Los términos municipales de El Puerto de Santa María y Puerto Real tienen un pulmón verde que se llama Los Toruños y Pinar de la Algaida. Es un parque metropolitano que se incluye en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, con una extensión de 1.000 hectáreas que lo convierte en el mayor parque metropolitano de toda Andalucía.

Pero este espacio, del que disfrutan cada año medio millón de usuarios, no siempre ha sido lo que es ahora. Hace tan solo unas décadas nadie apostaba por poder dedicar esos terrenos al ocio y al disfrute de la naturaleza. La administración incluso diseñó para esos suelos que consideraban inútiles unos planes urbanísticos que de haberse llevado a cabo, hubiesen convertido los terrenos en una urbanización similar a Valdelagrana.

Curiosamente, aunque el uso actual de este parque nada tiene que ver, por fortuna, con aquellas intenciones de urbanización salvaje, hoy en día el enclave sigue siendo competencia de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, y no de la de Medio Ambiente como le parecería lógico a cualquier ciudadano de a pie.

Las bicicletas recorren a diario los senderos del parque de Los Toruños.

Tras muchos años de abandono de estos terrenos, y gracias a la presión de colectivos como los ecologistas, a finales de los 80 se llevó a cabo una gran campaña para salvar las marismas, lo que culminó en 1989 con la declaración del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

La primera administración que se encargó de gestionar el espacio de Los Toruños fue la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, que lo hizo desde 2002 -fecha en que se inauguró el recinto y se abrió al público- hasta 2006.

Ya en los primeros 90 se construyeron la carretera de acceso y tres bolsas de aparcamiento, para diseñarse en 1998 la red de senderos, los miradores y torres de madera característicos del parque.Costó trabajo, al principio, que la ciudadanía se acostumbrase a valorar este nuevo espacio, ya que las marismas habían sido durante muchos años terrenos despreciados y sin valor, y de hecho hasta el arranque de estas iniciativas se encontraban llenas de basuras y escombros.

Una imagen de 2003, tras el incendio provocado del principal puente del recinto.

Los comienzos fueron duros y hubo incluso algún episodio muy desagradable, como el incendio intencionado en 2003 de uno de los principales puentes del recinto, el que unía los municipios de El Puerto y Puerto Real sobre el río San Pedro.

Fue a finales de 2005 cuando la Junta y la Mancomunidad firmaron el traspaso de poderes, de manera que la administración autonómica se hacía cargo de la gestión del parque, pero no directamente sino a través de una encomienda a la entonces Empresa Pública de Suelo de Andalucía (SEPES), hoy Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Tras quince años de un más que satisfactorio funcionamiento del parque, un cambio de legislación europea ha motivado que la Junta haya decidido sacar a concurso público esta gestión, ya que con la normativa actual AVRA no podría seguir con la encomienda por tener subcontratados más del 50% de los trabajos que se realizan.

Tras expirar la encomienda de gestión a AVRA el pasado 31 de julio, se ha aprobado una encomienda de apoyo técnico a la gestión que se aprobó con carácter de urgencia con una duración de un año prorrogable -con un máximo de dos prórrogas- estando previsto que la empresa que gane el concurso público comience a funcionar aproximadamente hacia el mes de febrero de 2021.

Tanto la convocatoria del concurso como la aprobación de esta encomienda de tareas de apoyo a la dirección y gestión del parque ha despertado el rechazo de numerosos colectivos conservacionistas, así como de varias formaciones políticas, que han visto en esta operación un intento de privatizar la gestión del parque.

Incluso llegaron a convocar una cadena humana en el parque hace pocas semanas, en la que participaron alrededor de un millar de personas.

La directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, María del Carmen Compagni, niega rotundamente este intento de privatización y asegura que esa acusación es “absurda”, afirmando además que “el parque ahora será más público que nunca, porque la gestión depende directamente de la administración”, puesto que su Dirección general tiene ahora adscritos el parque de Los Toruños y el de El Alamillo.

La licitación pública que se encuentra en marcha se refiere a dos cuestiones fundamentales, la vigilancia del parque y su mantenimiento, ya que la administración no cuenta con personal para ello. De hecho, de AVRA dependen ocho personas para los parques de Los Toruños y El Alamillo, que se dedican fundamentalmente a tareas administrativas.

La Feria de la Sal, en su edición de 2009, una de las actividades que se han venido realizando en el parque.

La directora general de Urbanismo asegura que la empresa que se haga con la gestión no tendrá que planificar las actividades, ya que sería el actual director del parque y su personal adscrito el que seguirían al frente de esta competencia. El ecologista Juan Clavero, sin embargo, cuestiona que la encomienda firmada con AVRA solo hable de supervisión y apoyo técnico, sin que se recoja por escrito que la persona encargada de la supervisión deba ser el director del parque.

María del Carmen Compagni también asegura que el uso del parque seguirá siendo como hasta ahora, gratuito y libre para los ciudadanos, así como las actividades sin coste que se prestan actualmente, entre ellas la cesión de salones de actos y espacios para colectivos que realizan allí actividades. También creen los ecologistas que estas cuestiones se deberían recoger por escrito en el pliego de condiciones, y no dejarse en el aire o en una mera declaración de intenciones que podría cambiar en el futuro.

Los deportes náuticos están muy presentes en el parque, impulsados por pequeñas empresas de la zona.

En cuanto a la posible pérdida de empleo en el entorno derivada de la hipotética gestión por parte de una multinacional, la directora general aclara que las actividades las seguirán prestando pequeñas empresas de la zona, como hasta ahora, ya que la oferta que se alce con el contrato se encargará básicamente de la vigilancia y el mantenimiento.

Hasta ahora AVRA tenía firmados tres contratos diferentes con otras tantas empresas: uno para vigilancia, otro para limpieza y otro para mantenimiento, cuestiones que ahora se unifican en un único pliego de condiciones.

Para los ecologistas, lo más lógico hubiera sido aprovechar este cambio legislativo para dotar de más competencias a AVRA, de modo que no se tuviesen que subcontratar más del 50% de los trabajos, en lugar de destinar 2,4 millones de euros a este concurso público, al tiempo que critican que en el pliego de condiciones se valore sobre todo la oferta económica, más que otros aspectos como el proyecto de gestión.

Así las cosas, y con dos visiones tan distintas de una misma situación, será el tiempo el que dirá si realmente todo sigue igual en Los Toruños. El tiempo nunca se equivoca.