Tribunales

Hernán Díaz, Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos aceptan las penas por prevaricación por permitir una urbanización ilegal en una Reserva Natural

  • Los tres asumen una condena de ocho años cada uno por prevaricación

  • La denuncia de Ecologistas en Acción por las construcciones ilegales junto a las lagunas parte del año 2002

Una imagen aérea de la urbanización El Barranco, junto a las lagunas portuenses. Una imagen aérea de la urbanización El Barranco, junto a las lagunas portuenses.

Una imagen aérea de la urbanización El Barranco, junto a las lagunas portuenses.

El ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz Cortés, y los ex concejales de Urbanismo Pedro Alamillos y Juan Carlos Rodríguez han aceptado las penas de ocho años de inhabilitación que les solicitaban la Fiscalía y Ecologistas en Acción por un presunto delito de prevaricación, al negarse a actuar ante la construcción de una urbanización ilegal en la Reserva Natural de las Lagunas de El Puerto de Santa María.

La denuncia judicial se basó en la falta de actuación de los máximos responsables municipales ante la proliferación de viviendas ilegales -actualmente hay más de una veintena- en la zona de El Barranco, terrenos protegidos por encontrarse dentro de una Reserva Natural, lo que supone la máxima protección legal posible.

Ecologistas en Acción presentó varias denuncias entre 2002 y 2005 ante el Ayuntamiento, pero los entonces dirigentes de Independientes Portuenses y máximos responsables municipales "no solo no iniciaron actuaciones de disciplina urbanística contra los propietarios de estas viviendas ilegales, sino que les prometieron que las legalizarían en el nuevo PGOU, lo que evidentemente ha sido imposible", señalan desde el colectivo.

Ecologistas en Acción, ante esta inacción municipal, presentó en septiembre de 2006 una denuncia en los juzgados de El Puerto contra estos tres responsables municipales, por entender que su actuación podría ser constitutiva de sendos delitos sobre la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y de prevaricación medio-ambiental por omisión dolosa o imprudente, ya que existía una específica obligación legal de actuar ante esta urbanización ilegal y no lo hicieron.

Un proceso plagado de retrasos judiciales

Esta instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de El Puerto sufrió múltiples paralizaciones, "debido a la inacción de algunos de los titulares que han pasado por ese juzgado, llegándose al extremo de que se extraviara todo el expediente de la instrucción, que terminó por aparecer meses después", denuncian los ecologistas.

El colectivo tacha de "muy grave la actuación de estos políticos que fomentaron una campaña contra los ecologistas denunciantes, que llevaron a amenazas, descalificaciones y agresiones por parte de algunos propietarios de estas viviendas ilegales, actuaciones que nunca fueron condenadas por los máximos representantes municipales".

Ahora, tras diez años de instrucción y tres años más esperando juicio en el Juzgado de lo Penal Nº 4 de Cádiz, los tres procesados han decidido admitir el delito de prevaricación continuado y aceptar la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de ocho años. "La exasperante lentitud de la Justicia crea una sensación de impunidad, ya que cuando se juzga a los políticos responsables de corrupción urbanística y medio ambiental ya no ocupan cargos públicos, como es este caso, por lo que las penas de inhabilitación que suelen imponerles los tribunales le traen al pairo. Firman su conformidad con las penas por corrupción confiando que así no pasarán la vergüenza de un juicio público, pero su falta de vergüenza es aún mayor al admitir a estas alturas que cometieron prevaricación. Además, esta lentitud de la justicia permite que sigan las actuaciones ilegales, y cuando se actúa, ya están consolidadas las urbanizaciones construidas al margen de la legalidad, por lo que los impactos son ya irreversibles y el coste económico y social de su demolición es mucho mayor", aseveran desde Ecologistas en Acción.

Este colectivo ha seguido denunciando esta urbanización ilegal, y los sucesivos equipos de gobierno "han seguido dando largas para no aplicar la disciplina urbanística y no ejecutar la preceptiva demolición de todo lo ilegalmente construido. Por ello, exigimos al actual equipo de Gobierno y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía que se proceda a la demolición de la totalidad de la urbanización ilegal, ya que no han prescrito las acciones de disciplina urbanística por enclavarse en suelos de especial protección, y no serle por tanto de aplicación las sucesivas amnistías urbanísticas de la Junta de Andalucía. En caso contrario, denunciaremos de nuevo esta inacción ante el juzgado", anuncian.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios