Las bodegas El Cortijo, que tantos eventos han acogido en las últimas décadas, cerrarán sus puertas como establecimiento de celebraciones el próximo mes de octubre, para dejar paso a otros proyectos como la instalación en este enclave de la calle Pozos Dulces de los nuevos Juzgados portuenses.

Tras la adjudicación del concurso público por parte de la Junta de Andalucía se está procediendo ahora a la elaboración del estudio de detalle, paso previo a la solicitud de la licencia de obras para acometer la reforma necesaria en las instalaciones. Pero al margen de la futura instalación de los Juzgados, que se trasladarán así desde el polígono Las Salinas -donde llevan ya muchos años también muchos años en régimen de alquiler- hay otro proyecto del que hace tiempo que no se sabe nada, y es el anunciado traslado del Casino Bahía de Cádiz a este mismo edificio.

Como han confirmado fuentes de la propiedad del inmueble el traslado de los Juzgados al Cortijo es compatible con la apertura allí de la nueva sede del casino, que cuenta incluso con la obra ya realizada desde hace años. En concreto el casino dispondría de una superficie de 1.600 metros cuadrados en el complejo, mientras que el resto del edificio estaría ocupado por la sede judicial.

El problema, en este caso, es que al frustrarse la construcción del aparcamiento subterráneo la empresa propietaria del Casino no quiere trasladarse aún a Pozos Dulces, en tanto no se solucione este asunto y se garantice un espacio suficiente de parking para sus clientes.

Precisamente a finales de este mes habrá una reunión para abordar este asunto, aunque parece que de momento el traslado del Casino Bahía de Cádiz tendrá que seguir esperando.

Fue en 2016 cuando el grupo Comar anunció el traslado del Casino al centro urbano, aunque las distintas vicisitudes del parking y otros problemas burocráticos han ido retrasando el proyecto. Incluso fue necesario llevar a pleno en 2018 el régimen de tasas para este tipo de traslados, ya que se le exigía a la empresa el pago de una licencia por importe de 1,3 millones de euros, un asunto que quedó solucionado tras la modificación de la ordenanza.