Pasaban pocos minutos de las cinco y media de la tarde del pasado viernes cuando el juez japonés Shunji Yanai, presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (un organismo auspiciado por las Naciones Unidas para resolver los conflictos marítimos entre países), daba por finalizada la vista oral del caso número 18. Bajo este epígrafe se guarda la historia de una embarcación que lleva más de siete años amarrada en el muelle portuense y que, según la Guardia Civil, era la base de un equipo que trataba de localizar y de expoliar pecios de la época dorada del comercio español con América.

Durante las dos últimas semanas se ha desarrollado en la ciudad alemana de Hamburgo, sede de este tribunal internacional, la vista oral de un procedimiento que se inició tras una denuncia presentada por San Vicente y las Granadinas, un pequeño estado ubicado en el archipiélago de Las Antillas, cuya bandera ondea en el Louisa. El país caribeño reclama la liberación del barco y una indemnización millonaria porque considera que el amarre por orden judicial contraviene las leyes marítimas internacionales. La demanda se interpuso en 2010, aunque la operación contra el Louisa se llevó a cabo cuatro años antes .

La representación de San Vicente y las Granadinas, encabezada por el abogado norteamericano William Weiland, ha defendido los intereses del armador del barco, la empresa Sage Maritime Research Inc (también de nacionalidad norteamericana). Mientras, la defensa española ha estado dirigida por los profesores especializados en derecho internacional Concepción Escobar (perteneciente a la UNED-Universidad Nacional de Educación a Distancia) y Mariano Aznar (de la Jaume I de Castellón).

Los enviados por parte de España centraron su argumentación en la vista oral en demostrar que el Louisa es un buque 'cazatesoros' que buscaba pecios en el Golfo de Cádiz, de ahí que la Guardia Civil llevara a cabo la llamada 'Operación Bahía', que acabó con varios detenidos (entre ellos algunos miembros de la tripulación) y con el amarre forzoso del barco en el muelle. Esto fue el germen de unas diligencias llevadas a cabo por el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz que culminó en un auto de procesamiento del año pasado donde se acusa a los imputados de un presunto delito contra el patrimonio histórico cuyo juicio está pendiente de celebrarse. En el registro del barco, realizado por la Guardia Civil, se hallaron restos arqueológicos (bolas de cañón, anclas y ánforas), instrumental tecnológico para el rastreo de los fondos marinos y armas (como fusiles de asalto). Actualmente todos los acusados están en libertad aunque uno de ellos estuvo en prisión varios meses.

En cambio, la delegación del país caribeño sostiene que el barco trabajaba en aguas de la Bahía haciendo prospecciones para localizar yacimientos de petróleo y gas. Y para ello se sustenta en unos permisos que la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico le concedió a la sociedad mercantil Tupet SA, que contrató a la firma norteamericana Sage para realizar esta labor. No obstante, durante la vista oral, la acusación presentó un nuevo argumento que en las diligencias anteriores no había hecho mención. Así cuestionaba el trato dispensado a los detenidos de la operación, concretamente a los norteamericanos Mario Avella (que la Guardia Civil considera principal responsable del equipo que operaba desde el Louisa) y a su hija Alba Avella, y cuestiona, incluso, la legalidad de la operación llevada a cabo por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Para ello, hacía mención de un informe del caso realizado por el ex ministro y jurista español Javier Moscoso donde expresaba sus dudas de la legalidad de la intervención alegando que el registro del barco no fue ajustado a derecho.

Pero estos argumentos fueron rebatidos por parte de unos de los testigos llamados por la representación española, concretamente por el ex fiscal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. Este jurista corroboró la legalidad de todo el procedimiento que se está realizando en España destacando que las detenciones estaban ajustadas a derecho puesto que había sospechas ciertas de la labor fraudulenta a bordo del Louisa.

Por otro lado, los profesores españoles designados por el Gobierno central para llevar a cabo este caso incidieron en que los responsables de la embarcación únicamente contaban con una autorización para realizar un estudio ambiental sobre la incidencia del tráfico marítimo en los fondos marinos. Al respecto, en la vista oral intervino Carmen Martínez de Azagra en representación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo quien apuntó que ni el Louisa ni la sociedad Tupet SA contaban con algún tipo de permiso para hacer prospecciones de localización de bolsas de hidrocarburos.

También prestó declaración como testigo James Preston Delgado, un destacado arqueólogo subacuático quien advirtió que la empresa norteamericana Sage mantenía contactos en España con dos conocidos "cazatesoros", Luis Valero de Bernabé (vinculado precisamente a la sociedad Tupet) y Claudio Bonifacio.

En su alegato final, San Vicente y las Granadinas reclamó que el Tribunal considere que las detenciones violaron derechos humanos por lo que exige unas indemnizaciones que rondan los 1,6 millones de dólares (1,2 millones de euros), además de exigir otros cinco millones más (3,8 millones de euros) por los daños ocasionados en el barco al llevar más de siete años atracado en el muelle. Incluso llega a exigir otra compensación que oscilaría entre los cinco y los 30 millones de dólares por los trabajos que asegura haber perdido al no poder contar con el barco.

Mientras tanto, la parte española sostiene que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no es competente para abordar este caso puesto que todo ocurrió en aguas internas y que tanto las detenciones como el amarre forzoso del barco se deben a una investigación judicial ajustadas plenamente a derecho. Ya solo resta que este organismo internacional dicte sentencia.