Provincia de Cádiz

La Junta prevé regularizar 45.000 viviendas ilegales en Cádiz con su nuevo decreto ley

  • El entorno de la Bahía y Jerez concentran la mayoría de ellas al sumar casi 17.000

La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en un acto en Cádiz. La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en un acto en Cádiz.

La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en un acto en Cádiz. / D. C.

La Junta prevé regularizar más de 45.000 viviendas con el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares aprobado este martes por el Consejo de Gobierno.

“Esta norma, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz, además de dar una respuesta clara a los dueños de estas edificaciones repartidas por toda la comunidad”, indicó este miércoles la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre

La mayor parte de las viviendas que se beneficiarán de la medida se encuentran en el área de la Bahía de Cádiz-Jerez, donde se recoge un total de 16.951, según los datos recabados por los servicios de inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. En la Janda se sitúan 6.841; 5.358 en la Bahía de Algeciras; 6.841 en la Costa Noroeste; y 14.078 en la Sierra.

Con este decreto ley “no se quiere dar una amnistía”, según incidió Mestre, que agregó que “se priorizará la actuación inspectora y sancionadora, pero al mismo tiempo se da una respuesta a la problemática actual sustentándose la norma en tres pilares”.

Primero, se va a ampliar la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO) que permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento. Seguidamente, se obligará que figuren en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrían que desarrollar un plan especial o parcial para cada uno de los asentamientos.

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