El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de los de El Puerto ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el director del Departamento de Informática de la empresa municipal El Puerto Global, Manuel Gómez Navarro, tras la denuncia presentada en enero de 2020 por parte del gerente de la empresa, Rafael Serrano, y uno de los consejeros de la sociedad municipal, Eduardo Pardo González-Nandín.

La denuncia por corrupción ante la Fiscalía contra el trabajador de la empresa municipal se produjo por un supuesto “secuestro tecnológico” del Ayuntamiento de El Puerto, tal y como se refleja en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

Ambos denunciantes, que curiosamente presentaron la denuncia a título particular, y no a través del la empresa municipal como parecería lógico, acusaban a Manuel Gómez de haber favorecido a la empresa Aytos -cuyo responsable fue compañero suyo hace años- a la hora de adquirir programas informáticos para el Ayuntamiento, hablando incluso de “confabulación” para alentar la figura de un único proveedor, “eliminando las posibilidades de concurrencia de otros licitadores”. La denuncia también iba dirigida al propietario de la citada empresa informática.

Rafael Serrano y Eduardo Pardo acusaban a Gómez de favorecer a una empresa proveedora

Se da la circunstancia de que el bufete de abogados al que acuden ambos denunciantes, Alfonso Jiménez Abogados, es el mismo contratado por El Puerto Global, que ha pasado de cobrar 800 euros mensuales a la empresa en 2019 a recibir 1.200 euros al mes el pasado 2021.

Tras la testificación del director del departamento de Informática, en julio de 2021, el Juzgado tomó declaración en calidad de testigos a tres de los nueve técnicos municipales que participaron en la licitaciones denunciadas.

A raíz de las diligencias practicadas el juez considera que “no consta la existencia de ningún comportamiento por parte de los investigados destinado a alterar la libre concurrencia de la contratación del sector con El Puerto Global”, poniéndose también de manifiesto que “era la empresa Aytos la que facilitaba, no solo al Ayuntamiento de El Puerto, sino a la práctica totalidad de estas corporaciones, la herramienta informática, por ejemplo, de contabilidad. Por ello, no se ha inferido la existencia de indicios de criminalidad contra los encausados en relación a la celebración de estos contratos que justifique la existencia de procedimiento penal alguno”, estima el juez, archivando así la causa. Uno de los denunciantes, Eduardo Pardo, ya ha presentado recurso contra este fallo judicial.

Según ha podido saber este medio, desde que se le notificó al director de Informática la denuncia de Serrano y Pardo, a pesar de que el convenio colectivo por el que se rigen empresa y trabajador contempla la asistencia jurídica a sus empleados para este tipo de situaciones tanto el presidente del Consejo de Administración, Javier Bello, como el propio denunciante y gerente de la empresa han denegado en reiteradas ocasiones al trabajador la citada asistencia jurídica, a pesar de que haya sido aprobada y acordada por la Comisión Paritaria y solicitada por miembros del Consejo de Administración de la empresa.Esto ha supuesto que este trabajador ha tenido que adelantar personalmente 12.400 euros, lo que habría vulnerado sus derechos laborales omitiendo en todo momento su presunción de inocencia, los acuerdos del Consejo de Administración y de la Comisión Paritaria Mixta, gastos que tendrá que asumir la empresa con posterioridad si se confirma, tras los posibles recursos, el archivo de la causa.

Hay que recordar que hace unos meses El Puerto Global llegó a contratar el servicio de unos detectives, una contratación que distintas fuentes consultadas vinculan con este caso.

Se trata de un nuevo varapalo judicial contra los denunciantes en casos que tienen como objetos de demanda a técnicos municipales, tras el reciente archivo de las denuncias presentadas contra la interventora municipal.