Empieza la Zona Franca de Sevilla y en Cádiz todos callados

Todo listo en la zona franca La valla de seguridad permite iniciar ya la captación de empresa. La previsión del Puerto es que se duplique el número de sociedades.

Cristina Díaz | Actualizado 01.09.2016 - 07:13

Dos operarios culminan los trabajos de adecuación de la zona franca una vez finalizadas las obras del vallado de seguridad.

Las obras de la carretera de la esclusa finalizarán en unas dos semanas.

"Habemus vallado. Ya tenemos zona franca". Rodeada de periodistas y micrófonos, la delegada de Relaciones Institucionales, Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño, anunció ayer la culminación de las obras del cerramiento exterior de la zona franca de Sevilla, la quinta de España. Las obras han finalizado dentro del plazo fijado por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, que concluyó ayer tras una prórroga de un año. La colocación de los 3.400 metros de valla era una de las condiciones "indispensables" para la entrada en funcionamiento de la zona franca. "El Ayuntamiento y el Puerto ya han cumplido su parte. Ahora, el servicio de Aduanas y el Ministerio de Hacienda deberán realizar las últimas tramitaciones administrativas para que comiencen a instalarse las empresas y éstas se puedan beneficiar de las ventajas fiscales", comentó Castreño. Entre ellas destaca la bonificación del 20% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), siempre que las empresas mantengan su plantilla. Las obras, con un presupuesto de un millón de euros, comenzaron en junio. En total, 827.947 euros se destinaron a la colocación de un vallado de seguridad de 1.620 metros, mientras que en la zona aún no urbanizada se ha diseñado una delimitación de 1.800 metros a través de una malla de simple torsión. También se han sustituido luminarias y se ha habilitado un acceso norte para los vehículos pesados. Varios operarios ultimaban ayer estos trabajos. "La zona franca tiene una extensión total de 72 hectáreas, y la mitad ya está cerrada", explicó Manuel Gracia, presidente de la Autoridad Portuaria, que ha cedido el suelo para la zona franca. "Conforme aumente la demanda, se construirá más vallado de seguridad". A mediados de septiembre también concluirán las obras de la carretera de la esclusa, según informó Manuel Gracia. Ésta "mejorará el tráfico en toda esta zona, especialmente el de actividades logísticas y al conjunto de empresas que se instalen en los astilleros". Castreño reconoció que el Ayuntamiento desconoce aún el número de compañías que se instalarán en este espacio. "Sí hemos recibido la visita de empresas que estaban interesadas en la zona franca, pero en aquel momento estábamos pendientes de si se pondría ésta en marca o no", explicó la delegada. "El vallado era la peor de las condiciones para ejecutar que marcaba el Real Decreto. No había suficiente tiempo". Manuel Gracia cree necesario "acometer un plan comercial" para captar empresas. No obstante, se mostró "seguro" de que en un plazo "no superior a un año" se habrá duplicado el número de empresas instaladas en la zona franca. Hasta el momento, en este espacio ya hay seis compañías: Sevitrade, Jannone, Hispalense de Líquidos, C.I.L. Torrecuéllar, Transformados Huévar y la Terminal Portuaria Esclusa. La ejecución del vallado no ha estado exenta de polémica. En enero de 2015, el entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido, y el ministro de Hacienda y Administración Pública en funciones, Cristóbal Montoro, firmaron la constitución del Consorcio de la Zona Franca de Sevilla. El objetivo era lograr un tráfico de mercancías superior a los 1,7 millones de toneladas anuales y una facturación anual de más de mil millones de euros. La orden ministerial emitida el 30 de agosto de 2013 para autorizar la constitución de la zona franca condicionaba su entrada en funcionamiento a la aprobación de los estatutos del consorcio gestor, del reglamento de régimen interior y de la contabilidad de existencias, así como a la ejecución de las obras de cierre del recinto. Esta orden, además, estipulaba un plazo máximo de dos años (agosto de 2015) para el cumplimiento de estos aspectos.