El pasado día 7 se cumplieron 10 años desde que se encargara la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto a un equipo conformado por algunos técnicos del Área de Urbanismo y dirigidos por el jefe de licencias y disciplina urbanística, Fernando Jiménez Fornell. Una década después, se estima que el documento pueda estar aprobado en 2011 aunque ya con otro grupo elaborándolo, la empresa Territorio y Ciudad. A continuación se relata lo sucedido en estos diez años.

1999-2003: los años del consenso

IP gobernaba en minoría en el Ayuntamiento portuense aunque eso no fue óbice para que se aprobara por unanimidad la necesidad de revisar el Plan General, vigente desde 1992, y el nombramiento del equipo redactor dirigido por Jiménez Fornell. Año y medio después, se presentó el documento de avance, que también fue respaldado por todos los grupos. En enero de 2003, se llevó a pleno el documento de aprobación inicial. A última hora, el PP (por entonces en la oposición) sorprendió desvinculándose del documento y advirtiendo que cuando tuviera la oportunidad lo modificaría completamente.

2003-2007: la etapa más controvertida

Los resultados de las elecciones municipales de 2003 trajeron como consecuencia un pacto de gobierno entre IP y PSOE. Su primera encomienda fue la contestación a las alegaciones que se habían presentado al documento de aprobación inicial. Sin embargo, las respuestas no se aprobaron en Pleno hasta enero de 2005 ya que el Área de Urbanismo, con Juan Carlos Rodríguez (IP) como responsable, optó por centrar sus esfuerzos en firmar unos controvertidos convenios urbanísticos con los principales propietarios de suelo a desarrollar en la Costa Oeste (los acuerdos salieron adelante en octubre de 2004 con los únicos votos de IP y PSOE).

Pero al retraso en la elaboración del documento se sumaron dos circunstancias que ralentizaron aún más el proceso. Para empezar, en mayo de 2005 la Consejería de Medio Ambiente emitió una declaración previa de impacto ambiental sobre el nuevo planeamiento donde advertían que no se protegían más de un millón de metros cuadrados de zonas forestales. Y, siete meses después, entró en vigor la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que obliga a reservar el 30% de la edificabilidad en los nuevos desarrollos a viviendas de protección oficial. Con ello se anulaban de facto los convenios urbanísticos que el Ayuntamiento se llevó negociando más de un año.

Con estas circunstancias, el equipo redactor (que poco a poco iba sumando dimisiones entre sus miembros), retomó la redacción del documento de aprobación provisional del Plan General, que se llevó a pleno en junio de 2006 aunque no fue respaldado por la oposición (PP e IU). Sin embargo, y debido a los importantes cambios que había sufrido con respecto al documento elaborado en 2003, se tuvo que exponer públicamente de nuevo.

Y a esto se le unió que en diciembre de 2006, entró en vigor el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que establece unos límites de previsión de crecimiento en los planes generales. Distintas voces advirtieron que el nuevo PGOU portuense lo sobrepasaba con creces aunque el Gobierno local decidió hacer oídos sordos y siguió adelante con la tramitación. En marzo de 2007, meses antes de las elecciones municipales, aprobó la contestación a las alegaciones al documento de aprobación provisional 1.

desde 2007: ¿el principio del fin?

Las urnas en 2007 dieron como ganador al PP, que pasó a gobernar en virtud de sendos acuerdos con el PA y el concejal tránsfuga Fernando Gago (ex de IP). Lo primero que hizo fue encargar un informe de incidencia territorial a la Junta que confirmó, unos meses después, que el PGOU incumplía con creces los límites máximos de crecimiento que fija el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Paralelamente a esto, se inició el proceso para adjudicar los trabajos de culminación del Plan puesto que el anterior equipo redactor había dimitido en casi su totalidad (el único que se mantenía era su director) por desavenencias tanto técnicas como políticas. Del concurso público salió ganadora la empresa Territorio y Ciudad, cuya contratación le costará al Ayuntamiento portuense unos 1,9 millones de euros.

A finales del pasado mes de julio entregó un borrador del documento de aprobación provisional 2 del nuevo PGOU y, el pasado viernes, dio a conocer el que se llevará a pleno la próxima semana. Ahora, éste deberá exponerse públicamente para la presentación de alegaciones.