dejando fuera a algunas pequeñas empresas familiares. En ambos casos hubo intervenciones de particulares afectados y tanto unos como otros encontraron el apoyo de la Corporación municipal a sus reivindicaciones, de manera que en el caso de Fuentebravía se aprobó hacer un estudio sobre el coste del arreglo de los desperfectos en las infraestructuras y servicios de dicha urbanización e incorporarlo al Presupuesto 2019; mientras los mayoristas consiguieron el compromiso del Equipo de Gobierno de trasladar sus peticiones y su preocupación a la APBC, asuntos por los que el PP, artífice de ambas mociones, mostró su satisfacción.

El pleno estuvo marcado por la protesta de las trabajadoras de la contrata de limpieza de edificios municipales.

En general, la sesión plenaria se desarrolló durante la primera parte, de carácter resolutivo, de forma rápida y fluida, de manera que muchos de los puntos se iban aprobando incluso por unanimidad, con el alcalde accidental, Antonio Fernández, presidiendo la sesión, en ausencia del primer edil David de la Encina, que continúa disfrutando de su baja por paternidad.

Pese a la presencia reivindicativa de las trabajadoras de la plantilla de la concesionaria Mayse y de otros colectivos y pese a estar el salón lleno de público, el orden apenas se rompió, más que por algunos comentarios sueltos que a veces interrumpían los turnos de palabra de los concejales.

Los ánimos no obstante se caldearon con el debate de un asunto de memoria histórica presentado por el grupo Levantemos, que presentó una moción instando al Equipo de Gobierno a ejecutar en un plazo máximo de tres meses los acuerdos sobre cambio de nomenclatura de las calles, y en el caso de Juan Melgarejo Osborne y Javier Merello, elevar el asunto al Consejo de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía para que se pronuncie. El debate sobre este punto fue subiendo de tono desde las intervenciones iniciales de Silvia Gómez (Cs) y Javier Bello (PP), este último esgrimiendo un informe técnico para mostrar su oposición a la moción. En su réplica, Levantemos acusó a los populares de “no cumplir la ley y reparar a las víctimas de los crímenes del franquismo y hacer justicia”. La portavoz de Ciudadanos llegó a manifestar que la comisión que propuso los cambios del nomenclátor eran “un grupo de amiguetes” que había tomado las decisiones en un bar, lo que fue rechazado de manera rotunda por Matilde Roselló (IU), que subrayó que las propuestas “son serias y estudiadas”. Bello acusó a Levantemos de “poca vergüenza” y “fascistas”, por haber sugerido que algunos nombres de los propuestos para cambiarlos participaron en la represión franquista.

Finalmente, la moción fue rechazada con el voto del PP y CS, al no estar en mayoría los partidos de izquierda pese a su voto afirmativo (PSOE, IU y Levantemos), por ausencia de los dos concejales que han presentado su renuncia en Levantemos.

Otro asunto que elevó el tono, en este caso entre algunas personas del público y la portavoz de Cs, fue un punto en el que Levantemos proponía al Equipo de Gobierno estudiar el procedimiento para que afectados de El Puerto por la estafa de IDental de bajos ingresos acreditados pudieran recibir ayuda municipal para cubrir los gastos básicos para recuperar la salud bucodental. La concejala se preguntó si era justo que los portuenses pagaran el tratamiento a este grupo de afectados por la estafa, lo que despertó el enfado de los mismos, presentes en la sala, que la interrumpieron en varias ocasiones, siendo reprendidas por el alcalde accidental, abandonando el salón de plenos por su propia voluntad.