La Delegación municipal de Urbanismo, a través de su responsable, la concejala Ana González, ha realizado una valoración de la situación en la que se encuentra el actual proceso de regularización de viviendas y el acceso a los servicios básicos en determinadas zonas del extrarradio tras dos reuniones mantenidas con responsables y técnicos de la Junta de Andalucía para profundizar en los detalles del nuevo decreto aprobado el pasado mes de septiembre por la Administración regional, una nueva regulación dirigida a dar cobertura a determinados casos de viviendas irregulares.

De esta forma, el primero de estos encuentros tuvo lugar hace más de un mes con la delegada del Gobierno Andaluz en Cádiz, Ana Mestre, mientras que la segunda reunión se celebró la pasada semana y en la misma estuvieron presentes además de la delegada de Urbanismo y el alcalde, José María Román, técnicos municipales y de la Junta y representantes de la Administración regional en la provincia.

Tras estos dos encuentros, desde el equipo de gobierno, y en especial desde el área municipal de Urbanismo, se vuelve a concluir lo que ya se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones con anterioridad desde que se diera a conocer este nuevo Decreto de Viviendas Irregulares de la Junta, “que dicho documento es de escasa incidencia y aplicabilidad en Chiclana, donde ya existe un Plan General y una Ordenanza de Regularización que van por delante de la nueva regulación autonómica”, defienden los representantes municipales.

El Gobierno central exige una revisión del decreto al plantear un conflicto de competencias

En esta línea, Ana González incide en que “así nos lo han reconocido los propios técnicos de la Junta con los que nos hemos reunido en estos encuentros, los cuales argumentan que este nuevo decreto tiene su aplicación en casos determinados como pueden ser incluso municipios sin PGOU”.

En esta línea, la delegada de Urbanismo recordó que las actuales ordenanzas son el marco legal municipal por el que se rige el proceso de regularización en Chiclana y a través de ellas se llevan a cabo las tramitaciones correspondientes a instancia de parte, es decir, de los propietarios interesados en poner en marcha el proceso. Asimismo, destacó que desde su puesta en funcionamiento se han aprobado ya bajo este marco legal dos delimitaciones de ámbito, cinco estudios de detalle, dos proyectos de urbanización en su última fase de aprobación inicial (en la calle Aspérula y en Soto del Águila) y cinco licencias de segregación, aprobadas en la Junta de Gobierno del pasado martes.

De igual forma, González explica que el Decreto de Viviendas Irregulares de la Junta cuenta con tres marcos de aplicación como son el reconocimiento de AFO (Asimilado a Fuera de Ordenación) pero sólo en determinadas situaciones, la dotación de servicios básicos previa realización de planes especiales de infraestructuras que deben de costear los particulares o hacer una base de asentamientos que se incorporan al PGOU para luego dotarlo de servicios, “una casuística con escasa incidencia en Chiclana ya que la actual ordenanza resuelve estas situaciones de forma más favorable y amplia para los particulares y permite el acceso a los servicios sin necesidad de determinados requisitos recogidos en este decreto”, insiste la delegada de Urbanismo.

Por otra parte, desde el equipo de gobierno se apunta además que, como han recogido algunos medios hace unos días, el Gobierno central ha planteado un conflicto de competencias sobre determinadas partes de este decreto de la Junta, algo que podría suponer el paso previo a su derogación y que coloca a esta nueva regulación en periodo de cuarentena para su revisión.

Por todo ello, desde Urbanismo se reitera en la más amplia y pormenorizada regulación municipal respecto al decreto y se recalcan las manifestaciones realizadas ya en otras ocasiones defendiendo la ordenanza y su aplicabilidad en Chiclana frente a la norma autonómica, pese a lo que se ha apuntado en varias ocasiones por parte de los representantes del PP en la Junta y en la ciudad.