Inversión Corporativa (IC), la sociedad con la que las familias fundadoras de Abengoa, gobernaban el grupo hasta que su participación fue diluida en un 95% tras el rescate que evitó en 2016 el concurso de acreedores, presentaron en junio de este año una querella criminal contra Gonzalo Urquijo y el resto de miembros del consejo de administración destituido el pasado 17 de noviembre, al considerar que existen indicios de que habrían cometido delitos societarios en los últimos dos años, con la reestructuración aprobada en marzo de 2019 y la presentada en mayo pasado, que finalmente no se ha llevado a término.

Esta querella ha sido admitida a trámite y en reparto le ha sido encomendada al Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, que ya practica diligencias para verificar si, como sostienen los querellantes, el consejo de administración que tenía Abengoa en 2019 y hasta noviembre de 2020, cometió un delito relativo al mercado por alteración y ocultación de información económica-financiera por parte de los administradores de una sociedad mercantil cotizada, un delito societario de negativa de información a un socio y de un delito societario de imposición de acuerdos lesivos para la sociedad y los socios minoritarios.

Para sustentar esas acusaciones penales, los querellantes afirman que el consejo reprobado y destituido el 17 de noviembre, “ha podido despatrimonializar la compañía en favor de los acreedores financieros, perjudicando con ello a Abengoa y a los accionistas y pequeños ahorradores”.

Ese perjuicio consistiría en la “sustracción de activos esenciales” a la matriz, “dejándola inevitablemente a valor cero en la actualidad”. Pese a ello, la querella inicial no se incoa por delito de alzamiento de bienes.

Los querellantes entienden que la segunda reestructuración, aprobada en junta general extraordinaria el 28 de marzo de 2019, es el inicio del vaciamiento de Abengoa S.A, que permite en la tercera planteada en 2020 y no ejecutada, llevar a la matriz a liquidación, privando de toda la propiedad del grupo y sus beneficios a los propietarios.

 Así, sostienen que en 2019 se utiliza la reorganización societaria hecha en la primera reestructuración de 2017, la que permitió levantar el concurso en noviembre de 2016, para que “el consejo de administración trasladase la propiedad de las sociedades interpuestas propietarias de los activos esenciales, a cambio de nada, a los acreedores, fundamentalmente Banco Santander, lo que ha llevado a Abengoa, inevitablemente, a que valga cero”.

Los querellantes, entre ellos el ex presidente del grupo, Felipe Benjumea, actual presidente de IC,  señalan que ese proceso “no se ha hecho, parece, de una manera transparente y clara, sino que se habría ocultado a través de unos bonos convertibles que dejan preparada la sociedad para el siguiente zarpazo”.

El consejo presidido por Urquijo “lo hace con el agravante de ocultación de información al mercado, porque es consciente de que con esta segunda reestructuración las acciones de Abengoa valen cero  cunado en realidad  en el mercado de valores capitalizaba por un valor de 200 millones de euros”.

La querella recuerda que la reestructuración de 2019 se registran dos reasignaciones de deuda viva: una desde Abenewco 1 hacia A3T Luxco 2, y otra desde Abenewco 2 hacia Abenewco 2 Bis. “La reasignación de deuda desde Abenewco 1, en donde está el negocio de ingeniería, hacia A3T Luxco 2 supone que una futura venta de A3T reducirá las posibilidades de que el negocio de ingeniería se beneficie de los fondos por la venta, siendo los beneficiados los acreedores cuya deuda se reasigna”, sostienen antes de aclarar que “también resultan perjudicados todos los accionistas y acreedores que están por encima de Abenewco 1”.

“Esta reasignación no se puede explicar como una decisión que respeta los intereses y derechos de todos los inversores y acreedores involucrados”, arguyen.

Es más, consideran que la creación de la sociedad Abenewco 2 Bis  en esta segunda reestructuración “fue un parche organizativo –se pone de manifiesto en el propio nombre–, que va a permitir que todos los negocios de Abengoa queden bajo el control de las entidades financieras”. Todo ello, a su juicio, supone que “se habría falseado la información económico-financiera que debe conocer el mercado, alterándose el valor de la cotización”.

Los pasos para consumar esa sustracción a los accionistas se completan, según los querellantes con la tercera reestructuración de Abengoa, anunciada por el consejo contra el que se dirige la acción penal el 19 de mayo y concretada el 6 de agosto, en ambos casos aludiendo como justificación a los efectos del Covid. “Pero realmente lo que han hecho ha sido ejecutar los acuerdos de la segunda reestructuración, que son, esencialmente, llevar el valor de Abengoa a cero y poner en marcha el proceso para su liquidación”.

IC recuerda que el acreedor más beneficiado sería el Banco Santander y pone de manifiesto que si esta tercera reestructuración no se ha llevado a cabo es porque los accionistas minoritarios, al darse cuenta de este atropello reprobaron y destituyeron al consejo.